El programa creado para financiar litigios internacionales

Según registros de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites (Difrol) de la Cancillería, el abogado Claudio Grossman recibe su remuneración por su labor como agente de Chile ante La Haya en dólares.

US$ 7.175 es la tarifa mensual que el jurista registra en transparencia activa. El sueldo equivale en moneda chilena a unos $4,7 millones. Otra remuneración que figura en transparencia es la del periodista Ascanio Cavallo, quien como encargado de la estrategia comunicacional del país por el litigio -cargo que dejó en marzo de 2017- recibía $5,2 millones.

Los recursos para enfrentar la demanda marítima que Chile ganó el lunes en el tribunal internacional se encuentran consignados en un programa especial de la Difrol creado puntualmente para enfrentar litigios internacionales.

Pese a que en los registros públicos aparecen consignados justamente como "programa especial" varios honorarios destinados a enfrentar esta demanda (y otras como la peruana por el límite marítimo o la ofensiva chilena contra Bolivia respecto del Silala), el desglose del monto total de gastos no es público.

Si bien Cancillería cifró en US$ 24 millones los recursos destinados para el litigio contra Bolivia, el detalle de esos montos, según determinó un fallo de la Corte Suprema chilena en 2011, deben mantenerse en reserva.

Sin embargo, según cifras globales, este programa especial sufrió un notorio aumento de recursos para personal entre 2013 y 2014, fechas que coinciden con las ofensivas de Perú y Bolivia contra Chile.

Mientras en los años anteriores la Difrol se gastaba entre $187 millones y $330 millones en personal, en 2014 la cifra aumentó a $665 millones.

Chile contó con un equipo de cinco abogados internacionales. Y fuentes ligadas al gobierno aseguran que entre los gastos, la colaboración de estos litigantes representa el grueso de los recursos. Sin embargo, son esas tarifas las que, por ahora, se mantienen en reserva, no solo en virtud del fallo de la Suprema, sino además porque sus contratos estarían sujetos a cláusulas de confidencialidad.

Entre otros gastos importantes que se señalan dentro del desembolso de recursos que ha impetrado Chile a raíz de la demanda boliviana, corresponden a traslados, estadías y viáticos para la asistencia a una serie de reuniones y actividades ligadas a la defensa del país ante la ofensiva boliviana.

Un ejemplo que aparece en los registros que posee Difrol es el viaje que su directora y agente ante La Haya por el Silala, Ximena Fuentes, debió realizar el 17 de febrero de este año.

Según el detalle, Fuentes estuvo cinco días en París para asistir a entrevistas, reuniones y audiencias con abogados. El total del gasto incurrido solo entre pasaje y viático por la directora de Difrol ascendió a $4.097.737.

En 2017, Fuentes debió hacer tres viajes similares a Francia por el mismo motivo.

En tanto, 30 personas figuran con remuneraciones a honorarios señaladas como "asesorías programa especial". Entre ellas la abogada Johanna Klein, quien percibe un honorario bruto de $4,5 millones.

Asimismo, figura el exdiputado de la UDI y asesor en el litigio, Darío Paya, a quien se le pagan $2,4 millones.

También aparece Andrés Jana, quien registra pagos por $2,1 millones. Gabriel Gaspar, en tanto, quien finalizó su contrato como asesor en marzo pasado, recibía un honorario bruto por $4,5 millones.

Según fuentes ligadas al ministerio, una idea que está sobre la mesa es que este programa especial adopte en el corto plazo una figura autónoma y permanente, con el objeto de dedicarse exclusivamente a las demandas limítrofes que enfrenta el país.

Por ahora, queda pendiente la ofensiva que Chile activó en contra de Bolivia respecto del río Silala, y que forma parte de los desafíos de este programa.