Columna de Matías Concha: “Inversión u oposición…. esa es la cuestión”

"La recesión económica que se avecina unido a la fuerte alza de la inflación es una señal de alerta ante cualquier tema de política pública, reforma tributaria u otra medida en relación al contexto para plantear las transformaciones que Chile merece".


“Winter´s coming” resumía un completo artículo del Economist en relación al difícil momento que está por venir en Europa en relación a la guerra en Ucrania, la inflación y los efectos en el costo y suministro de energía y gas natural. La aseveración de que el Invierno viene fue una frase inmortalizada por la serie de “Game of Thrones” no en relación a señalar una temporada que se acerca, sino señalando claramente una vuelta a una era de oscurantismo y sufrimiento con difíciles consecuencias que todos debíamos evitar.

En estos momentos, la gran mayoría de agencias, bancos e incluso el Banco Central predicen que el año 2023 será un año de decrecimiento o recesión, ante lo cual debemos desde ya prepararnos porque el escenario externo e interno se vislumbra muy adverso. Ahora bien, en este contexto unido al resultado del plebiscito se ha moderado un discurso dando señales en relación a una revisión de una reforma tributaria, una agenda pro-inversión o continuidad del TPP-11, pero ¿va a incidir en la agenda? ¿cómo identificar a las verdaderas convicciones y sus consecuencias para construir un mejor camino?

Parece que si bien hay una alta complejidad política, social, económica y ambiental de elementos que se entrelazan continuamente, al parecer hay dos corrientes que constantemente se enfrentan: Mientras por un lado están aquellos que piensan que hay que revisar tratados, acuerdos e incluso no otorgar permisos para enmendar un nuevo rumbo ambiental con una nueva normativa o legitimidad social, por otro lado están aquellos que abogan por una urgente promoción de la inversión y crecimiento en un momento de crisis. Mientras el primer grupo argumenta de que sólo con una revisión y validación se enmienda el rumbo, el camino sin inversión ni crecimiento en un contexto recesivo, los convierte en cómplices de un problema social mucho más profundo. Al mismo tiempo, una promoción de la inversión sin un contrapeso institucional y ambiental tampoco lleva a la sostenibilidad. El punto es no caer en la discusión maniquea de oposicionismo versus crecimiento, sino derechamente abrazar la promoción de una inversión amparada en un fortalecimiento institucional, pero que de garantías que exista continuidad para que en el corto-mediano plazo no se interrumpa el flujo de inversión que nos permita enfrentar el duro panorama que tenemos por delante.

Por definición, el flujo de inversión es sostenido en sus bases por medio de un “contrato sicológico” entre inversionista y el estado, vale decir, mientras un actor invierte y comparte sus utilidades con el estado, el otro otorga seguridad y da resguardo a la propiedad. Dicho de otra forma, por muy buena reforma o incentivo que exista, si el estado no plantea un Plan de seguridad en la macrozona Sur, una iniciativa efectiva que logre una inflexión a la espiral de violencia y un acuerdo constitucional para resguardar la propiedad privada, ningún supuesto de inversión o crecimiento llegará porque no se cumplirían las condiciones básicas para atraer inversión.

A modo de contexto, un estudio de Mckinsey el 2020 resumía que para que Chile alcanzara la carbono neutralidad al 2050, en materia de transporte, edificación, generación, minería e infraestructura se requerirían del orden de 150 mil millones de dólares en inversión. Ahora bien, mientras el sistema de evaluación ambiental da señales de caída de la inversión en un 58% en los primeros 6 meses de la actual administración, lo verdaderamente preocupante es que la tasa de rechazo a proyectos de inversión que fluctuaba entre un 1,4% y 4,4% en los 5 últimos años subió a un 41% en valor acumulado de marzo a septiembre. Sólo en materia de sustitución para descarbonizar la matriz actual se requerirían entre generación renovable, transmisión y almacenamiento del orden de aproximadamente 30 mil millones de dólares sin considerar la inversión requerida para sostener el crecimiento ni toda la inversión que vaya reemplazando la demanda fósil por energías limpias a nivel de transporte. Por mucho que exista voluntad de descarbonizar la matriz o promover el hidrógeno verde, si la reacción es de oposición a los proyectos de inversión sin un marco general que la promueva o corrija, el objetivo ambiental nunca va a poder cumplirse. En la misma línea se cruza la gran oportunidad de promover el suministro de componentes fundamentales para la descarbonización como lo son el cobre o el litio que deberían catapultar a Chile a ser un protagonista en la nueva era de una economía sostenible.

En pocas palabras, la recesión económica que se avecina unido a la fuerte alza de la inflación es una señal de alerta ante cualquier tema de política pública, reforma tributaria u otra medida en relación al contexto para plantear las transformaciones que Chile merece. Para no caer en un prolongado invierno, es fundamental nunca romper la confianza que sostiene el contrato sicológico cuidando siempre el marco para que la inversión no derive en un diálogo de sordos que contrapongan materias de medio ambiente o sociales con inversión, sino avance validando la institucionalidad en curso sin interrumpir el flujo normal de aprobación de proyectos.

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