Promesas de campaña y estudios de mercado

El crecimiento de la productividad en nuestra economía se ha estancado. Y aun cuando la productividad y el crecimiento en general han recibido una relativa baja atención en la campaña presidencial, sin un cambio significativo en la tendencia de crecimiento de la productividad futura, ninguna de las promesas planteadas a la ciudadanía en los distintos programas de gobierno será sostenible en el tiempo. Como dice Paul Krugman: “la productividad no lo es todo, pero, en el largo plazo, lo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar sus estándares de vida a través del tiempo depende casi de manera exclusiva de su habilidad para aumentar el producto por trabajador”. Y la productividad por trabajador en nuestro país es un 40% más baja que la productividad del promedio de los países de la OCDE.

Hay distintos factores que explican los niveles y el crecimiento de la productividad. Uno es más productivo cuando produce más con menos insumos. Pero uno también es más productivo cuando produce bienes y servicios de mayor valor agregado o bienes y servicios más sofisticados. Y aun cuando algunos puedan discrepar respecto de la importancia de implementar políticas para diversificar y sofisticar la estructura productiva, lo que nadie puede negar es que para poder aumentar la productividad se requiere mercados competitivos.

Si no hay competencia en los mercados olvidémonos de lograr incrementos significativos en la productividad y en consecuencia en el bienestar de la ciudadanía. Cuando es fácil coludirse o generar barreras a la entrada de nuevas empresas, los esfuerzos en materia de innovación y desarrollo de nuevos negocios serán escasos.

Introducir mayor competencia en los distintos mercados de nuestra economía fue la finalidad que tuvo en mente el gobierno de la presidenta Bachelet cuando en la última reforma a nuestra ley de defensa de la libre competencia, que tuvo lugar en el año 2016, le entregó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la facultad de llevar a cabo estudios sobre la evolución competitiva de los mercados.

Durante estos últimos 5 años, la FNE ha ejercido esta facultad en diversas industrias, desnudando fallas de mercado y fallas regulatorias en sectores de alto impacto en la vida diaria de chilenas y chilenos. Primero, fue en el ámbito de las rentas vitalicias, luego en notarios públicos, textos escolares, medicamentos, compras públicas y recientemente el bullado caso del gas.

Un elemento clave en el diseño de los estudios de mercado es que la FNE puede solicitar toda la información necesaria para evaluar el grado de competencia de un mercado, y las empresas y sus ejecutivos se encuentran obligados a entregarla en forma íntegra, oportuna y fidedigna. De lo contrario se exponen a multas e incluso penas de cárcel. Lo anterior permitió que la FNE tuviera acceso a los cientos de contratos entre las compañías distribuidoras mayoristas de gas licuado de petróleo (GLP) y sus distribuidores minoristas que reducen la intensidad competitiva y generan riesgos de coordinación al, entre otros aspectos, contener cláusulas de exclusividad que aseguran que el portafolio de productos del distribuidor minorista se encuentre limitado a una sola marca. A juicio de la FNE, el impacto negativo en los consumidores finales de la falta de competencia en este mercado asciende en forma anual a aproximadamente USD $181 millones lo que equivale a un 15% del valor de venta al público de cada cilindro de GLP.

Además, en el ámbito del gas natural, la FNE accedió a antecedentes de una sociedad del grupo empresarial de Metrogas que, en concepto de la autoridad, habría propiciado que dicha compañía concretara una estrategia que tuvo por efecto desviar rentabilidad de la entidad económica sujeta a límites de rentabilidad a otra entidad económica relacionada o integrada, obteniendo ingresos adicionales equivalentes anualmente a entre USD $78 y $87 millones con un incremento de entre un 12,7% y 20,2% en el precio del gas natural residencial pagado por los clientes de Metrogas.

En tiempos en que la economía de mercado, y su capacidad para entregar a la ciudadanía más y mejores bienes y servicios, innovadores y al menor precio posible, se encuentra sometida a un fuerte escrutinio público, es importante comprender que precisamente el avance en materia de institucionalidad de libre competencia ha permitido detectar los casos de colusión y de falla en mercados claves para la ciudadanía. La comprensible indignación frente a estos casos debe dar lugar a una agenda que permita seguir fortaleciendo la libre competencia y propiciar un mejor funcionamiento de los mercados.

La Convención Constitucional debe tener presente que la libre competencia tiene un valor central. Además de los efectos económicos que esta produce, la institucionalidad y la regulación destinadas a protegerla y promoverla son consustanciales al régimen democrático pues no sólo propician el libre intercambio y flujo de ideas, sino que también neutralizan los excesos del poder privado y su discrecionalidad.

Los países que han alcanzado el desarrollo, escandinavos y no escandinavos, lo han hecho sobre la base de combinar economías de mercado competitivas junto con estados capaces de proveer bienes públicos productivos y mayores grados de redistribución. Esa combinación de factores es lo que les ha permitido a esos países construir pactos sociales duraderos y dar sostenibilidad a las promesas que en algún momento se les hizo a los ciudadanos en tiempo de campaña.

Autores:

- Luis Felipe Céspedes, Universidad de Chile

- Jorge Grunberg, Universidad de Chile