A casi diez meses de llegar al cargo, el Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia de su ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.
Asediada por el anuncio de la presentación de una acusación constitucional en su contra y la denuncia por el delito de prevaricación que un grupo de diputados de Renovación Nacional decidió ingresar al Ministerio Público por el indulto a Jorge Mateluna, el Presidente Boric decidió relevarla de sus funciones en la cartera de Justicia.
La socióloga y cientista política asumió en marzo de 2022 en Justicia, como parte del gabinete con que Boric asumió la Presidencia. La mayor parte de su carrera la había desempeñado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También exvicepresidenta de Comunidad Mujer y autora de publicaciones como Mujer y política y Cuotas de género, democracia y representación, trabajó durante 14 años en el PNUD principalmente esos temas.
En 2006, por presiones ante la ausencia de mujeres en la instancia, se incorporó a la comisión que convocó la entonces Presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno -y que presidió Edgardo Boeninger- para reformar el sistema electoral binominal que regía para las elecciones legislativas.
Sus primeras polémicas
Con menos de dos meses en el cargo, a principios de mayo, la ahora exsecretaria de Estado protagonizó un polémico episodio por su respuesta en una entrevista con El Mercurio, al ser consultada sobre si Celestino Córdoba, condenado a 18 años de cárcel por el crimen del matrimonio de Wener Luchsinger y Vivianne Mackay, era para ella un preso político. La militante de Convergencia Social fue duramente criticada tras evitar hacer una calificación sobre el machi. “No me compete pronunciarme respecto de las calificaciones especificas que tengan los casos”, dijo.
En la Secom su respuesta fue mal evaluada y la misma noche del episodio publicó un tuit explicando sus dichos. Lo mismo hizo al día siguiente en el Congreso. “Quisiera aclarar respecto del caso de Celestino Córdoba: tanto para este ministerio como para esta ministra se trata de un preso común, condenado por homicidio”, señaló, para cerrar el tema.
Posteriormente, su situación comenzó a complejizarse por el traslado de presos mapuche reclusos en Angol. La oposición comenzó a preparar una acusación constitucional tras conocerse que el director de Gendarmería de La Araucanía, Juan Navarrete, se reunió a puertas cerradas con el lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, en una cita en la que se habría acordado el traslado de dos internos al Centro de Educación y Trabajo (CET) y otro al Hospital de Angol. El encuentro se dio justamente luego de que el grupo radicalizado se adjudicara un ataque incendiario y amenazara al alcaide del penal. La respuesta inicial de Ríos fue la de desmarcarse del hecho, asegurando que correspondía a las prerrogativas de Gendarmería, lo que le abrió un flanco.
Otro episodio controvertido en su gestión, recuerdan en el oficialismo, es la entrevista que dio a La Segunda denunciando malos tratos por parte de sectores del Senado. “Si usted fue maltratada por algún senador, identifíquelo”, advirtió por esos días el senador Pedro Araya (PPD), exigiendo una disculpa pública.
Fiscal nacional e indultos
La salida de Ríos estaba siendo solicitada desde que el Senado rechazó, en un hecho inédito, la nominación que hizo el Presidente Gabriel Boric para que José Morales asumiera como fiscal nacional del Ministerio Público. Jorge Abbott dejó a fines de septiembre del año pasado el cargo y todavía no se confirma a su sucesor. Tras el rechazo de Morales, Boric seleccionó a una candidata: la jefa de las unidades Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, que también fue rechazada, obteniendo incluso menos apoyos que Morales en la Cámara Alta. El lunes los legisladores votarán respecto a la tercera propuesta del Ejecutivo, Ángel Valencia.
En medio de una negociación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para generar con la oposición un acuerdo para viabilizar proyectos de combate a la delincuencia y con el tema del fiscal nacional pendiente, el 30 de diciembre pasado el Ejecutivo informó la decisión de indultar a un grupo de condenados por delitos asociados a las protestas que siguieron al estallido social del viernes 18 de octubre de 2019. Además, se le otorgó el beneficio al exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna.
De inmediato la oposición se restó del acuerdo en seguridad y comenzó una ofensiva contra el Ejecutivo y Ríos.
Ayudó a esa ofensiva la desprolijidad en la comunicación de los indultos. Presidencia informó de 11 beneficiados, sin embargo, desde la cartera encabezada en ese entonces por Ríos alertaron sobre la inclusión de dos nombres que no estaban considerados y otros dos que sí debían ser parte del listado y estaban fuera. Finalmente se dijo que el beneficio se otorgaría a 13 personas en total y que la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Justicia “envió de manera incompleta la nómina de personas que fueron indultadas”.
“No son delincuentes”, aseguró el Presidente Boric por los 13 condenados que hoy están en libertad, e incluso acusó “irregularidades” en el caso contra Mateluna, cuyo indulto se había negado a firmar durante el último gobierno de Michelle Bachelet su entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, argumentando que no había razones humanitarias para hacerlo, según argumentó.
Los dichos de Boric sobre Mateluna generaron una inmediata reacción del Poder Judicial. La constitucionalidad de los indultos fue puesta en duda por la oposición, que adelantó que estudiaría una presentación al respecto. “No descartamos que se pueda revisar esta decisión en el Tribunal Constitucional”, afirmó el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Y los antecedentes de los beneficiados motivaron críticas.
El capítulo de los indultos aún deja aristas sin ser aclaradas y las dudas se acrecentaron el jueves 5 de enero, cuando la cartera publicó, a través de transparencia activa, los decretos por los 13 reos a los que se les otorgó la libertad. Once decretos fueron firmados el jueves 29 de diciembre y dos el 30 de diciembre, los de Luis Castillo Opazo y Sebastián Montenegro Coo. Ambos no estaban indultados inicialmente y no debían figurar entre los beneficiados según la alerta que se dio desde el Ministerio de Justicia cuando Presidencia informó el listado originalmente.