Régimen semipresidencial y democracia paritaria: Convergencia Progresista presenta documento con propuestas fundamentales para la nueva Constitución

El texto, de 97 páginas, fue elaborado por un grupo de 50 abogados y en él se abordan 13 temas fundamentales como la separación de la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno, participación ciudadana y derechos ambientales.




Esta mañana, los presidentes de los partidos que componen la Convergencia Progresista, Heraldo Muñoz (PPD), Álvaro Elizalde (PS) y Carlos Maldonado (PR), se reunieron para dar a conocer un documento de 97 páginas que contiene una propuesta para los contenidos que debieran estar incluidos en la nueva Constitución.

El escrito, que no es un texto oficial de los partidos, fue elaborado por 50 abogadas y abogados constitucionalistas, liderados por Francisco Zúñiga y Felipe Paroti, y considera trece ítems sobre los fundamentos del Estado, la sociedad y la economía; derechos fundamentales y sus garantías; régimen político: semipresidencial; gobierno y administración del Estado; participación ciudadana; y sistema electoral, entre otros.

Para el líder del PPD se trata de una “obra que es extraordinariamente útil para guiarnos a los distintos partidos, a las fuerzas políticas y a los independientes en la elaboración de una nueva Constitución. Acá estamos los presidentes de los tres partidos de la Convergencia Progresista y nos sentimos muy bien interpretados en esta obra (...) Este trabajo sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son una base fundamental para la nueva Constitución, pero son palabras vacías a menos que estén acompañadas de otros elementos que están muy bien delineados en este trabajo”.

Maldonado, en tanto, sostuvo que “queremos que sea un aporte al debate constitucional. Todos sabemos lo que ha pasado en chile desde el estallido social, cómo los partidos políticos interpretamos adecuadamente la necesidad de canalizar el descontento, la crisis social y política en un proceso constituyente, por eso impulsamos y promovimos el pacto del 15 de noviembre del año pasado que abrió el camino a n proceso inédito (...) Este texto que tuvo un esfuerzo colectivo de un conjunto de abogadas y abogados que entregaron su aporte y esfuerzo en un debate entre ellos para elaborar un único texto que hoy ponemos a disposición del público, creo que hace un aporte fundamental”.

Por su parte, Elizalde indicó que “qué duda cabe que estamos viviendo un momento histórico. El proceso constituyente abre la posibilidad de construir un Chile distinto y correr el cerco de lo posible (...) Esta propuesta es un insumo, un aporte muy relevante. No es un texto oficial pero sí representa, en términos generales, nuestra visión y nuestra postura. Es algo que se hace con mucha humildad para el debate que se va a generar pero que yo creo que cuenta con muchos méritos: es un texto claro, que aborda los puntos centrales y que hace propuestas concretas y específicas”.

El documento incluye un “sentido doctrinario” de un nuevo Estado. “En la actual Constitución lo que hay es una doctrina de un Estado subsidiario que pone el énfasis en los agentes privados en vez del sentido colectivo de un Estado solidario y eso está colocado muy bien (en la propuesta), el sentido solidario que debe tener el Estado”, señaló Muñoz. En esta línea, asegura que la propuesta no es negar la propiedad privada y el libre mercado, sino que incorporar principios, derechos y diseños institucionales que garanticen el acceso mínimo al bienestar material, participación política y reconocimiento social.

Además, el texto incorpora la paridad en uno de sus puntos y se señala: “Uno de los principales objetivos políticas que las fuerzas progresistas deben asumir en este momento constituyente consiste en apostar por la alteración de la estructura del poder que se aloja en la Constitución (...) y así lograr las reformas políticas que permitan desconcentrar el poder, a través de la incorporación de las mujeres a espacios históricamente cooptados por hombres, sentando las bases para una democracia paritaria”.

Otra de las propuestas es la instauración de un régimen semipresidencial que considere la separación de la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno (primer ministro), donde el primero tenga una legitimidad democrática directa y el segundo una legitimidad indirecta dependiente de la relación fiduciaria o de confianza con la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esto supone, se agrega, “separar las funciones hoy concentradas en el Presidente de la República, para lo cual resulta forzoso una reordenación de las atribuciones administrativas y gubernativas reservando al Presidente de la República la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, la representación del Estado en sus relaciones internacionales y la injerencia en el nombramiento y/o nominación de altos cargos de la administración del Estado y del sistema judicial cuando corresponda”.

El escrito igualmente establece que la nueva Constitución deberá garantizar a las personas “un ambiente adecuado y un entorno sano. De igual modo, los poderes públicos deben asegurar a las personas el goce de un medio ambiente libre de contaminación y adoptar medidas para promover el respeto y sostenibilidad de la biodiversidad. El uso de los recursos naturales está limitado por este derecho, la función social de la propiedad, los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo de las comunidades locales donde se emplacen los proyectos de explotación (...) El Estado debe tener especial consideración por el bienestar de sus actuales y futuros habitantes”.

En cuanto a los derechos al agua, se propone consagrarla como “el derecho de cada persona a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico, priorizando el consumo humano por el sobre su uso como medio de producción. Se declararán las aguas terrestres como bienes de dominio público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares”.

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