Identidad de género: gobierno busca sin éxito forzar consenso en comisión mixta

Más de treinta personas se atestaron hoy en las afueras de una sala de la sede del Congreso en Santiago, donde sesionaba la comisión mixta para abordar el proyecto de identidad de género. 50 organizaciones habían pedido exponer en la sesión.

La expectación no había sido contabilizada por los parlamentarios, tanto así que la exposición de testimonios no culminó, por lo que la comisión dio una semana más para el ingreso de propuestas de cambio al proyecto.

Momentos antes, el gobierno había hecho un intento por lograr un acuerdo, aunque sin éxito. "Le solicito, presidenta, a nombre del gobierno, que usted pueda tomar en consideración esta propuesta. Si hay voluntad, someterla a votación, y si obtiene el respaldo de esta comisión, nosotros podríamos hacer entrega de un proyecto que explicita en un texto legal estos preceptos para que la comisión lo estudie", fue la petición que lanzó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, en medio de la discusión, al presentar acuerdos base para un consenso.

El secretario de Estado se dirigía a la senadora Adriana Muñoz (PPD), quien preside la instancia, dejando así la incertidumbre de los días anteriores, cuando el Ejecutivo mantenía suspenso sobre si fijaría una postura. El sábado, el Presidente Piñera había dicho que La Moneda estaría a favor de legislar para menores entre 14 y 17, cerrando parte de un episodio que había comenzado con la advertencia de la líder UDI, Jacqueline van Rysselberghe, de acudir al TC.

Hasta hoy, el tema seguía causando tensión en el sector (ver nota secundaria). Sin embargo, el gobierno finalmente acudió a la comisión con el ánimo de alcanzar un consenso inmediato, aunque no lo logró. La apuesta de La Moneda era sustituir el proyecto que actualmente está en la mixta para encauzar, en esos términos, el debate. Sin embargo, no hubo acuerdo: desde los sectores conservadores de Chile Vamos leyeron el episodio como un "tropiezo" del gobierno -pues no consiguieron un acuerdo a priori-, mientras que desde el Ejecutivo reconocen costos por fijar una postura sin tener votos asegurados.

La propuesta del gobierno, según expuso Larraín, distingue entre menores de 14, y adolescentes entre 14 y 17. En ese sentido, el ministro enfatizó que no procede legislar respecto de niños, mientras que en el caso de adolescentes -con la venia de sus padres o tutores legales- estos podrán solicitar el cambio de sexo registral ante un tribunal de familia.

Así, el ministro descartó la necesidad de que ese procedimiento esté mediado por certificados médicos o psicológicos, aunque explicó que los padres podrán remitir antecedentes ante el juez, con el fin de acreditar la discrepancia entre el sexo biológico y la identidad de género.

Asimismo, en el caso de adolescentes, Larraín señaló que no podrán realizar ningún procedimiento quirúrgico irreversible antes de cumplir la mayoría de edad. Esto, porque se contempla la opción de que adultos puedan retractarse de una decisión tomada antes de los 18 años. También se propone un acompañamiento para adolescentes.

Los reparos vinieron de los senadores Alejandro Navarro y Van Rysselberghe, quienes enfatizaron en que primero se debían escuchar a las organizaciones. "No podemos votar una propuesta del Ejecutivo sin haber antes escuchado a las organizaciones que invitamos. Independientemente de que el Ejecutivo pueda o no presentar una indicación, también se le tiene que dar la posibilidad a los parlamentarios que presentemos indicaciones (…). Sería un error cercenar la posibilidad de debate de los parlamentarios que son finalmente los que van a votar", dijo la líder gremialista.

Luego, los diputados Matías Walker (DC), Natalia Castillo (RD) y Diego Schalper (RN) pusieron sobre la mesa reparos de fondo. Por ejemplo, Walker y Castillo dijeron que les llamaba la atención que el Ejecutivo no especificara qué ocurría con la autorización de los padres: si se requería solo uno de ellos, o qué pasaba en caso de ausencia de un padre, madre o tutor legal. Castillo acotó: "No hay mayores argumentos en el caso de los mayores de 14 años para mantener la vía judicial". Ese punto, justamente, es uno de los que genera mayor aprensión en los sectores conservadores.

Respecto a los cambios quirúrgicos, Walker precisó que no se puede prohibir, porque sería "inconstitucional". Más allá de los detalles, el gobierno recalcó que este no es un tema ideológico y que es "importante para La Moneda" hacerse cargo de una realidad, entregando soluciones.