Ministro Ossa dice que “principales defectos” de proyecto de voto obligatorio fueron “subsanados”, pero advierte que “nos preocupan todavía algunos aspectos”

De acuerdo al titular de la Segpres, en el Ejecutivo genera inquietud que en el proyecto actual no exista un "mecanismo de desinscripción", ni una sanción "aparejada" a quienes no cumplan con concurrir a votar. El secretario de Estado resaltó que "hay tiempo todavía" en el Senado para realizar modificaciones, por lo que llamó a "no hacer las cosas tan rápido”.




“Nosotros como gobierno éramos de la idea de no innovar, no por razones electorales, sino básicamente porque se han hecho muchas modificaciones en el último tiempo, porque el proyecto adolecía de muchos problemas y defectos de los cuales algunos fueron subsanados”, afirmó este martes el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, comentando el avance en el Congreso de la reforma que busca restablecer la obligatoriedad del voto en elecciones.

La Cámara de Diputados aprobó en particular la iniciativa, en una discusión marcada por la baja participación en la segunda vuelta de gobernadores (participó el 19,61 % del padrón). El proyecto obtuvo 105 votos a favor y 33 en contra, siendo despachado al Senado.

Ossa explicó que “no nos parecía razonable que si se va a pensar en que el voto es un deber, incorporarlo en el rasgo constitucional, se estuviera discriminando a los adultos mayores de 75 años y a las personas con algún grado de discapacidad. Qué significa pensar que ellos no pueden cumplir un deber. Otra cosa es que las leyes especiales, por ejemplo, se pretendería darle facilidades para excusarse en determinadas circunstancias, entonces eso nos parecía realmente inaceptable. Eso fue corregido en el proyecto. Así que hace su viaje al Senado sin esos severos problemas”.

El Presidente Sebastián Piñera, que impulsó y logró aprobar el voto voluntario durante su primer gobierno, había solicitado a su comité político un análisis respecto de la reforma constitucional que impulsa la oposición para cambiar el sistema nueve años después de su implementación.

El tema genera diferencias al interior del propio oficialismo y el Ejecutivo busca hacerle algunas correcciones a la iniciativa. De hecho, los 33 votos en contra de la iniciativa provienen de RN y la UDI.

El ministro sostuvo que “nosotros somos de la idea de que todas las opiniones son perfectamente válidas en esta materia. Ustedes saben que al interior de Chile Vamos, incluso, si usted ve la votación, habían algunas diferencias”.

“Nos preocupan todavía algunos aspectos del proyecto. No es algo muy común tener inscripción automática y voto obligatorio. En consecuencia el llamado es a ver si existiría alguna posibilidad de instaurar mecanismo de desinscripción. Tampoco existe una sanción aparejada a quienes no cumplan con lo que se busca ahora, que sea un deber de votación. En ese sentido, no quisiéramos que exista una reforma constitucional, una ley electoral que sea de papel”, aseveró.

Ossa expuso además que “si de verdad lo que se busca, nuevamente, cambiar el paradigma sobre si ir a votar es un deber, tenemos que hacerlo bien, pensarlo bien, hay tiempo todavía en el Senado. Así que la invitación es a no hacer las cosas tan tan rápido”.

“Tenemos elecciones muy cerca. Pero nosotros como gobierno vamos a estar oyendo siempre las opiniones principalmente de Chile Vamos, que en esta materia tienen algunas legítimas diferencias”, agregó.

“Nosotros lo primero que queremos ver cuál es el ambiente en el Senado, en el sentido de qué es lo que se busca. ¿Se busca un voto obligatorio de verdad? ¿Se busca una reforma constitucional que después no sepamos cómo se implementa en leyes especiales? ¿Lo que se busca es solo una señal? Y en la medida que vayamos recogiendo las distintas opiniones, por supuesto, partiendo por las de Chile Vamos naturalmente el gobierno va a adoptar la posición que corresponda. Lo que sí celebramos es que los principales defectos de este proyecto fueron subsanados. Nos parecía una discriminación muy poco entendible sobre todo pensando en que no se puede esperar que una persona mayor de 75 años u otra que tenga algún grado de discapacidad no tenga que cumplir un deber. Creíamos que eso tenía que ser modificado y así se hizo”, destacó el titular de la Segpres.

El secretario de Estado argumentó que “nuestra postura es que cualquier reforma constitucional se haga con un cierto grado de tiempo, no estamos hablando de dilatarlo ni mucho menos, para evaluar si estamos reaccionando como clase política a un determinado resultado electoral o realmente lo que buscamos es invertir el paradigma de lo que se espera de las elecciones de los electores, de los deberes de los ciudadanos”.

“Si se va a incorporar una sanción, es posible que se haga en la ley orgánica, pero lo importante es que exista un compromiso en ese sentido para que las reformas constitucionales no sean de papel. La invitación es entonces a meditar muy bien lo que estamos haciendo. No hacerlo con calculadora electoral. Y tampoco como reacción a determinados resultados en las elecciones”, enfatizó.

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