Las claves para el rearme opositor

"Condiciones para legislar en materia tributaria". Así se denomina el documento que en enero pasado firmaron los partidos de la oposición como señal de unidad para enfrentar el debate de la reforma tributaria en el Congreso.

Son ocho los puntos que consensuaron parlamentarios y los equipos técnicos de todas las bancadas de la oposición, donde fundamentalmente piden no disminuir la recaudación fiscal actual, no hacer regresivo el sistema, no retroceder en el combate de la evasión y la elusión, mejorar el sistema para las pymes y nuevos instrumentos tributarios para las regiones.

El acuerdo ha sido señalado como un ejemplo desde los partidos de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio para enfrentar las reformas que impulsa el Ejecutivo y establecer ciertos pisos mínimos para participar del debate.

De esta manera, el Ejecutivo ha hecho eco del "orden" que ha tenido la oposición frente al proyecto de modernización tributaria, retrasando la discusión de la votación en general de la iniciativa en la Cámara de Diputados y concordando un cronograma de trabajo con este sector con el fin de darle viabilidad al mensaje.

Cerrar la puerta a cualquier intento de modificar la prohibición del reemplazo en huelga e impedir el cambio de las indemnizaciones por años de servicio, son los principales puntos en que todos los miembros de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados -desde el Frente Amplio a la DC- están de acuerdo frente a la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo.

En el sector varios han planteado que si bien están dispuestos a realizar modificaciones a la iniciativa legal aprobada en la pasada administración de Michelle Bachelet, no permitirán una "contrarreforma".

En tanto, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, deberá negociar todas las materias contempladas en su reforma laboral, considerando que no tiene mayorías en las cámaras y que hay algunos elementos más sensibles para la oposición, sobre todo porque varios de ellos fueron aprobados en el gobierno anterior y derribados después por el Tribunal Constitucional (TC).

Frente a esta transversal oposición al proyecto el Ejecutivo ha tenido que cambiar en más de una oportunidad el envío del mismo al Congreso, lo que ha generado molestia en sectores del mundo empresarial.

Durante enero pasado la oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, coordinó una ofensiva para frenar el proyecto de Admisión Justa presentado por el gobierno, el que modifica la Ley de Inclusión aprobada durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet.

En eso no hubo una voz disonante dentro de la centroizquierda. Tanto así, que todos los miembros de la comisión de Educación de la Cámara -incluso el DC Mario Venegas- salieron con una contrapropuesta: la Ley Machuca. Esta iniciativa propone profundizar la vigente Ley de Inclusión con el fin de asegurar un porcentaje de matrículas de alumnos vulnerables, tanto en colegios particulares subvencionados, como en particulares pagados.

Sin embargo, dentro de los proyectos en materia educacional existen matices en las posturas opositoras, especialmente en lo relacionado al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Mientras el Frente Amplio y el Partido Comunista, por ejemplo, impulsan la idea de la condonación total de la deuda histórica del CAE, desde partidos como la Democracia Cristiana han advertido que esa alternativa "no es viable".

En materia previsional existe un consenso bastante amplio desde la DC al PC de la necesidad de hacer una reforma profunda al sistema de pensiones. La ex Nueva Mayoría ha planteado, con distintos matices, establecer un sistema mixto que mezcle los elementos del incentivo al ahorro y la seguridad social. Esto último, aumentando la Pensión Básica Solidaria (PBS), pero además creando un pilar de ahorro colectivo y solidario inter e intrageneracional.

Todas las bancadas están por regular las ganancias de las aseguradoras y han planteado sus reparos al proyecto ingresado por el Presidente Sebastián Piñera al Congreso. De hecho, hay acuerdo, por ejemplo, en que debiera separarse la dicusión del aumento de la PBS, a lo que el Ejecutivo se ha negado.

Desde el Frente Amplio, en cambio, han hecho suya la propuesta del Movimiento NO+AFP, liderado por Luis Mesina. Dicha propuesta -que plantea terminar con el sistema de capitalización individual a cargo de las aseguradoras privadas y las reemplaza por un sistema de reparto. solidario y con financiamiento tripartito-, fue una de las principales banderas impulsadas por la ex candidata del conglomerado, Beatriz Sánchez, en las pasadas elecciones presidenciales.