El 7 de agosto el gobierno del Presidente Gabriel Boric envió un decreto a la Contraloría General de la República con el objetivo de reformar la norma -de 1997- que regula el funcionamiento del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).
El instrumento -que debe aún pasar por la toma de razón del ente contralor- reformula la función del organismo que ha sido objeto de críticas, por un lado, por no haber sesionado nunca durante esta administración y mantener en vacancia el nombramiento de tres integrantes y, por otro, por haber instruido en junio de 2022 dejar de informar detalles sobre transferencias a terceros, algo que ha sido cuestionado a la luz del lío de platas en que el Ministerio Público indaga eventuales delitos de corrupción precisamente en traspasos a fundaciones sin fines de lucro.
Con firma del Mandatario y del ministro Álvaro Elizalde (Segpres), el documento de diez páginas modifica labores específicas del CAIGG, con “especial énfasis en el fortalecimiento de la auditoría interna en los órganos de la administración del Estado, particularmente en lo referente a la economía, eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, así como en el funcionamiento cabal del principio de probidad administrativa y transparencia”.
“Tras veintiséis años de vigencia del Decreto Supremo número 12, de 1997, de la Segpres, se requiere actualizar el funcionamiento del consejo (…)” y reforzar sus labores “para disponer de una visión global y objetiva de cómo se están llevando a cabo las políticas y lineamientos gubernamentales y del nivel de cumplimiento de los objetivos de eficiencia, eficacia y economicidad propios de la gestión”, dice el nuevo decreto.
Y agrega: “Créase el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, en adelante también ‘el Consejo’, como órgano asesor del (de la) Presidente (a) de la República, el que tendrá por objeto el aseguramiento y asesoría en materia de auditoría interna, con el fin de agregar valor y ayudar a fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado, a través del análisis de la gestión respecto de la economía, eficiencia y eficacia; del cumplimiento de las normas y procedimientos; de la protección de los recursos públicos y de la probidad; en la ejecución de las políticas, programas y decisiones de la respectiva autoridad”, acotando así los márgenes de acción actuales, cuya redacción es más general.
Bajo este instrumento, además, el Ejecutivo define una integración distinta a la actual que contemplaba seis integrantes y es presidida por la subsecretaria Macarena Lobos (Segpres). En ese sentido, se fija un número menor e impar de cinco consejeros, nombrándose -a su vez- sus nuevos integrantes: Isabel Torres Zapata y Francisco Lois Buono-Core.
Asimismo, se elevan los estándares para formar parte del Consejo de Auditoría, señalando que sus integrantes “deberán acreditar experiencia y competencias en temas de aseguramiento, auditoría interna, gobernanza, gestión de riesgos y/o control interno, y durarán en sus funciones mientras cuenten con la confianza del (de la) Presidente (a) de la República”.
Además, se amplía la aplicación de las normas sobre probidad administrativa a los consejeros, así como el deber de abstención, fijando nuevos criterios de inhabilidad mientras ostenten el cargo”.
Las modificaciones al marco normativo del Consejo de Auditoría, se suman al anuncio del gobierno de poner urgencia a un proyecto de la expresidenta Michelle Bachelet para fortalecer su regulación.