La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte participó este jueves de una sesión de pleno de la Comisión Experta que está encargada de redactar un anteproyecto de nueva Constitución.
La secretaria de Estado expuso ante los 24 expertos la visión del gobierno respecto al debate constitucional y respondió alguna de las preguntas planteadas por sus integrantes.
En esa línea Uriarte abogó por mantener la iniciativa exclusiva del Presidente de la República para impulsar proyectos que signifiquen gasto fiscal con el fin de “fortalecer la democracia y evitar los populismos”.
La ministra comenzó su exposición destacando algunos puntos de las 12 bases constitucionales que fijaron los diversos partidos políticos con representación parlamentaria en el acuerdo que viabilizó este nuevo proceso constituyente 2.0.
“El Estado social y democrático de derecho, la base número cinco establece aquello. Y en ese sentido se promueve un desarrollo progresivo de los derechos fundamentales y especialmente, de los derechos sociales, con sujeción a un principio que nos parece muy importante destacar, que es el principio de responsabilidad fiscal. Y sobre la base de que esta satisfacción, este cumplimiento de estos derechos y sociales van a ser de provisión mixta, pública y privada”, indicó.
Además, señaló que “existe ya una definición de que en nuestro país existirán tres poderes separados e independientes”. Fue dentro de este marco que Uriarte destacó que “en ese sentido el Poder Ejecutivo cuenta con un jefe de gobierno, que en la misma línea del equilibrio fiscal, se señala que tiene la iniciativa exclusiva en la presentación de proyectos que incidan directamente en el gasto público. Este es un punto que destacamos porque nos parece que es una clave del fortalecimiento de la democracia. Los populismos se sustentan sobre la base de la irresponsabilidad en promesas incumplibles en cuanto a la mantención del equilibrio fiscal”.
“El principio de responsabilidad fiscal es un principio base porque permite que aquella finalidad en la que todos estamos de acuerdo, queremos caminar hacia un estado social y democrático de derecho donde logremos materializar esas aspiraciones de derechos, sociales de las personas. Sin embargo, ello debe hacerse con responsabilidad fiscal para que podamos llegar efectivamente a cumplir dichos objetivos, porque no va a ser con la promesa incumplible o con la promesa que se cumple hoy, pero mañana desestabiliza al país con aquello que vamos a dar una buena vida a los ciudadanos”, agregó la titular de la Segpres.
Por todo lo anterior, la ministra enfatizó que “un tema absolutamente esencial y clave es que se mantenga la iniciativa exclusiva del Presidente de la República respecto de los proyectos de ley que implican gasto fiscal”.
“Yo creo que todos y todas quisiéramos dar cumplimiento de inmediato a las garantías a los derechos sociales de forma integral y completa. Sin embargo, todos sabemos que aquello no es posible. Pero no necesariamente todas las personas piensan de aquella manera. Muchos pueden estimar que aquello puede hacerse y después en el marco del paso del tiempo y con futuros ingresos de esto y de lo otro, de hipótesis diversas, podría llegar a cumplirse. Bueno, eso, desde nuestra perspectiva es la receta para el descalabro porque si no es en el presente gobierno, será el siguiente gobierno el que tendrá que hacerse cargo de ese desequilibrio que al final del día va a redundar en un perjuicio ciudadano”, agregó.
Y cerró con que “para el Ejecutivo es central que esa cancha esté totalmente delimitada y que haya garantidas que este principio se cumpla, de manera de fortalecer la democracia y evitar los populismos”.
Acusación constitucional y urgencias
Uriarte también abordó otros temas durante su participación en el pleno de la Comisión Experta: las interpelaciones, comisiones investigadoras, las acusaciones constitucionales y las urgencias legislativas.
Sobre este último punto la ministra fue requerida por su visión respecto de cómo hacer más eficiente el sistema de urgencias en el Congreso y compatibilizarlo con las necesidades del gobierno de turno y las del Parlamento.
“La gran respuesta es cómo hacer que el proceso sea más ágil y eficiente. Qué tipo de incentivos o incluso algún tipo de mecanismo de seguimiento y monitoreo es necesario para que logremos cumplir ese objetivo temporal, porque en las urgencias, suma urgencias y en la discusión inmediata estamos hablando de tiempo, pero no estamos hablando necesariamente de priorización, porque (...) si una urgencia está puesta hace 6 meses, a mí me resulta muy difícil establecer si esa es una prioridad o no”, dijo.
Continuó con que “lo que conviene mirar es la forma en que queremos por una parte poner sobre la mesa cuáles son las prioridades del Ejecutivo y del Legislativo y en ese caso fijar los parámetros dentro de los cuales esas prioridades se van a manifestar y una cuestión distinta es la vida regular de muchos proyectos de ley que siendo todos importantes, porque naturalmente cuando el parlamentario o el Ejecutivo impulsa un proyecto de ley tiene la expectativa de que ese proyecto nazca en la vida jurídica como una ley (...) Pero no todas tienen ni el mismo nivel de urgencia ni forman parte de la priorización, por ejemplo, de un programa de gobierno en ejecución”
“Hoy día creo que cualquier ciudadano que entre a revisar las urgencias, sumas urgencias, incluso, las discusiones inmediatas no podría en un análisis incluso riguroso y muy estudiado, determinar cuáles son las prioridades del país en lo legislativo”, complementó Uriarte.
Pero también la ministra Segpres abordó la aplicación de las acusaciones constitucionales y del uso, por ejemplo, de las comisiones investigadoras y los extensos tiempos que a veces toman para llegar a ciertas conclusiones.
“Yo advierto claramente una confusión entre la forma en que se utiliza la interpelación y, por ejemplo, el establecimiento de Comisiones investigadoras”, comenzó diciendo Uriarte. “Desde mi punto de vista muchas Comisiones Investigadoras pudieron ser subsumidas en otra fórmula que es la de la interpelación, porque de esa manera igualmente se obtiene la información, la autoridad está obligada a poner todos los antecedentes y responde, además, de una manera contingentemente más oportuna a la inquietud que genera el proceso de interpelación”.
“Porque dado que las Comisiones Investigadoras, tienen el tiempo que demoran porque naturalmente están recabando antecedentes, se escuchan opiniones, se citan personas, el momento en que sale el informe de la Comisión Investigadora no coincide con el momento de inquietud ciudadana respecto del hecho que gatilló su formación”, agregó.
Mientras que sobre las acusaciones constitucionales indicó que “más que una herramienta para exigir una responsabilidad por cumplimiento a cabalidad de algunos de los presupuestos que habilitan la interposición de tales se ha transformado en una herramienta de carácter político adversarial. Y creo que este necesariamente debiese ser un tema que esté en el debate, ya sea para configurar más precisamente la herramienta, para pensar y volver a repensar el tema de las sanciones y siempre pensando que una acusación constitucional a una autoridad siempre establece, genera un clima de alguna tensión o inestabilidad que no es lo que quisiéramos vivir todos los días”.
Y cerró con que, a su juicio, las acusaciones constitucionales, han sido una herramienta “mal utilizada transversalmente hace mucho tiempo”.