Diputados UDI piden a Boric patrocinar proyecto que busca expulsar de Chile a todos los extranjeros condenados por robo, hurto y tráfico de drogas

Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) llegaron este viernes hasta el Palacio de La Moneda.

¿El motivo? Entregarle una carta al Presidente Gabriel Boric para solicitar patrocinio y urgencia legislativa a un proyecto de ley que busca expulsar del país, en un plazo de 60 días, a todos los extranjeros condenados por robo, hurto y tráfico de drogas.

A juicio de los legisladores gremialistas, la nueva Ley 21.325 sobre Migración y Extranjería no logra “plena eficiencia”.

Esto, ya que si bien permite gestionar sanciones y medidas de expulsión contra extranjeros que se encuentren en situación irregular o que sean condenados por delitos, una vez sentenciados -precisaron- “tienden a ser privados de libertad en cárceles chilenas, y, luego de haber cumplido con su condena, es cuando recién se aplica la medida de expulsión dictada por la autoridad judicial o administrativa competente”.

Ante ese escenario, el 15 de julio algunos parlamentarios del partido ingresaron una iniciativa al Congreso que propone modificar la Ley 21.325, con el objetivo de incluir una nueva causal de expulsión de extranjeros que sean titulares de un permiso de residencia.

En concreto, según detallan en el proyecto, se trata de una causal que ya es considerada como una prohibición imperativa de ingreso, pero que aseguran que debería extenderse de igual manera a las expulsiones de quienes hayan sido condenados en el país por crimen o simple delito.

Durante la entrega de la carta, el diputado Cristóbal Martínez detalló que el proyecto tiene tres finalidades. La primera es “mejorar la eficiencia del gasto público”, la segunda apunta a resolver el hacinamiento penitenciario, y la tercera busca “dar una señal clara a todos aquellos que crean que tienen chipe libre aquí en Chile para delinquir”.

En esa línea, el diputado Juan Antonio Coloma precisó que la iniciativa faculta al Presidente Boric para expulsar a los extranjeros condenados “no solo porque cuestan $850 mil pesos mensuales y porque tienen hacinadas las cárceles, sino que principalmente porque Chile tiene que ser un país que reciba a quienes vienen a trabajar y que expulsen a quienes vienen a delinquir”.

“Creemos que Chile tiene que dar una señal clara, que este no es un país para delincuentes, que quien venga a delinquir se tiene que ir”, agregó el diputado Felipe Donoso, mientras que su par Gustavo Benavente manifestó que “en Chile podemos acoger a todos aquellos extranjeros que vengan a aportar, a trabajar, pero aquellos que vengan a delinquir tienen que encontrar en Chile un país realmente difícil para venir al mismo”.

Tras detallar las razones para solicitar patrocinio al proyecto que modifica la Ley 21.325, el diputado Coloma se refirió al encuentro que sostuvo Boric con la expresidenta Michelle Bachelet, quienes se reunieron el jueves por la noche.

Una cita que se da un día después de que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU arribara al país y luego de que la otrora Mandataria reafirmara su postura por el Apruebo a una nueva Constitución.

“Lo que uno ve es que utilizan a la expresidenta Bachelet para esconder a los constituyentes de izquierda. Uno se pregunta, ¿dónde estará Stingo, dónde estará Baradit, dónde estará la Tía Pikachu, dónde estará la persona que vota desde la ducha? Ellos están escondidos tras la expresidenta Bachelet”, señaló el parlamentario.

Además, precisó que “probablemente ella va a reiterar una vez más cual es su opción, que es legítima, pero lo que a nosotros nos parece es que muchas veces se utiliza la figura de la expresidenta Bachelet para esconder a los constituyentes que hoy están completamente silenciados, pese a ser los responsables de haberle dado una pésima propuesta de Convención, tal como lo señalan las encuestas”.