En el Salón Montt Varas de La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley de Integridad Pública, que es parte de la agenda de probidad y transparencia que quiere impulsar el Ejecutivo.

La iniciativa viene a regular, entre otras cosas, el ingreso a la administración del Estado de parientes de autoridades -por consanguinidad o afinidad- esto luego, además, de las críticas que recibió el Mandatario al nombrar a su hermano Pablo Piñera como nuevo embajador en Argentina, medida que debió ser revertida a los días del anuncio.

En la actividad, que contó con la participación de los ministros de Interior, Andrés Chadwick, Segpres, Gonzalo Blumel,y Justicia, Hernán Larraín, el jefe de Estado explicó que la agenda tendrá tres ejes fundamentales que además buscan prevenir los conflictos de interés: Una ley de Transparencia 2.0, una agenda antiabuso y anticorrupción, y una política de datos abiertos.

"La integridad pública es fundamental, por eso lo que queremos es funcionarios públicos que sean honestos, estén comprometidos y sean capaces, no queremos funcionarios públicos que lleguen a servirse a sí mismos en base a pitutos y que puedan ser operadores políticos dentro de la administración del Estado".

Pero igualmente, señaló Piñera, "queremos una ley de Transparencia 2.0 porque la regla de oro es que el interés público, el bien público, siempre tiene que prevalecer sobre cualquier interés privado o particular".

Para que esto funcione, el Mandatario señaló que se requiere una norma que le dé eficacia, y para esto "el mecanismo más poderoso" es la transparencia, sostuvo. Por este motivo, se estableció que la responsabilidad de regular las contrataciones de parientes de tercer grado de consanguinidad y de segundo grado de afinidad, estará en el Servicio Civil.

La Ley de Integridad Pública contará con un grupo de trabajo técnico integrado por la Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Justicia, Contraloría, Consejo de Defensa del Estado y Consejo para la Transparencia.

Piñera recordó, además que en el Congreso se encuentra el proyecto para aumentar las penas al soborno y al cohecho. "Es verdad que esas penas eran muy bajas en nuestra legislación, y eso entregaba una señal equívoca, una invitación a la tentación o a veces, una garantía de impunidad. Por tanto el gobierno ha presentado indicaciones que aumentan las penas en forma muy significativa, de forma tal que todos los que sobornan o los que se dejan cohechar en el sector público, tengan claro que las normas cambiaron".

Por otra parte, señaló que se enviará prontamente una indicación para que lo establecido para el gobierno central, también llegue a los gobiernos comunales y regionales.