El exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, acusó haber sufrido una golpiza esta tarde al interior del penal Santiago 1, lugar en el que se encuentra en prisión preventiva desde el 26 de julio de este año. Esto, luego de ser formalizado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho reiterado y lavado de activos.
El abogado del exjefe comunal, Eduardo Lagos, tras conocer la acusación, concurrió hasta el recinto penitenciario para informarse sobre el estado de salud de su defendido.
Al interior de Gendarmería explicaron inicialmente que a raíz de la denuncia se activó el protocolo pese a que no habían antecedentes respecto a una riña. No obstante, sería sometido a un procedimiento de constatación de lesiones en el hospital del recinto penitenciario.
Posteriormente, la institución comunicó que “el interno Miguel Ángel Aguilera, quien se encuentra recluido en la cárcel de Santiago 1 no ha sido agredido ni ha sufrido lesiones en la unidad penal. Tras constatar lesiones y tomarle declaración al imputado, quedó registrado que no ha existido ningún incidente que estuviera involucrado el exalcalde de San Ramón”.
El incidente que acusa haber sufrido el exjefe comunal se produce en medio de un deterioro de su estado de salud. Aguilera, según ha explicado su defensa, padece enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, apnea del sueño, trastorno del sueño, colon irritable y rinitis alérgica; conjunto de patologías que han ido complicando su salud durante el periodo en que ha permanecido detenido.
El otrora alcalde -y exsocialista- solicitó el pasado 25 de octubre poner fin a la medida cautelar. Sin embargo, la magistrada Marcela Dattas, del 15° Juzgado de Garantía, rechazó la petición, explicando que debido a la gravedad de los delitos imputados no es posible acceder a la solicitud.
“Acá se ve afectado un bien jurídico que es demasiado importante que es la fe pública. Se debe tomar en consideración el cargo que él ejercía y los montos de dinero que recibió en forma incorrecta y la cantidad de años por los cuales él siguió cometiendo este tipo de delito”, complementó la jueza.
Asimismo, la magistrada sostuvo que el tribunal estima que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. “Existe peligro de fuga, ya que podría abstraerse de la acción de la justicia y obstaculizar la la investigación, toda vez que existen dos aristas que no han sido investigadas, como la falsificación de dos contratos de compraventa que fueron presentadas para justificar alguna de sus actuaciones”, concluyó.