Haroldo Brito reaparece con críticas al Congreso

Suprema

El presidente de la Suprema, Haroldo Brito, este jueves junto a Manuel Valderrama y Hugo Dolmestch.

Cuestiona acusación contra jueces y apunta al Parlamento por no legislar sobre libertades condicionales.




Luego de permanecer 18 días de vacaciones, el presidente de la Suprema, Haroldo Brito, retomó este jueves sus funciones en la corte.

Tras el asueto -que habría sido objeto de críticas de algunos de sus pares, por concretarse en medio de la acusación constitucional que pesa contra tres magistrados de la Segunda Sala Penal-, una de las primeras actividades de Brito fue justamente visitar a los ministros objeto del libelo. Así, compartió con Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, ya que el tercer ministro, Carlos Künsemüller, estaba en comisión de servicio en la primera sesión del Comité Asesor para la Reinserción Social.

Al término de otras actividades administrativas, Brito habló públicamente sobre sus aprensiones y las del Poder Judicial en torno a la acusación.

El jefe del máximo tribunal se cuadró con la postura expuesta por el pleno el pasado 10 de agosto, señalando que "es la posición correcta frente a esta situación tan complicada que es el tema de la acusación constitucional".

El presidente del máximo tribunal advirtió que en este caso "estamos frente a un problema de autonomía", porque "dentro de sus atribuciones cada uno de los órganos del estado tiene unas determinadas competencias, y cuando estas se topan o rozan fuertemente con las competencias de otro de los órganos del Estado como es en este momento el Poder Judicial, estamos en una situación que sencillamente dificulta el desarrollo normal de las instituciones públicas", agregó.

"Lo que le está permitido a un poder del Estado no le está permitido al otro", dijo el ministro Brito, quien no escondió su deseo de que "esta acusación, en definitiva, no prospere".

La tercera instancia

El domingo recién pasado, una veintena de abogados penalistas cuestionó el actuar del Congreso en esta materia, asegurando que la acusación pone en riesgo el estado de derecho al arrogarse, el Poder Legislativo, atribuciones propias de los Tribunales de Justicia.

Un concepto que acuñó el presidente de la Suprema al advertir que efectivamente, de prosperar la acusación constitucional, "la expresión segunda o tercera instancia es bastante decidora, es una frase fuerte (... y) confío en que esa tercera instancia no ha de ocurrir, porque es importante que cada uno de los órganos del Estado funcione dentro de la esfera de sus atribuciones".

Brito, además, criticó al Poder Legislativo en materia de regularizar las entregas de libertades condicionales. En este sentido, aseguró que "las normas internas no garantizan la aplicación del derecho internacional", lo que, a su juicio, debe ser resuelto "en este momento", pues se trata de un debate permanente, cuya discusión "está pendiente" en el Congreso que lleva adelante la acusación por notable abandono de deberes.

En esa línea, el magistrado defendió el actuar del Poder Judicial en materia de juzgamientos de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen militar.

Brito sostuvo que ante la falta de normas internas que garanticen los tratados internacionales en materia de derechos humanos que han sido ratificados por Chile, fue "en sede jurisdiccional (donde) se han resuelto las cuestiones jurídicas relativas a los derechos fundamentales de mayor trascendencia. La no aplicación de la Ley de Amnistía fue resuelta jurisdiccionalmente (también) en materia de prescripción, todo lo relativo a restar valor a las investigaciones que fueron efectuadas sin sujeción a criterios de un debido proceso (...) son de mucha importancia", recordó.

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