Superintendente de Quiebras: “Cuando las ayudas se retiren se notará un crecimiento relevante en las solicitudes de reorganización y liquidación”

Hugo Sánchez prevé que a contar de marzo o abril del próximo año entre en vigencia la nueva ley de Insolvencia y Reemprendimiento. La normativa vendrá a acelerar los plazos de los procedimientos de liquidación y reorganización. Considera que existe una mayor concentración de reorganizaciones de empresas vinculadas a la construcción e inmobiliarias este año. Además, insiste en que el Sernac debe fiscalizar a los estudios de abogados que asesoran a personas con altas deudas.


El superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, estima que durante 2023 habrá un aumento relevante en el número de solicitudes de reorganizaciones y liquidaciones de empresas.

En conversación -vía Zoom con Pulso- desde Londres, Inglaterra, ciudad en la que participa de la reunión anual de la Asociación de Reguladores de Insolvencia (IAIR, en su sigla en inglés), también detalla los avances del proyecto de ley que viene a reformar la normativa del área, la que se apronta a cumplir ocho años desde su entrada en vigencia.

El regulador adelanta que el gobierno decidió poner suma urgencia a la iniciativa y espera que a contar de marzo o abril del próximo año ya esté en funcionamiento. Según él, el nuevo cuerpo legal permitirá reducir fuertemente los plazos que requieren las firmas a la hora de poner en marcha planes de reorganización y liquidación. A modo de ejemplo, dice que una pyme que entra en quiebra podrá disminuir dicho trámite a la mitad, tomando sólo un año.

¿Cómo ha evolucionado la insolvencia en las empresas, en particular en el sector de la construcción, dados los últimos casos que se han conocido ?

-Tenemos un aumento en las reorganizaciones de empresas que han estado entregando servicio al Serviu y al MOP en la construcción de viviendas básicas y caminos, respectivamente. Muchas han tenido cuentas por cobrar y no les han pagado. También tienen en inventario muchas unidades, porque la inflación está muy alta y las tasas de interés también. Hemos tenido en este primer semestre un aumento en la cantidad de reorganizaciones, con una concentración en el sector de construcción e inmobiliario. Hasta septiembre la cantidad de reorganizaciones había aumentado desde 25 a 30 y las liquidaciones en las empresas habían bajado un 35% entre enero y agosto, comparativamente con igual período del 2021.

¿Cuándo cree que será promulgada la reforma a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento?

-Esperamos que para el año que viene esté aprobada, porque hay una vacancia de tres meses en el que se permite a los tribunales civiles poder entender la ley. Así es que si se aprueba en diciembre, ya en marzo o en abril debiera entrar en funcionamiento.

El Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) avizoran que en 2023 estaremos en recesión. Por lo tanto, creemos que cuando las ayudas se retiren se notará un crecimiento relevante en las solicitudes de reorganización y liquidación. Entonces, mi idea es estar preparados para que con esta nueva legislación tengamos nuevos procedimientos, que sean mucho más rápidos. Hemos medido que por lo menos dos años es lo que duran las liquidaciones para empresas de menor tamaño y con con el proyecto de ley este plazo se reducirá a menos de la mitad, a unos ocho meses.

¿Qué indicaciones estima que serán aprobadas y cuáles modificadas?

-Los principales cambios que vimos entre el primer y segundo trámite fueron las condiciones para acceder a la renegociación de la persona deudora. Hoy día las condiciones son que la persona debe tener al menos dos deudas vencidas durante al menos 90 días y que sumen al menos 80 UF. Esas condiciones en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados se habían reducido. Nosotros veíamos ciertos riesgos, porque habrá menos interés en los acreedores en participar en estos procesos, al ir las deudas desde $500 mil a un millón de pesos. Entonces, la única salida que tendría la persona sería la liquidación y allí podría perder los pocos bienes que tiene. Tenemos que considerar que muchas personas que negocian son adultos mayores y tienen su departamento, su casita, donde muchas veces alojan a familiares y los pondríamos en riesgo. Entonces eso yo lo hice ver en el segundo trámite y se repusieron las condiciones que hoy día tiene la ley para no arriesgar a estas personas.

¿Qué incentivos cree que son necesarios para que existan inversionistas dispuestos a financiar a empresas en insolvencia?

-En Chile no tenemos un mercado de financiamiento a empresas en estrés y no somos los llamados a generar regulaciones especiales. Estas empresas, que habitualmente son internacionales con grandes espaldas, financian compañías en estrés, pero a tasas muy altas, y muchas veces estos inversionistas toman su control. Las hacen crecer muy rápido y después las venden con distintos mecanismos financieros que hoy no están implementados en Chile. Por lo tanto, creo que hay que crear ese interés, ya que con otro tipo de instrumentos de políticas los inversionistas podrán recuperar sus inversiones. Hoy estamos apostando a una educación financiera que permita a las empresas, sobre todo micro, pequeñas y muchas de las medianas, que a buen tiempo entren a una reorganización. Estamos tratando de fomentar mucho la reorganización, más que la liquidación, pero hoy las reorganizaciones son muy caras. Se ha vuelto muy cara porque mayoritariamente las empresas de mayor tamaño se acogen, y las menores, cuando se enteran de esta modalidad, ya no son viables.

¿Es factible que se trabaje con la CMF para cambiar los criterios de provisiones de los bancos para los créditos de deudores en insolvencia?

-Eso habría que preguntárselo directamente a la Comisión para el Mercado Financiero. Siempre es factible mejorar la regulación de los mercados. Nosotros participamos con la Comisión de Mercados Financieros, con el Banco Central, Injuv, y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en un Consejo Asesor Presidencial de inclusión financiera. Esa es una súper buena instancia en la cual uno podría tomar estos temas para hacerlos realidad. Hay que armar un camino de trabajo. Somos los más nuevos, pero estamos siempre disponibles para abordar estos temas.

¿Qué hacer para que las grandes compañías adopten la Ley Concursal chilena y no se reestructuren en Estados Unidos?

-Lo que pasa hoy día es que los plazos de protección financiero concursal para reorganizarse son de máximo 90 días. Es nada. En el Capítulo 11 de Estados Unidos, Latam tomó más de un año y medio, y varias otras andan en la misma senda, como Enjoy, que se reorganizó acá, pero pidió el reconocimiento de Estados Unidos. Otra que también hizo lo mismo es Alto Maipo y varias empresas del retail. Este mayor plazo les ha permitido buscar financiamiento con más tiempo para negociar con acreedores. Nosotros, con la reforma, estamos doblando ese tiempo de protección financiero concursal, con 180 días.

¿Le parecería razonable que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimeinto tuviera facultades de fiscalización o control de las empresas masivas de liquidaciones de personas y pequeñas empresas, tales como Defensa Deudores u otras?

-Esta actividad debe ser del perímetro de fiscalización del Sernac, y siento que hoy no están regulados. Actualmente estas oficinas funcionan como las peluquerías que arriendan un sillón y en la que actúa un abogado que pareciera que él corre por su propio camino y que no representa a ninguna empresa, por lo que está exento de cualquier tipo de responsabilidad personal. Además, creo que hace falta un código de ética asociado a este tipo de servicios.

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Quay Quarter Tower, un edificio de 59 pisos, fue construido sobre otro edificio de la década de los 70, manteniendo el 90% del núcleo y un 65% de la estructura.