La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado sesionó este miércoles para escuchar las exposiciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, y del fiscal nacional, Ángel Valencia, sobre el proyecto de reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial, especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, al interior del Ministerio Público.

En las gráficas que sustentaron su exposición, Valencia expuso que el Ministerio Público es una institución autónoma, cuya orgánica y funcionamiento se basan en una lógica territorial y desde la instalación de la Reforma Procesal Penal se ha reconocido la necesidad de abordar los fenómenos criminales en función de su contexto situacional.

“Aunque en la mayoría de los casos esto sigue siendo válido, también es importante reconocer que la naturaleza de algunos fenómenos criminales ha evolucionado en los últimos años, observándose la presencia de crimen organizado que se extiende en varias regiones de país y de nuevos mercados delictuales que aparecen como dinámicos y no anclados en un solo territorio”, señala la exposición de Valencia ante los senadores, precisando que atendido aquello, “resulta necesario avanzar en lógicas investigativas que superen el trabajo limitado” a determinadas zonas.

“En los últimos cinco años la criminalidad organizada en Chile ha cambiado drásticamente, como sabemos. Se ha incrementado la presencia de organizaciones extranjeras con pretensiones de control territorial en sectores del país donde no teníamos esa situación. Hoy día tenemos problemas en la comuna de Santiago que no tienen precedentes en nuestra historia, tenemos un problema en la comuna de Los Ángeles en la Región del Biobío, que no tenía precedentes en nuestra historia y no es necesario abundar en los problemas que se enfrentan hoy día en la ciudad de Iquique, se enfrentan en Alto Hospicio o los problemas que hay en Arica”, señaló el fiscal nacional.

“Estas expectativas de control territorial los lleva a ejercer violencia en esos lugares y además realizar actividades que los constituyen en una suerte de parásitos o depredadores de la economía local”, indicó, explicando que en el sur hay relación con el robo de la madera y en el norte el control de actividades ilícitas como el tráfico de migrantes.

La autoridad precisó que estos grupos utilizan la violencia para “someter a la competencia, para eliminarla o imponer sus reglas”, en las zonas en las que operan.

El jefe del Ministerio Público explicó que “considerando la forma como se había extendido en el país“ el Tren de Aragua, se debió cambiar el enfoque de la investigación contra ese grupo internacional venezolano.

También enumeró investigaciones que se realizan a grupos como Los Gallegos -el brazo operativo del Tren de Aragua en el que operaba en el norte- Los Pulpos, Los Espartanos, La Banda de Los Chota, La Banda de Los Valencianos y Bang de Fujian, una organización mafiosa china asentada en la zona sur de Santiago.

Respecto a la seguridad de los fiscales, planteó que deben ser equipos investigativos los que desarrollen la persecución de este tipo de bandas, considerando que al concentrarse en solo una persona una indagatoria, ese fiscal corre el riesgo de que las organizaciones criminales busquen eliminarlo, una acción que se dificulta para el grupo criminal cuando son varios los objetivos.

Valencia expuso que resulta ineficiente un modelo de organización y acción que enfrente la criminalidad organizada de modo fragmentario. El carácter multiterritorial y transnacional de las organizaciones criminales, el hecho de que éstas miren a controlar parcelas de territorio que se extienden por varias regiones, requiere capacidad para descubrir y neutralizar la estructura de la organización, sus articulaciones, los canales de reinversión de los activos ilícitos y las relaciones con la economía, planteó, añadiendo que para estos casos la dirección de la investigación penal por una fiscalía con competencia nacional o la coordinación operativa de las investigaciones de distintas fiscalías regionales “resulta ser la carta de triunfo”.

En esa línea, el mandamás del órgano persecutor sostuvo que la Fiscalía Supraterritorial debe tener la capacidad de investigar por sí misma fenómenos delictivos de criminalidad organizada o delitos complejos, brindar soporte y apoyo operativo a la actividad de investigación realizada por una o más fiscalías regionales, gestionar y coordinar un modelo de levantamiento, almacenamiento y manejo de la información sobre organizaciones o bandas criminales y sus negocios ilícitos, que permita optimizar la persecución nacional y promover operativamente las relaciones internacionales necesarias para la persecución de la criminalidad organizada.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, y el fiscal nacional Ángel Valencia conversan con la senadora Luz Eliana Ebensperger. Foto: Pablo Ovalle / Agencia Uno.