María Eugenia Manaud, presidenta del Consejo de Defensa del Estado: "El compromiso del Estado chileno con los derechos humanos es internacional"

"Una de nuestras atribuciones es perseguir aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, lo que incluye a carabineros y militares que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos", explica María Eugenia Manaud, presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), respecto de la crisis que vive el país. Y agrega que "hasta ahora, no tenemos la información suficiente como para presentar querellas. Estamos esperando que la fiscalía nos envíe la información que, al parecer, es bastante abundante. Vamos a estudiarla".

-¿Es probable que se querellen en aquellos casos en que se investiga a militares y carabineros por torturas y apremios?

-El CDE tiene la posibilidad de perseguir penalmente estas conductas y lo haremos en los casos más graves. Con las capacidades que tenemos no podemos intervenir en todos los casos, pero los estudiaremos todos y asumiremos la defensa del interés del Estado en relación al debido respeto de los derechos humanos. Además que existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y cuando actuamos lo hacemos para colaborar con la labor de este organismo y para dar una señal también en cuanto a destacar con mayor énfasis las atribuciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos que, por lo demás, es un compromiso a nivel internacional y así consta en el Artículo 5º de la Constitución.

-Van a procurar que se logren estas condenas…

-Lo haremos en casos de torturas si es que se han producido apremios, afectaciones graves o sistemáticas respecto de determinadas personas y en aquellos de lesiones más graves.

-Los ciudadanos afectados por el actuar policial o militar, algunos que han perdido la vista e incluso la vida -sus familiares- pueden demandar. ¿Está preparado el Estado para un escenario así?

-Aún no sabemos, y no tengo cómo ponderar, la cantidad de demandas que podrían presentarse y me imagino que el Estado no estaba preparado para esto, así como para las circunstancias que se dieron respecto de la grave alteración del orden público, por lo tanto, y es una opinión muy personal, el Estado no está preparado para ello. Lo que sí le puedo decir es que si un tribunal establece una condena, el Estado debe cumplirla.

-En los últimos días se presentaron recursos de amparo y protección contra el toque de queda y que se decretara el estado de excepción, ahí les tocó defender las actuaciones de los generales a cargo de la emergencia…

-Junto a estas actuaciones de persecución penal de violaciones a los derechos humanos, también nos corresponde la defensa de las autoridades legítimamente constituidas, como por ejemplo en los amparos y recursos de protección que usted indica. Ahí representamos al Presidente Sebastián Piñera y a los jefes de la Defensa Nacional que decretaron los toques de queda. Hasta el miércoles había 47 recursos vigentes, 26 que ya fueron rechazados y 14 declarados inadmisibles.

-Desde su punto de vista, ¿todo lo que decretó la autoridad fue legal?

-La defensa fue que el Presidente respecto del decreto de zona de emergencia actuó en el ámbito de las atribuciones que la Constitución le confiere y también con las atribuciones que la ley orgánica constitucional de los estados de excepción también le otorgan, y sobre esa base, a su vez, esa legislación es la que les da atribuciones a los jefes de zona para decretar los toques de queda.

-¿Son legales entonces?

-No lo digo yo, lo han dicho los tribunales hasta el momento. Cerca de 13 cortes se han pronunciado ya, e incluso la Corte Suprema.

-¿Qué pasa con los daños en el Metro y en inmuebles de uso público?

-El CDE tiene atribuciones para defender los intereses patrimoniales del Estado y del Fisco y, por ende, en los casos de ataques o daños a la propiedad fiscal o a los bienes de uso público el CDE puede ejercer las acciones correspondientes, pueden ser acciones civiles buscando una indemnización y también penales, en casos de inmuebles que sean patrimonio histórico o monumentos nacionales, que es lo que eventualmente va a pasar con lo que ocurrió en el Metro, porque es una empresa del Estado y, por lo tanto, probablemente lo vamos a defender. Ahora no se olvide, eso sí, de que todas estas decisiones son adoptadas por el consejo del CDE y en los próximos días tendremos claridad de todo esto.