La Contraloría realizó una auditoría al programa Plan Nacional contra el Narcotráfico, ejecutado por Carabineros, entre 2016 y 2017. El informe de la entidad fiscalizadora, del 12 de septiembre pasado, detectó presuntas irregularidades en relación con la ejecución de la iniciativa, que buscaba mejorar la capacidad del país en reducir la distribución y disponibilidad de drogas entre 2014 y 2020.

Entre ellas, mencionó que Carabineros no hizo uso de más de $ 1.600 millones destinados a este plan y no devolvió el dinero al Fisco. "La Subsecretaría del Interior transfirió recursos a Carabineros para la ejecución del Plan Nacional contra el Narcotráfico, mediante los decretos exentos de 2016 y 2017 por $ 2.982 millones, constatándose a diciembre de 2018, que el organismo policial no había utilizado el monto de $ 1.620 millones, advirtiéndose que al 9 de septiembre de 2019 no se habían efectuado los reintegros correspondientes", dice el documento.

Así, Contraloría determinó que la policía uniformada "deberá ingresar a Rentas Generales de la Nación los fondos transferidos y no ejecutados de los años 2016 y 2017 (...) debiendo dar cuenta de ello dentro del plazo de 30 días hábiles, desde la recepción de este informe".

Sobre eso, Carabineros respondió a la Contraloría que "la entidad policial dispuso de un período de cuatro meses para ejecutar los recursos del mencionado plan". Y añadió que "la baja ejecución de recursos al 31 de diciembre de ese año en cuestión (2017), es producto de las exigencias legales y normativas que rigen la plataforma del Mercado Público, los procesos administrativos y las externalidades propias que generan los procesos de adquisición, señalando como ejemplo 'los plazos de entrega por parte de los proveedores'".

Asimismo, según el organismo fiscalizador, se verificó que la Subsecretaría del Interior, si bien cuenta con indicadores para medir la cantidad de droga incautada, no fijó parámetros para comprobar el grado de cumplimiento de las líneas de acción detalladas en el plan y tampoco indicó a los responsables de coordinar las tareas correspondientes a la implementación de cada una.

También consigna que tras un análisis realizado por las actuales autoridades de la División de Seguridad Pública, se decidió "reemplazar el Plan Nacional contra el Narcotráfico por el Plan Frontera Segura".