Comisión DD.HH. del Senado recibe invitados en marco de discusión de proyecto de indulto a presos del estallido social

Durante la tarde este lunes, la comisión de Derechos Humanos del Senado, continuó la discusión del proyecto de ley que concede un indulto general por razones humanitarias a las personas detenidas en el contexto del estallido social.

Como suele suceder, la instancia -presidida por el senador Juan Ignacio Latorre- tuvo invitados que expusieron diferentes posturas ante los legisladores. En este caso, acudieron la directora de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer; Pilar Hazbún, coordinadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo; el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis; y el padre de un joven detenido en las protestas.

Por su lado, Piquer cuestionó el actuar del poder judicial en estos casos. “¿Cómo puedes separar lo que corresponde al estallido social de lo que no?“, además de que el momento del corte temporal es importante para ver quiénes son los que resultaron

“Es tan dispersa la información que es muy difícil llegar a hacer un panorama preciso y eso es parte del problema, y debiéramos poder tener esa información”, dijo Piquer, y que el delito de desórdenes públicos “es extremadamente amplio” y que es contradictorio con el derecho de la libertad de expresión.

Además, Piquer señaló que hay “criterios poco claros” del gobierno para presentar querellas por Ley de seguridad interior del Estado y citó las marchas por el Rechazo donde hubo incidentes, las amenazas a la fiscal Chong, o el paro de camioneros. “No hay un criterio estándar claro para la ciudadanía, no hay como saber si estas cometiendo un delito o no”. Asimismo, afirmó que han habido vulneraciones al debido proceso.

“Hay que asegurar que nadie esté preso por protestar y que estén expuestos a un juicio justo”, concluyó.

Por su lado, Pilar Hazbún, señaló que esto infringe el principio de igualdad ante la ley, y atenta contra la separación de poderes, “se estaría desconociendo la independencia del Poder Judicial”.

Además, indicó que esta iniciativa relativizaría la violencia. “La fundamentación es preocupante porque si bien se reconoce la ocurrencia de delitos, se omite toda forma de condena moral a los mismos, por lo que se legitima el uso de la fuerza y otras medidas ilegítimas de presión”. Esto, según dijo, por la gravedad de los delitos involucrados: delitos de incendio con resultado de muerte, homicidio frustrado, delitos contra el control de armas y de maltrato a Carabineros. Asimismo, criticó la medida porque “concede un beneficio arbitrario” a un grupo determinado, discriminando a otros presos.

Álvaro Ramis, apuntó a la represión que el Estado aplicó a las protestas sociales. “Se convirtió a manifestantes en presuntos delincuentes” y que a su juicio hay argumentos para considerar a los presos por el estallido social como presos políticos. Además, señaló que el gobierno ha tenido una actitud antigarantista.

Finalmente, Jorge Ulloa, padre de Diego Ulloa, un joven acusado de desórdenes públicos y de porte de elementos incendiarios, acusó varias irregularidades en el proceso que enfrenta su hijo, en prisión preventiva, y acusa un montaje por parte de carabineros.