Servel advierte atraso en reformas para plebiscito por nueva Constitución

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El presidente de la Cámara, Iván Flores, justo al presidente del Servel, Patricio Santamaría, y el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker.

Presidente del organismo, Patricio Santamaría, aseguró que hay atraso para cumplir con los plazos que exige la ley para la actualización del registro electoral, el que se extingue 120 días antes de la convocatoria, que está fijada para abril de 2020.




Hasta la sede del Congreso en Valparaíso llegó este martes el presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, para reunirse con el líder de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC).

El encuentro tenía como objetivo abordar el itinerario que seguirá esa corporación para materializar el histórico acuerdo -alcanzado la madrugada del viernes por un grupo transversal de partidos- por una nueva Constitución.

En la cita, según quienes conocieron de su contenido, Santamaría le expresó a Flores la preocupación del Servel en torno a los plazos legales que como organismo deben cumplir previo al plebiscito que, según se estableció en el acuerdo, tendrá lugar en abril de 2020.

De hecho, esa preocupación fue luego públicamente expresada por el abogado ante los medios. Así, Santamaría dijo que es necesario que las reformas constitucionales que habiliten y regulen el plebiscito -las que aún no son debatidas por el Congreso y serán concordadas en una comisión técnica- estén vigentes, al menos, 120 días antes de la consulta.

Lo anterior, porque la Ley Orgánica Constitucional del Servicio Electoral le exige al organismo tener publicada en ese plazo -el que se cumpliría en diciembre- una nómina provisoria del padrón habilitado para votar en el plebiscito. Y es más. Santamaría detalló que una vez que dicha nómina sea auditada, el Servel tiene que publicarla en un plazo máximo de 90 días previo a la consulta, mientras que el padrón definitivo debe estar publicado en un plazo máximo de 60 días previo al plebiscito.

"Es fundamental para los efectos de cerrar el registro electoral la fecha en que se publique el decreto que convoque el plebiscito, porque es eso lo que determina la actualización de los registros", advirtió Santamaría, agregando que "ya estamos atrasados".

El jurista propuso que las reformas que regularán el proceso de consulta contemplen también una modificación a esos plazos para ajustarlos al máximo. "No obstante tener un plazo mínimo de 120 días, estamos en condiciones de poder garantizar un plebiscito en la medida que se cumpla, al menos, un plazo de 100 días. Consideramos que tener el padrón definitivo 60 días antes no es necesario, bastaría con tenerlo a 30. Eso, de alguna manera, daría una holgura mínima", sostuvo.

En la misma línea, Flores advirtió que a la Cámara le preocupa el plazo que se ha fijado para el plebiscito. "Ya estamos absolutamente ajustados", agregó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (DC), quien se sumó unos minutos a la cita, dijo que "este proyecto debiera estar despachado y publicado antes de Navidad".

Costos adicionales y dudas pendientes

Otra de las aristas que se abordaron en la cita fueron los costos adicionales que la organización del plebiscito y el funcionamiento del órgano constituyente significarán.

Así, Santamaría sostuvo que -como lo adelantó La Tercera PM- ya tomó contacto con Hacienda para proyectar el gasto adicional a sumar al presupuesto del organismo, el que para 2020 asciende a $ 59.412 millones.

En ese sentido, precisó que es complejo llegar a una cifra exacta ya que, por ejemplo, aún no se define si el plebiscito contemplará o no la posibilidad de hacer campaña y si eso tendrá asociado un límite al gasto. Dichas situaciones implicarían una fiscalización por parte del organismo y, por tanto, recursos adicionales.

Lo mismo ocurre en el caso de que se opte por una campaña de formación cívica previo a la consulta de abril de 2020.

En tanto, desde la Cámara, un informe encargado al secretario Miguel Landeros calculó en cerca de $ 700 millones los costos operacionales que tendría el órgano constituyente en caso de que su mandato se extienda por el periodo de un año y funcionara en Santiago. Esto, sin contar dietas de los delegados constituyentes.

Landeros explicó, además, que al año, "si la dieta que se les paga (a los delegados) es igual a la de los consejeros regionales, son alrededor de $ 2.700 millones (más gastos operacionales) si fueran 155".

Cita transversal por comisión técnica

Con el fin de abordar los aspectos de funcionamiento de la comisión técnica, los timoneles de partidos que suscribieron el acuerdo por la nueva Constitución, tanto de Chile Vamos como de oposición, sostendrán esta tarde una cita.

La reunión se dará luego de que ambos sectores coordinaran este martes sus posiciones. Esto, porque será esa instancia donde se resuelvan temas clave. En la oposición, por ejemplo, han reiterado que insistirán en la necesidad de incorporar cuotas indígenas y de género a la elección de los delegados constituyentes, además de incorporar incentivos para independientes, lo que no tiene respaldo en el oficialismo.

Con todo, este martes la Comisión de Constitución de la Cámara debatió sobre los alcances del mandato que tendrá la comisión técnica. Walker sostuvo que la propuesta de modificación constitucional que presente la instancia será un "insumo" para el debate y que serán los parlamentarios los que definan su redacción final.

Por ahora, los nombres que han sonado para formar parte de esa comisión son: Gastón Gómez por RN, en la UDI se habla del expresidente del partido Ernesto Silva, y en Evópoli José Francisco García. En la oposición, el PPD definió a Pamela Figueroa; los radicales impulsarían a Emilio Oñate; en la DC -hasta el cierre de esta edición- evaluaban nominar a alguien de su Comisión de Constitución, donde hay figuras como Patricio Zapata, Cristina Escudero, Claudio Troncoso, Javier Couso, Tomás Jordán, Jorge Correa Sutil, y en el PS los más probables integrantes serían Gabriel Osorio o Francisco Zúñiga.

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