Buscan eliminar exclusividad del Servel en delitos electorales

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Fachada del Servel,

Iniciativa -respaldada por diputados de oposición y Evópoli- pretende, además, aumentar plazos de prescripción de esos ilícitos.


Un grupo transversal de diputados ingresó este jueves, en la última jornada del período legislativo, un proyecto para modificar la actual Ley Orgánica Constitucional (LOC) sobre transparencia, límite y control de gasto electoral.

La iniciativa -que cuenta con el respaldo de las bancadas de la oposición y del jefe de los diputados de Evópoli, Luciano Cruz-Coke- busca eliminar de la normativa -aprobada en 2016- la exclusividad que tiene el Servel: es decir, la necesidad de que exista una querella o denuncia de ese organismo para que el Ministerio Público pueda avanzar en las distintas etapas procesales ante un eventual ilícito en financiamiento y rendición de gasto.

Así, el texto propone eliminar el actual inciso primero del artículo 32 de la LOC, que establece que "las investigaciones de los delitos descritos solo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio Electoral".

El autor del texto, diputado Fidel Espinoza (PS), aseguró que "como todos sabemos, en el país operan verdaderas mafias que han cooptado también a actores del mundo privado y público, inclusive a parlamentarios que hasta hoy están siendo investigados". Y agregó que "lo que queremos con este proyecto es que nunca más exista la posibilidad de que el Ministerio Público no pueda investigar delitos de corrupción electoral".

La presentación de la iniciativa se da justo luego de que el Servel, a través de un oficio enviado a la Fiscalía Oriente, desestimara la configuración de delitos electorales en el marco del caso tragamonedas, en el que el Ministerio Público indaga, entre otros ilícitos, un posible financiamiento ilegal de campañas políticas. "Lo que vemos es un Servel que está obstaculizando las investigaciones judiciales", advirtió el diputado Leonardo Soto (PS).

Asimismo, el proyecto pretende ampliar el plazo de prescripción de estos ilícitos, pasando de dos a cinco años, y, adicionalmente, que ese plazo se contabilice desde la fecha de rendición de gastos ante el Servel, y no desde la comisión del ilícito, como ocurre actualmente.

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