Recientemente la Corte de Apelaciones de Santiago acogió los recursos de protección interpuestos por Goodyear y Copec S.A en contra de la resolución de la Municipalidad de Cerrillos que los obligaba a pagar por los servicios de recolección de basura y por la extracción ilegal de agua en un terreno en el denominado exfundo Lo Errázuriz y que fue tomado por inmigrantes irregulares.

Ambas compañías son dueñas de parte de los terrenos de 40 hectáreas tomados en 2020. En diciembre de 2021 presentaron recursos de reclamación en contra de la Municipalidad de Cerrillos, que les exige el pago de cerca de $15 millones mensuales por el retiro de residuos domiciliarios y por el agua potable a personas que habitan de manera ilegal en ellos. Se trata del campamento Nuevo Amanecer, lugar en el que viven actualmente del orden de 10 mil personas.

El 13 de julio pasado, el tribunal de alzada resolvió acoger el recurso de protección que presentó Goodyear y cinco días después hizo lo mismo con la acción interpuesta por Copec. La sentencia del primer caso consignó que “un acto es ilegal, cuando existe violación de ley propiamente tal y sucede que en el presente caso, al dictarse el oficio fuera de los casos previstos por la normativa invocada, la decisión de la autoridad queda desprovista de sustento legal que justifique el cobro pretendido”.

Asimismo, sostuvo que la acción de la municipalidad de Cerrillos, “carece de fundamentación fáctica, desde que no se indica la forma en que se llevó a cabo el cálculo para el cobro, los periodos y cualquier otro antecedente que avale la decisión, sino que, a este respecto, solo contiene un cuadro descriptivo con metraje cuadrado, lo que de modo alguno puede estimarse el cumplimiento del principio de motivación del acto administrativo”.

Por otro lado, el fallo que benefició a Copec detalló que “al analizar el contenido del acto reclamado se advierte claramente que carece de fundamentación como lo sostiene la reclamante, desde que lo que se pretende es el pago mensual por los servicios de retiro, traslado y disposición final de residuos domiciliarios y extracción de aguas, haciendo valer para ello la Ordenanza N° 3 sobre Aseo de la Comuna de Cerrillos”.

Según el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, “el acto reclamado infringe, además, lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto Ley N°3.063, sobre Rentas Municipales que define los derechos municipales como las prestaciones que están obligadas a pagar a las municipalidades, las personas naturales o jurídicas de derecho público o de derecho privado, que obtengan de la administración local una concesión o permiso o que reciban un servicio de las mismas, salvo exención contemplada en un texto legal expreso”.

Frente al revés por partida doble, la Municipalidad de Cerrillos interpuso un recurso de casación en el conflicto con Goodyear. En su presentación la corporación edilicia destacó que “jamás pretendió requerir administrativamente de pago a la reclamante de una supuesta deuda por una obligación para con la municipalidad, de derechos en favor de nuestra representada. Lo anterior, en atención a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, proporcionalidad y formalidad que rigen los órganos de la administración del Estado”.

“Solo en el momento de la interposición de la reclamación la Municipalidad pudo tener conocimiento de la supuesta existencia de un acto administrativo de cobranza, sólo con la interposición de la reclamación administrativa, toda vez que la mesa de trabajo se mantuvo constante por parte de la Municipalidad todo el año 2021. En efecto, desde que asumió la nueva administración en junio de 2021, se procuró por parte de ésta realizar una mesa de trabajo, entre los ocupantes organizados, la municipalidad y los dueños de los terrenos”, agregó.

En el litigio con Copec, la municipalidad también presentó un recurso de casación, pero el tribunal de alzada lo declaró extemporáneo debido a que fue interpuesto fuera del plazo legal.

Todo comenzó cuando el 20 de julio de 2020, el jefe de gestión inmobiliaria de Copec, Felipe Leiva, recibió un llamado de teléfono en el que le informaron que un grupo de inmigrantes haitianos se estaba tomando un terreno ubicado en calle América Indígena, en Cerrillos.

A casi dos años de esa primera alerta, la toma sigue en su lugar y los propietarios de los terrenos acumulan otras complicaciones. El 21 de diciembre de 2021, Copec S.A. presentó un reclamo de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago para dejar sin efecto un oficio dictado a fines de septiembre de ese año, por la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, en el que ordenaba a la empresa pagar cerca de $10 millones por los costos que implica dicha toma ilegal, la más grande de Santiago.

El oficio colocó a la compañía como deudora por los servicios de recolección de basura y por la extracción ilegal de agua de un área verde cercana, que realizan los ocupantes de la toma. “Se trata de un daño económico relevante que tiene el carácter de permanente, porque no tiene limitación temporal y se puede prever que deberá costearse hacia el futuro, mientras dure la ocupación ilegal productora de los desechos”, acusó la compañía, que es asesorada por el abogado Arturo Fermandois, socio de fundador del Estudio Fermandois.

El mismo día en que Copec presentó su reclamo de ilegalidad municipal, también lo hizo Goodyear, otra de las compañías afectadas con la toma ilegal de los terrenos en el exfundo Lo Errázuriz de Cerrillos. En su presentación, la compañía, representada por la abogada Karina Henríquez Castillo, del estudio Claro & Cía., sostuvo que el Oficio Ord. N°100/428/2021, del 29 de septiembre de 2021, de la Municipalidad de Cerrillos, impone la obligación de pagar mensualmente $5.098.244 por recolección de residuos domiciliarios generados por las personas que se tomaron ilegalmente un predio de la empresa y por el abastecimiento ilegal de agua potable que efectúan tales ocupantes ilegales.