Negacionismo: comisión aprueba norma y gobierno adhiere a críticas

Proyecto fija penas de cárcel para quien justifique violaciones a DD.HH. cometidas en el régimen militar. La Moneda dice que ley atenta contra libertad de expresión.




Había transcurrido casi una hora de discusión en la Comisión de DD.HH. de la Cámara Baja cuando la diputada Carmen Hertz, presidenta de la instancia, sometió a votación una indicación de su autoría para incorporar el "negacionismo" como nuevo tipo penal en el proyecto de ley sobre incitación a la violencia.

El nuevo artículo 161 E de dicho texto fue aprobado por los siete parlamentarios de oposición que integran la instancia y rechazado por sus pares de la UDI y RN, junto a la abstención del diputado de Evópoli Andrés Molina.

La norma busca sancionar a quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a los DD.HH. ocurridas durante la dictadura en Chile y acreditadas por instancias formales del Estado, como las comisiones Rettig y Valech, estableciendo la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 40 a 60 UTM y, en caso que lo realice un funcionario público, tanto la pena como la multa aumentan en un grado y se le inhabilitará para ejercer cargos en el Estado por un período de tres a cinco años.

Previo a la votación -tal como lo había adelantado La Tercera-, el diputado UDI Gustavo Sanhueza expuso los argumentos de su bancada para exigir un quórum más alto durante la discusión en sala. En opinión de la UDI, la norma limita un derecho garantizado en la Constitución -la libertad de expresión, opinión e información- de manera que su aprobación está sujeta a los requisitos de ley orgánica constitucional, que exige la aprobación de 3/5 de los diputados en ejercicio. La respuesta de la comisión fue que tal aprensión debe ser expuesta cuando la iniciativa llegue al debate en sala.

Por parte de RN, en tanto, los diputados Diego Schalper y Luis Pardo plantearon que el "negacionismo" es un concepto que no había sido discutido en el trámite del proyecto, por lo que era necesario recabar opiniones y recibir a expertos antes de someterlo a votación. Ello fue desestimado por la instancia, argumentando que, según el reglamento de la Cámara, no es posible convocar a audiencias públicas cuando se ha iniciado la votación de un texto.

Pero, además, Schalper realizó cuestionamientos de fondo al tipo penal aprobado, pues circunscribe la norma solo a la dictadura chilena. "Si vamos a estar en contra de las violaciones a los DD.HH. en la dictadura de Pinochet, estemos en contra de la dictadura de Maduro, de la dictadura de los Castro", explicó. Al mismo tiempo, destacó que el tipo penal debe considerar ciertos efectos -como la incitación a la violencia- y, en general, se debe resguardar de manera explícita el que no se vulnere la libertad de expresión, de asociación, de culto y las garantías democráticas de libre debate público y privado. Todo ello fue rechazado por siete contra seis votos.

Postura del gobierno

El debate sobre el proyecto se da en medio de la tensión que ha generado en el oficialismo la reivindicación del pinochetismo por parte de la diputada RN Camila Flores (ver nota secundaria).

Desde el Ejecutivo, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, Sebastián Valenzuela, adhirieron a las aprensiones de los parlamentarios oficialistas respecto del proyecto.

En particular, puntualizaron que, en la Convención Americana de DD.HH., los acuerdos de la Unión Europea y la legislación comparada -incluso la alemana- se sanciona "no el mero negacionismo como expresión", sino los efectos que ello genera, ya sea incitar a la violencia, perturbar la paz social o alterar el orden público, algo que no está consignado en el texto aprobado.

Más temprano, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, había respaldado las acusaciones de "censura" que venían desde el gremialismo. Consultada por la discusión que se daría un par de horas después, la ministra sostuvo: "Estamos absolutamente en contra. ¿Quién puede decidir qué piensa cada uno? ¿Quién se arroga el derecho de decidir lo que opina cada uno?", cuestionó, y añadió que "acá estamos frente a -sin duda- un atentado a la libertad de pensamiento y de expresión que no es propia de la democracia".

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