Convención tuvo agitada jornada por “guerra” de declaraciones contra la violencia

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18 DE NOVIEMBRE DE 2020/VALPARAISO Vista general de la sesion del Senado, citada para discutir el proyecto que reserva escaños para los pueblos originarios en la Convencion Constitucional para escribir una nueva Constitucion. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

En primera instancia se rechazó documento propuesto por constituyentes oficialistas, el cual condenaba todo tipo de agresión como “forma de expresión política”. Finalmente, ya entrada la tarde, se aprobó un texto apoyado por constituyentes opositores, que abrió el abanico y sumó otras circunstancias a censurar, como la violencia del Estado contra los DD.HH., la delincuencia, el narcotráfico y la violencia de género.




Por 55 votos en contra, 44 a favor y 43 abstenciones, esta tarde el pleno de la Convención Constitucional rechazó una declaración presentada en octubre pasado por un grupo de 20 convencionales oficialistas que buscaba que el órgano encargado de elaborar la nueva Carta Magna condenara “todo tipo de violencia como forma de expresión política”.

El grupo encabezado por Carol Bown (UDI), exsubsecretaria de Carabineros y de la Niñez durante el gobierno de Sebastián Piñera; y que incluía además, entre otros, a Harry Jürgensen (RN), exintendente de la Región de Los Lagos, y Arturo Zúñiga (UDI), exsubsecretario de Redes Asistenciales, pedía atender los “hechos de violencia” generados a partir del estallido social del 18-O, “y las graves consecuencias que esta ha producido en las últimas semanas”.

Ante esto, solicitaron someter a votación la declaración que señalaba: “Vivir en un Estado de Derecho, esencialmente democrático, nos obliga a expresar nuestras opiniones y creencias de forma pacífica, con pleno respeto de los derechos de quienes integran nuestra comunidad, de manera tal que debe excluirse toda acción violenta, esencialmente ilegítima, como mecanismo válido de expresión de dichas ideas”.

“En razón de lo anterior, esta Convención Constitucional condena todo tipo de violencia como forma de expresión política”, agregaba la moción.

En el texto, los firmantes señalaban que “forma parte de nuestro deber realizar declaraciones cuando éstas se encuentren dirigidas a promover la paz social, lo que constituye un pilar fundamental de la vida democrática”. Además, solicitaron someter a votación que la Convención emita un comunicado con el contenido citado.

El rechazo a esta propuesta provino mayoritariamente de convencionales de la ex Lista del Pueblo, de Apruebo Dignidad, de escaños reservados y del actual Nuevo Pacto Social, mientras que las abstenciones fueron parte de constituyentes del Frente Amplio, del Colectivo Socialistas y los Independientes No Neutrales (INN).

Discusión

Durante la sesión de este miércoles, uno de los firmantes de la iniciativa, Harry Jürgensen (RN), señaló que “queremos construir una casa de todos, pero es lamentable que haya convencionales que no estén dispuestos a reconocer el noble propósito de nuestra declaración, que no es otro que encontrar en la Convención un mensaje simple y de unidad y en contra de la violencia”.

En este sentido, criticó que “se intente desfigurar el sentido de nuestra propuesta con otra declaración presentada un mes después, que contiene afirmaciones inexactas y no evidenciadas. Incluso se podría interpretar que justifican ciertas violencias en ciertas ocasiones”, agregó.

Por su parte, Bessy Gallardo, de la Lista del Apruebo, rechazó la declaración, tras no compartir los alcances de la declaración oficialista.

“Decir que hay grupos terroristas, que hay encapuchados, que se cometen delitos, sin juicio previo es una violación a los DD.HH. Debo recordarles que somos agentes del Estado y estamos llamados al respeto irrestricto a estos derechos. Por favor, permitamos que las investigaciones continúen, presumamos la inocencia y así como hablamos de condenar ciertos tipos de violencia, condenemos toda la violencia, incluyendo aquella que culpa a las personas que aún no han sido sometidas a juicio”, manifestó la convencional por el distrito 8.

A su turno, el exubsecretario Arturo Zúñiga destacó la necesidad de aprobar la declaración, al señalar que “lo que ocurrió el 15 de noviembre (la firma del Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución), a pesar de lo que algunos creen, es un rechazo a la violencia extrema del 18-O. (...) El estallido se acabó y el diálogo ganó, con reglas claras a través de esta Convención”.

En tanto, Marcos Barraza, del PC, retrucó señalando que “la violencia no se combate ni se extingue con declaraciones manipuladoras, tendenciosas, parciales, sesgadas y además orientadas a instrumentalizar a la Convención para fines electorales”.

Por su parte, Patricio Fernández, de la Lista del Apruebo, lamentó lo que calificó como “una competencia” al interior de la Convención para ver “cuál es el verdadero violento”.

“Acá se han mencionado muchísimas versiones de la violencia y todas ellas son correctas. Nuestra tarea como convencionales no es demostrarle al del frente que es más violento que uno, sino construir en conjunto una nueva versión de paz”, destacó.

Declaraciones enfrentadas

El documento presentado por los 20 constituyentes oficialistas había sido ingresado a mediados de octubre, ante la cual, con fecha 10 de noviembre, 49 convencionales pertenecientes a distintos colectivos solicitaron someter también a votación otra declaración, que planteaba de forma distinta cómo abordar el tema.

“La violencia no es el camino para la superar la crisis política y social”, dice el escrito, que nació desde Independientes No Neutrales, y que fue sometida a discusión luego del rechazo al documento escrito por los ex Vamos por Chile.

“Limitarse a condenar la violencia no es suficiente ni responsable. Es reducir el problema y utilizarlo de manera demagógica. Sin validarla ni justificarla, es indispensable añadir a lo anterior el análisis sobre sus orígenes”, agrega. En ese contexto, invitan “a todos los actores políticos y sociales a comprometerse con el proceso constituyente y así avanzar más allá de condenas y declaraciones abstractas”.

Durante la discusión, una de los autores de la iniciativa, Patricia Politzer (INN), calificó como “insuficiente” la propuesta oficialista. “Como sociedad somos víctimas de múltiples formas de violencia: la delincuencia y el narcotráfico, la violencia estatal presentada en graves violaciones a los DD.HH., certificadas por diferentes organismos responsables, la violencia como método de acción política, las diversas formas de violencia estructural que afectan a los pueblos originarios, las disidencias sexo-genéricas, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, entre otras muchas formas”.

“No podemos acostumbrarnos a la violencia, y tampoco podemos ignorar sus formas solapadas y menos brutales, como si no fueran graves. Resulta peligroso que solo nos perturbe la violencia cuando genera destrucción y muerte”, agregó.

“Cremos que es tareas de todos y todas evitar que este fenómeno escale a un punto sin retorno. La condena a la violencia debe ser seria y asumir todas sus manifestaciones”, sostuvo Politzer.

En el mismo tenor, Fernando Atria, convencional por el distrito 10, señaló que “por cierto que rechazamos la violencia, por cierto lo que ellos (los constituyentes oficialistas) llaman la violencia como forma de expresión política y también la violencia de agentes del Estado que actuaron violando DD.HH. y la violencia dirigida contra los pueblos originarios, las mujeres, los niños niñas y adolescentes y otras formas de violencia que para ellos son invisibles porque no pueden ser aprovechadas”.

Luciano Silva, de RN, indicó a sus pares que “estamos jugando sobre un límite muy peligroso. La prueba es que la violencia del 18-O no pudo ser superada. ¿Pero cuáles señales dieron algunos convencionales en televisión? Validar ideológicamente el 18-O a pesar de la críticas”.

“¿Cuál es el problema de condenar saqueos, robos y amenazas a ciudadanos comunes y corrientes?”, se preguntó.

En este sentido, hizo un llamado a los constituyentes: “No compitamos por la supremacía moral para definir qué violencia se debe condenar o cuál es más o menos violencia. Hagamos un gesto de unidad, de generosidad y de aquí en adelante firmemos cualquier carta que condene la violencia”, destacó.

Finalmente, esta última declaración fue aprobada por 89 votos a favor, 20 en contra y 19 abstenciones. La negativa provino especialmente de la ex Lista del Pueblo, además de votos de constituyentes oficialistas y de escaños reservados.

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