De la canción de Manuel García a los monos de Alberto Montt: Los costos asociados a uno de los proyectos más caros de La Moneda

Hubo un Consejo de Observadores, encuentros en todo Chile, salidas a terreno de los ministros, un sitio web, un "Constitucionario" y hasta un himno. Todo un proceso que este martes tuvo el último episodio y que se ve con un futuro más que incierto en el futuro gobierno.

Con la firma del proyecto de ley para una nueva Constitución -a cinco días de terminar su mandato-, Michelle Bachelet pone fin a una de sus más ambiciosas metas para su segundo gobierno. Un proceso que comenzó en sus mismas promesas de campaña, que luego se aterrizó con el nombramiento de un Consejo de Observadores y la programación de una serie de encuentros ciudadanos.

Pero también fue un proceso al que el gobierno de Bachelet destinó diversos recursos para financiar la iniciativa legal que tomó más tiempo de redacción de todo su período. Según la Ley de Presupuesto para el año 2016, se asignaron $2.836.496.000 a tres ministerios para Estudios para una Nueva Constitución. Estos eran la Segpres, Hacienda y Segegob.

Sin embargo, los recursos desembolsados no solo se entregaron a quienes estuvieron en terreno, sino que también a aquellos agentes que prestaron asesoría a los estamentos de Estado vinculados al proceso, el cual no solo tuvo que ver con las consultas ciudadanas.

De hecho, el costo completo está en la mira de Chile Vamos. En la coalición que comienza a gobernar el domingo barajan es realizar una auditoría a los fondos usados para el proceso, lo que desde ya augura polémicas entre el gobierno entrante y el saliente. De hecho, el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma dijo que "desde el primer minuto nosotros señalamos que esto iba a ser un despilfarro y no solo por la cantidad de recursos invertidos, sino porque esto termina en un proyecto que todos sabemos que va a dormir en el Congreso. En esto pagamos todos los chilenos por un capricho de la Presidenta Bachelet".

Se llama "Corazón para hacer Constitución", y es el himno del Proceso Constituyente. Pero fue también uno de los puntos controversiales cuando en agosto de 2016, el diario La Estrella de Concepción reveló, tras una petición de transparencia, que el gobierno había pagado $24 millones por el tema.

La polémica escaló al punto que el propio intérprete del tema, Manuel García, salió a señalar en un posteo en Facebook que él había recibido $3,1 millones por el trabajo. El resto -cerca de $20 millones- se le habría pagado al compositor del himno, el músico Carlos Cabezas.

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Este comprobate de depósito subió Manuel García a su Facebook.[/caption]

No fue el único trabajo encargado. El publicista argentino Martín Vinacur -que diseñó la franja de la actual mandataria- se encargó de asesorar en la comunicación del proceso. Uno de los puntos visibles de su trabajo fue elaborar el "Constitucionario", un libro didáctico lanzado en diciembre de 2015 con ilustraciones del reconocido dibujante Alberto Montt y que contenía conceptos claves en el camino a una nueva Carta Magna.

Vinacur comenzó su relación con el Segundo Piso de La Moneda, en octubre de 2014 y culminó –según el Portal de Gobierno Transparente– en enero de 2016. Durante ese periodo recibió pagos que alcanzaron $3.871.219.

Otro caso fue el de la publicista argentina Victoria Massarelli, quien recibió una remuneración mensual de $3.718.750 bajo la modalidad de contratos que se extendieron entre los meses de diciembre del año 2014 a enero de 2016 en la Secretaría General de la Presidencia.

Y otro costo del proceso fue el de los "facilitadores", encargados a nivel local y regional de coordinar las distintas instancias del Proceso Constituyente.

Según consta en el Portal de Transparencia de la repartición, el grupo consideró un pago total de $1.645.074.813 sólo en honorarios. Esos fueron pagos que rondaron entre el millón 600 mil pesos a $2.660.000, que fue el monto máximo pagado a uno de los participantes: Viviana Ahumada, Asistente Social de la Región de Coquimbo. Dicho monto correspondió al pago en la segunda y tercera cuota.

En el listado abundan abogados, sociólogos, publicistas y periodistas, quienes fueron remunerados por sus servicios. De hecho, en el proceso de sistematización participó el director del PNUD, Rodrigo Márquez, junto al académico de la UC Ignacio Yrarrázaval y la investigadora de la Universidad de Chile, María Cristina Escudero. Por otra parte, en el diseño de las consultas estuvo el socio de Tironi, Rodrigo Araya.