La Comisión de Constitución del Senado continuó este martes la revisión y discusión del proyecto que propone un indulto general a detenidos en el marco del estallido social, iniciativa que se encuentra en su primer trámite constitucional.

En la sesión anterior, la instancia había acordado solicitar antecedentes a distintas entidades para conocer el universo de personas que se verían beneficiadas si se aprueba el proyecto. En ese marco, esta mañana participaron de forma telemática el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el defensor nacional (s), Marco Montero.

“Si bien este proyecto apunta a un grupo específico de personas sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva (...), creemos que esta iniciativa visibiliza una temática muy preocupante, a juicio de nuestra institución, que tiene que ver con el uso en general excesivo de la prisión preventiva”, comenzó Montero en su intervención.

Luego, se detallaron cifras de la Defensoría Penal Pública: entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020 -indicaron en la sesión-, se ingresaron 39.904 causas asociadas a 44.525 delitos de interés (establecidos en el proyecto). De ellas -con datos hasta el 4 de julio de este año- 1.091 seguían vigentes.

Desde la institución señalaron que de ese total, 4.075 causas contaron con el decreto de prisión preventiva o internación provisoria. Y al 4 de julio de 2021, habían 452 causas con medida cautelar vigente y otras siete causas asociadas a internación provisional. Además, de las 38 mil causas ya terminadas -precisaron en la instancia- 3.863 tuvieron condenas, 794 de ellas con penas privativas o restrictivas.

Sin embargo, Montero recalcó en varias oportunidades que estas cifras podrían “tener relación directa con situaciones vinculables al estallido social, pero pudiera ser que eventualmente nos encontráramos, por ejemplo, con un delito por daño simple que no necesariamente esté vinculado a un hecho del estallido social”.

Montero también apuntó a que hay “consideraciones técnicas” del proyecto que “nos preocupan” y que, en su opinión, deberían mejorarse en el texto. “Hay un aspecto que nos preocupa, que tiene que ver con ciertos conceptos que son indeterminados, muy abiertos, y que traería como consecuencia una dificultad en su aplicación” en tribunales. Esto, advirtió, podría generar “disparidad en la aplicación de la norma”.

Por su parte, el fiscal Abbott aseguró que “nosotros hemos manifestado nuestra opinión en general de las inconveniencias del avance de este proyecto de ley en los términos que está referido, estimamos que normalizar la violencia es un problema para la convivencia futura (...). Hemos sí establecido que es probable suponer que dada la condición y situación que vivimos en el país, pueda ser posible alguna amnistía en relación a delitos como desórdenes públicos, que no producen daños a terceros”.

También secundó el punto del defensor nacional y aseguró que la “indeterminación” de conceptos dificulta definir el universo de las personas que eventualmente podrían ser indultadas. “(El proyecto) tiene conceptos absolutamente indeterminados que hacen imposible establecer con claridad cuáles son las personas que se encuentran en esta situación”, manifestó.

Abbott reforzó que “a raíz de la indeterminación de los conceptos que establece este proyecto, se nos hace imposible entregar una información exacta” y que, por lo tanto, dichos conceptos “deben discutirse”.

Consultado luego por el estándar para acreditar las circunstancias que ameriten aplicar el eventual indulto, respondió que “nos parece que es un estándar que no dice relación con nuestro sistema procesal-penal. Es decir, un antecedente meramente indiciario, absolutamente indirecto, que pueda llevar a eximir de responsabilidad penal de hechos graves, nos parece que es un estándar inaceptable, porque el beneficio no dice relación con la prueba necesaria para poder acreditar que efectivamente la persona se encontraba en la situación que el proyecto de ley establece”.

Cabe recordar que esta iniciativa -originada en una moción de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y Alejandro Navarro (PRO)- ya fue respalda en las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad de la Cámara Alta.

La discusión se desarrolló luego de que la Convención Constitucional aprobara una declaración -el pasado 8 de julio- sobre los detenidos en las manifestaciones del 18/O, demandando “máxima celeridad” a la tramitación de la iniciativa. En dicho texto también se solicita abarcar a los presos por el conflicto de La Araucanía desde el 2001.

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