Parlamentarios de oposición buscarán pedirle al gobierno que declare emergencia climática en Chile

Cambio climático.
Las empresas pueden cuantificar sus emisiones, reducirlas y neutralizar su impacto en el cambio climático. Foto: Archivo La Tercera.

La diputada Catalina Pérez y el senador Juan Ignacio Latorre, ambos de Revolución Democrática, presentarán un proyecto de resolución al Congreso con el objetivo de lograr un pronunciamiento del Presidente Piñera sobre la crisis del clima. Además, buscarán que se destine financiamiento especial para esto.


A través de un proyecto de resolución que se presentará en el Congreso, los parlamentarios de Revolución Democrática, la diputada Catalina Pérez y el senador Juan Ignacio Latorre, buscarán presionar a que el gobierno se pronuncie respecto al calentamiento global y declare emergencia climática en el país.

La iniciativa se presentará luego de que hoy distintas organizaciones de la sociedad civil soliciten lo mismo al Ejecutivo, de manera previa a la marcha por la crisis climática que se desarrollará en Santiago a partir de las 18.00 horas, y que ya lleva a más de 1.600 ciudades movilizadas en el mundo.

Si bien ambos parlamentarios indican que la declaración de emergencia climática no existe en la institución jurídica del país, lo que se busca es que se analicen mecanismos, que se traduzcan en medidas efectivas, para la crisis global del medioambiente. Para esto, agregan, se proponen dos mecanismos de financiamiento: en primer lugar, que el Mandatario utilice el 2% constitucional para realizar medidas extraordinarias, amparado en la declaratoria de emergencia climática que la Cámara o Senado plantearía.

Esta herramienta establece que el Presidente de la República puede -con la firma de todos sus ministros- decretar pagos no autorizados por ley para atender necesidades impostergables "derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados  a mantener servicios que no pueden paralizarse sin serio perjuicio para el país".

Y el segundo mecanismo se podría concretar con el gasto del remanente del Fondo de Contingencia Estratégica que será reingresado al Tesoro Público.

La urgencia de esto, dice la diputada Pérez, es que a pesar de que "los políticos del mundo llevan 25 años trabajando para enfrentar el cambio climático, en ese mismo período las emisiones de CO2 han aumentado un 60%. Afortunadamente como ciudadanía estamos empezando a actuar, pero necesitamos que muchas y muchos más se sumen a sincerar que estamos viviendo una emergencia climática".

"Quedan 6 meses para que se inicie la COP25 en Chile y el sentido de urgencia frente a la crisis climática no se ha traducido en acciones concretas. Aún estamos a la espera del envío del proyecto de ley de cambio climático, el retrasado cronograma de cierre de las termoeléctricas a carbón se prevé muy poco ambicioso y las promesas de la electromovilidad se resumen en un par de buses eléctricos viajando por Santiago", agregó.

El senador Latorre, en tanto, indicó que la declaración de emergencia es un "piso mínimo desde el cual tenemos que seguir trabajando". 

"Si no nos tomamos en serio este desafío, llegaremos tarde a enfrentar esta crisis global que ha generado el cambio climático. Es fundamental que el gobierno no se quede solo en un discurso medioambiental, sino que declare emergencia climática, destine recursos y tomemos acciones decididas al respecto", sostuvo.

Esta propuesta se presentará durante la próxima semana luego de una coordinación con los movimientos sociales. Pero además se dará a conocer en la sesión del lunes 27 del Consejo Asesor Presidencial de la COP25, de la que es parte la diputada Catalina Pérez.

En qué gastar los recursos 

Los parlamentarios indican que sin bien restaría definir una agenda de inversión para los recursos, hay ideas tentativas:

-Apoyo a acelerar el proceso de cierre de las termoeléctricas a carbón, tanto en programas de capacitación para los trabajadores de dichas industrias, como también inversiones estratégicas en áreas productivas ligadas a las energías renovables no convencionales y economía carbono neutral.

-Creación de un fondo de adaptación al cambio climático, donde podría incluirse a los municipios o gobiernos regionales en su ejecución.

-Discusión profunda del modelo de reforestación y manejo de las plantaciones forestales como sumidero de carbono.

-Inversión en transporte público con cronogramas claros y estándares de transición a la carbono neutralidad. Se anunciaron inversiones de ese estilo en el marco del relanzamiento del Transantiago, pero aún no hay claridad de cómo se gestionará el sistema a nivel nacional.

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