Diputados DC buscan sancionar negacionismo internacional

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Diputados de la bancada DC en octubre pasado en el Congreso. Foto: ATON/Archivo

Pretenden reponer una indicación que sancione la apología de crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en Chile como en el extranjero.


Con la votación del 19 de diciembre en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, cambió por completo el eje del proyecto de ley que busca tipificar el delito de incitación a la violencia.

En esa jornada, la instancia parlamentaria aprobó el texto con un extra: la indicación que incluyó la presidenta de la comisión, la diputada Carmen Hertz (PC), para sancionar hasta con penas de cárcel a quienes justifiquen, aprueben o nieguen las violaciones a los DD.HH. ocurridas durante el régimen militar en Chile y acreditadas por instancias formales del Estado, como las comisiones Rettig y Valech. De esa forma, la sanción al negacionismo de los crímenes de lesa humanidad pasó a ser lo central en el debate legislativo en torno al proyecto.

En ese contexto, quedó afuera una enmienda promovida por parlamentarios DC y el diputado Diego Schalper (RN), descartada por inconstitucionalidad: aquella que ampliaba las sanciones a quienes justifiquen delitos similares ocurridos en el extranjero y que hayan sido condenados por organismos internacionales. La misma que ahora un grupo de diputados DC, encabezados por Miguel Ángel Calisto, busca reponer.

"En materia de DD.HH. no se puede tener doble discurso; por ende, si sancionamos aquellos que justifican, niegan y promueven crímenes de lesa humanidad como los ocurridos con Pinochet, quienes lo hacen en estos tiempos con Nicolás Maduro en Venezuela o la dictadura cubana, deben tener las mismas penas. Ninguna dictadura es buena. También la libertad de expresión tiene límites y esos son los DD.HH.", señaló Calisto.

La intención del diputado DC es reunir firmas y obtener el apoyo suficiente para reponer la indicación cuando el proyecto pase a la sala para su votación. En todo caso, la bancada DC no ha discutido aún de manera formal la materia, por lo que todavía no existe consenso ni una posición oficial, aunque ya han surgido voces que apoyan la iniciativa.

"Simpatizo con esta indicación porque, si finalmente se determina que hay que sancionar tanto la incitación al odio como el negacionismo respecto de violaciones a los derechos humanos, debiera alcanzar esa sanción a todos los crímenes de lesa humanidad que de manera objetiva hayan sancionado organismos internacionales como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cualquiera sea el color político del dictador", puntualizó el diputado y jefe de bancada DC, Matías Walker.

Desde Chile Vamos han rechazado el proyecto, ya que consideran que las sanciones propuestas limitarían el derecho a la libertad de expresión, opinión e información consagrado en la Constitución.

También el exsenador DC Ignacio Walker se ha manifestado en contra. En su cuenta de Twitter escribió: "Las ideas se combaten con ideas. El 'negacionismo' nos dice que las ideas (o las opiniones) se combaten con cárcel, al igual que el art. 8 de la Constitución de Pinochet, que pretendió combatir el marxismo con represión. ¡Voto contra el negacionismo!", sentenció.

Qué dice la indicación

El texto que ya fue rechazado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y que el democratacristiano Miguel Ángel Calisto (respaldado por otros parlamentarios de su bancada) busca reponer dice:

"Se sancionarán con las mismas penas del artículo a quien de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas en contexto de genocidio, delitos de guerra o crímenes de lesa humanidad y que hayan sido sancionados por órganos judiciales internacionales reconocidos por el Estado de Chile".

Las penas a las que se refiere van desde los 541 días a tres años de presidio, y multas entre 40 y 60 UTM. Si el infractor es funcionario público, tanto la pena como la multa aumentan en un grado y se le inhabilitará para ejercer cargos públicos por hasta cinco años.

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