Gael Yeomans remarca que tribunal del FA debe pronunciarse sobre Catalina Pérez tras nuevos antecedentes por Democracia Viva
La diputada frenteamplista señaló que lo que ha dicho Pérez es que "públicamente tuvo una alocución en que dijo que estaba en desconocimiento de todo esto y eso, efectivamente, es mentira".
La diputada Gael Yeomans (FA) destacó que el proceso que inició el Tribunal Supremo del Frente Amplio en contra de su compañera de militancia, Catalina Pérez, quien volvió a estar vinculada con el millonario convenio visado a Democracia Viva, dirigida en ese entonces por su expareja Daniel Andrade.
“Me parece que son hechos gravísimos. Yo creo que es inaceptable en cualquier caso que nosotros tengamos dentro de nuestras filas, con nuestra ética y también con la promoción de nuestra militancia, a personas que puedan infringir a tal modo que se pueda ver en cuestionamiento nuestro partido respecto a casos de corrupción. Yo creo que eso debe ser despejado”, manifestó este lunes en conversación con T13 al ser consultada si debía abandonar la militancia.
Yeomans remarcó que “lo que ha dicho públicamente es que tuvo una alocución en que dijo que estaba en desconocimiento de todo esto y eso, efectivamente, es mentira. Eso ya es un hecho gravísimo y, por lo mismo, el tribunal de RD toma la decisión de sancionar a Catalina Pérez por suspensión de la militancia”.
Y agregó: “Ahora, con estos nuevos antecedentes, lo que requerimos es que el Tribunal Supremo de este partido, del Frente Amplio, no de Revolución Democrática, tome una definición”.
Las nuevos antecedentes revelan una serie de chats de Pérez con Andrade y directivas de Revolución Democrática, militancia de los involucrados de este entonces, en los que apuntan a que habría tenido conocimiento de las gestiones. Ante esto, la diputada salió a desmentir cualquier irregularidad y defendió que la información dada a conocer por La Segunda y T13 solo reafirman la versión que entregó al Ministerio Público; que estaba al tanto de las asignaciones, pero que no tuvo injerencia en ellas.
Desde un inicio Pérez ha sido cuestionada por su rol y grado de conocimiento en las irregularidades cometidas en el traspaso de más de $400 millones hacia la organización, esto porque además de tener una relación con Andrade, el encargado de la repartición del Ministerio de Vivienda que autorizó el monto fue Carlos Contreras, que se desempeñó como su jefe de gabinete.
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