A través de una carta, los presidentes de todos los partidos de oposición -a excepción de la Democracia Cristiana- expresaron su rechazo al proyecto de ley que reforma a Fonasa que presentó esta mañana el presidente Sebastián Piñera.

Los firmantes rechazan, en primer término, la "agenda privatizadora en salud del gobierno". Al respecto, aseguran que "el gobierno presenta una propuesta de reforma que va en contra de lo levantado con el movimiento social. Detrás del nombre 'Plan Universal de Salud' hay intencionalidad de profundizar las lógicas del Estado Subsidiario y una defensa irrestricta al mercado en la salud. Este proyecto cuida el negocio de las isapres y busca entregar nuevos clientes a las clínicas privadas, horadando la obligación por ley que tiene Fonasa de utilizar y financiar a la red pública. Las consecuencias de este 'Plan', implicaría perpetuar la segmentación por ingresos en el sistema de salud, acelerar el desmantelamiento de la red pública de salud, fortalecer el mercado y empeorar los beneficios que actualmente tienen los afiliados de Fonasa, dado que este será un 'Plan' mínimo, alejándonos de una cobertura universal de salud.

También piden que la salud sea considerada como derecho constitucional. "En el proceso constituyente que se aproxima, debemos establecer que todas las personas tienen el derecho de vivir con condiciones de calidad de vida y ambientales que propicien la salud y un sistema público que la resguarde, garantizando la promoción de la salud y el acceso al cuidado preventivo, curativo, y de rehabilitación accediendo según necesidad, sin importar la capacidad de pago. Que siendo un sistema universal, éste debe resguardar y respetar los derechos de la diversidad cultural, sexual, o de las necesidades especiales de cualquier otro grupo, asegurando una participación social directa en su gobernanza en todos los niveles. Como Partidos nos comprometemos a facilitar e impulsar la participación del mundo social en el proceso constitucional que se avecina, así como los contenidos que se busquen introducir por el mundo social en materia del derecho a la salud".

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En este sentido, "propondremos un proyecto de ley para reunir aportes fiscales y cotizaciones obligatorias en un fondo único solidario, que avance en alcanzar al menos 6% del PIB de inversión pública en el corto plazo (8% en mediano plazo); con un administrador único público, que asegure cobertura universal y acceso oportuno a redes públicas organizadas, de calidad, integradas y basadas en la Atención Primaria (esto se podrá llamar fondo único o seguro nacional de salud). Así también, asegurando acceso a medicamentos a muy bajo costo y gratuitos en los puntos de atención. Con esto, las isapres dejarán de administrar y lucrar con los fondos de la seguridad social, transformándose en seguros complementarios regulados, financiados sólo con aportes voluntarios de personas que buscan otras condiciones de hotelería o prestaciones de menor relevancia sanitaria. Se asegurará una transición justa para actuales afiliados a isapre".

Mediante un trabajo con organizaciones sociales, afirman, "se requiere reformar la atención primaria para que esté a cargo de un territorio, de toda la población que lo habita y de las condiciones de vida. Se deben reformular sus responsabilidades para realizar acciones integrales, individuales y comunitarias, que previenen y resuelven lo urgente, lo más frecuente y lo más grave (desde riesgos medioambientales, sociales y laborales hasta consecuencias como la obesidad, cardiovascular, cáncer, salud mental, abuso de drogas, discapacidad, salud bucal, dolor crónico, y otras prioridades) de la infancia hasta los adultos mayores. Así también, lograr una estrecha coordinación con hospitales y otros sectores, como educación, deporte, vivienda y trabajo, garantizando una participación efectiva de las comunidades, asegurando un financiamiento al primer nivel de atención que sea de al menos un tercio del financiamiento global ($10.000 per cápita basal en 2020)".

"Se requieren también reformas urgentes para aumentar, retener y estimular al personal sanitario público, mejorando la formación, condiciones de trabajo y desarrollo para satisfacer las necesidades de la población; además de planes de inversión y gestión destinados a resolver en corto plazo las largas listas de espera. Esta y otras medidas permitirán eliminar los negocios de la salud pública, evitando ineficiencias y confundir el interés del paciente con el interés del lucro", aseguran.

"Estas reformas, que esperamos construir en conjunto con las organizaciones sociales de la salud, serán parte de una transformación mayor del Estado en medio de este proceso constituyente para otorgar dignidad, mejorar la calidad de vida, terminar con la odiosa separación de sub-sistemas para chilenos de primera y segunda clase, y fomentar el desarrollo pleno de todas las personas, familias y comunidades", cierra la nota.

Los firmantes

Heraldo Muñoz (Partido por la Democracia),

Álvaro Elizalde (Partido Socialista),

Catalina Pérez (Partido Revolución Democrática),

Camilo Lagos (Partido Progresistas), Guillermo Teillier (Partido Comunista),

Carlos Maldonado (Partido Radical de Chile),

‎Gael Yeomans (Partido Convergencia Social)

Javiera Toro (Partido Comunes)

Catalina Valenzuela (Partido Humanista).

La opinión del interpelador

Por su parte, el diputado Miguel Crispi (RD) -quien interpelará este miércoles al ministro de Salud Jaime Mañalich- expresó que "como país tenemos la necesidad de una reforma profunda a nuestro sistema de salud, que acabe con la salud dividida entre ricos y pobres, que por décadas ha profundizado las desigualdades y el descontento en el país. La ciudadanía nos pide una reforma profunda, para tener un sistema de salud digno. En ese sentido, creo que la propuesta del Gobierno es otro maquillaje, que mantiene la lógica del sistema y que cuida el negocio de las isapre y las clínicas".

En la misma línea, Cripi agregó que en el proyecto "hay temas que indiscutiblemente son importantes para la ciudadanía. Hay personas hoy que necesitan una cirugía, que no está en las 85 enfermedades del GES, y este proyecto les darían un plazo máximo para realizarse esa cirugía. Eso es un avance importantísimo. Sin embargo, nos parece que la noción que hay detrás de este proyecto de ley es que el problema lo vamos a resolver privatizando la salud. Este proyecto dice que vamos a derivar, a convertir a Fonasa en un ente que asegura, pero asegura derivando, sin hablar de cómo vamos a fortalecer la red pública. Francamente nos preocupa mucho", remarcó.

Por otro lado, dijo que "hoy existe un acuerdo transversal entre gremios, colegios profesionales, agrupaciones de usuarios, pacientes, cuidadores y los 9 partidos de oposición, detrás de un Seguro Nacional de Salud para Chile, que ponga fin de una vez por todas este sistema de salud para ricos y para pobres. Como oposición creemos que hay que ir más allá, y que lo que la ciudadanía pide es una reforma estructural al sistema".

Por último, ante el llamado del Presidente Piñera a aprobar "pronto" el proyecto, Crispi manifestó que "en la Comisión de Salud estamos disponibles a trabajar con toda la prontitud posible, pero para proyectos de ley que favorezcan a la mayoría, a las personas, no a las isapre ni a las clínicas privadas".