Consulta ciudadana por política de comercio exterior: canciller Urrejola dice que será “acotada” y que “no es sobre los tratados de libre comercio en particular”

Minutos antes de las 10.45, en Teatinos 180, se concretó un encuentro entre la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y el Consejo de ex Cancilleres.

¿El motivo? Abordar temas de política exterior. Específicamente, la disputa entre Chile y Bolivia por el uso de las aguas del río Silala y los alegatos orales que se llevaron a cabo entre el 1 y 14 de abril ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya; y también el Acuerdo de Escazú aprobado esta semana, en primer trámite, en la Cámara de Diputados.

La reunión se extendió por casi una hora y contó con la presencia de las exautoridades de la cartera Heraldo Muñoz, Teodoro Ribera Neumann, José Miguel Insulza, Juan Gabriel Valdés, Mariano Fernández, Carlos Figueroa y Hernán Felipe Errázuriz; y la actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes.

“La política exterior de Chile es una política de Estado, y desde es perspectiva tener estas reuniones periódicas es muy portante para la Cancillería poder escuchar al experiencia de los distintos excancilleres que han estado ocupando este cargo en el pasado”, expresó Urrejola tras concluido el encuentro.

Y si bien la convocatoria fue para abordar temas relacionados a la política exterior, la ministra de Relaciones Exteriores reveló que la consulta ciudadana -adelantada por La Tercera y a cargo de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales liderada por José Miguel Ahumada-, también estuvo sobre la mesa.

La iniciativa busca recoger las percepciones de la sociedad civil y el mundo empresarial para delinear y legitimar la estrategia de comercio exterior que impulsará el gobierno del Presidente Gabriel Boric. La idea, en concreto, es desplegar el proceso participativo entre agosto y octubre de este año.

Sin embargo, la noticia causó una serie de cuestionamientos e inquietudes en el mundo político, particularmente entre excancilleres, parlamentarios y expertos en la materia. De hecho, el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores debió salir al paso de las dudas para aclarar que la consulta ciudadana “no será vinculante”.

“Yo reiteré lo que sacamos en el comunicado el día de ayer, donde explicamos cuáles son los alcances de esta consulta, que no son sobre los tratados de libre comercio, no es una consulta vinculante y es respecto de los grandes empresarios, las pymes y las organizaciones de la sociedad civil”, precisó al respecto la canciller, tras la reunión de hoy.

“Quiero insistir: consulta acotada que tiene por objeto ser un insumo para determinar los principales ejes de la política exterior”, agregó, y enfatizó en que “no es sobre los tratados de libre comercio en particular”.

A juicio de exautoridades y expertos, el proceso participativo podría generar mayores incertezas ante socios estratégicos. Ante esa advertencia, la ministra de Relaciones Exteriores expresó que “no entiendo por qué va a agregar mayor incertidumbre escuchar a los empresarios, a las pymes y a organizaciones de la sociedad civil”.

“Hay un conjunto de tema que nos obligan a escuchar a los principales stakeholders para ver cuáles deben ser los principales ejes de la política exterior y responder a las brechas”, señaló, agregando que “quiero insistir que esta es una consulta general sobre la política de comercio exterior, sobre los principales lineamientos y va a ser un insumo frente a muchos otros para determinar una mirada a futuro”.

Asimismo, señaló que durante el encuentro los exministros de RR.EE. señalaron su propia experiencia en materia de participación ciudadana, “respecto a los distintos tratados de libre comercio que se subscribieron” mientras ejercían el cargo, “y yo simplemente expliqué los principales ejes de esta consulta”.

Tras ser visado el martes en la Cámara por 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, el proyecto que aprueba el acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe ahora deberá ser revisado en el Senado.

Según indicó la ministra de Relaciones Exteriores, se revisará la próxima semana en la Cámara Alta y uno de sus objetivos es ratificar la institucionalidad ambiental que actualmente rige en el país. La que si bien a juicio de la canciller es “bastante fuerte”, asegura que “hay algunos puntos que tenemos que fortalecer, como son los temas de participación ciudadana”.

Además, precisó que se debe trabajar en una institucionalidad de “alerta temprana y defensora a protectores ambientales”, ya que “eso no lo tenemos, como sí lo tienen muchos países de la región”.