Corrupción estancada. ¿Qué hacemos?

"Necesitamos buenas leyes, buenas decisiones de gobierno, buena constitución y buenas prácticas privadas para sacar a Chile de este estado inmóvil en el que ha estado frente a la corrupción. Sí, somos el segundo mejor país en América Latina y el 27 a nivel mundial, pero en ningún caso es para alegrarse".




Hace muy pocos días se dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional (IPC), arrojando un dato preocupante: los países de América Latina están paralizados en la lucha contra la corrupción. Lo que más preocupa es la situación en Centroamérica donde ha habido un retroceso en la democracia en varias naciones, pero también el IPC refleja que las democracias más consolidadas están también estancadas.

A mi juicio, el informe es lapidario. Dice que dos años después de la irrupción del COVID 19, la corrupción no muestra señales de retroceso en el mundo entero y que, a pesar de los “compromisos en el papel”, son 131 los países que no han logrado avances significativos. Incluso, 27 naciones ya llegaron a mínimos históricos. Chile es uno de los estancados, prácticamente sin moverse del mismo puesto ya por tercer año consecutivo, en un momento en que el país atraviesa por un profundo proceso de cambios. Lo que tenemos enfrente es una Convención Constituyente que está debatiendo la nueva Constitución, un nuevo gobierno que asumirá en marzo encabezado por el presidente más joven de nuestra historia y el sistema empresas puesto a prueba ante los desafíos del mundo y la economía post pandemia.

Es correcto señalar que la administración entrante tiene tareas urgentes y de primera prioridad, como la delincuencia, el tema migratorio o la economía, pero me atrevería a decir que la lucha contra la corrupción no podría ser relegada a una segunda línea. Esto es así por el sencillo hecho de que la evidencia muestra que los esquemas de corrupción son atentados directos contra los derechos humanos, en especial de los más vulnerables, y constituye una amenaza contra el buen funcionamiento de la economía, el Estado y los servicios públicos que la ciudadanía demanda y espera con urgencia.

Todos quienes tenemos algún grado de participación y responsabilidad en el debate público actual por el que atraviesa Chile, tenemos el deber de colaborar con esta meta. Necesitamos buenas leyes, buenas decisiones de gobierno, buena constitución y buenas prácticas privadas para sacar a Chile de este estado inmóvil en el que ha estado frente a la corrupción. Sí, somos el segundo mejor país en América Latina y el 27 a nivel mundial, pero en ningún caso es para alegrarse.

Si los desafíos sociales que tenemos por delante son enormes, la mochila de la corrupción -por pequeña que algunos todavía les parezca- no ayuda en el ascenso. Tampoco ayuda si no nos ponemos de acuerdo en torno a una Constitución que promueva valores de integridad y ética en la función pública y privada o si el gobierno y las empresas no observan los principios más básicos de integridad y juego limpio. ¿Cómo nos daremos cuenta de si estamos haciendo bien las cosas? Cuando en el IPC de 2024 mostremos una baja sustantiva en la percepción de la corrupción. Ahí nos vemos de nuevo.

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