La legislatura de California otorgó una victoria preliminar al multimillonario de los fondos de cobertura Paul Singer y otros tenedores de bonos de PG&E Corp, en su larga batalla con los accionistas de la empresa de servicios públicos.

La firma de Singer, Elliott Management Corp., es uno de los mayores propietarios de bonos emitidos por la compañía eléctrica, que se declaró en bancarrota en enero, al tiempo que se estima que podría adeudar decenas de miles de millones de dólares a las víctimas de los incendios forestales ocurridos en el estado en 2017 y 2018. Los inversionistas han estado haciendo lobby en Sacramento durante meses para influir en el proyecto de ley de responsabilidad por incendios forestales que la legislatura aprobó el jueves, dijeron personas familiarizadas con el proceso.

La legislación requiere que las empresas de servicios públicos contribuyan con hasta US$10.5 mil millones a un fondo de seguro contra incendios forestales y miles de millones de dólares para la prevención de incendios forestales, al tiempo que limitan los pasivos futuros. Los tenedores de bonos y los accionistas apoyan los grandes rasgos de la medida, pero se han enfrentado por un punto oscuro que puede decidir qué grupo finalmente controla a la compañía, expresaron las personas familiarizadas con el proceso.

Las escaramuzas sobre el proyecto de ley de reforma muestra cómo los fondos involucrados están llegando a lo más profundo de la política de California para obtener una ventaja. Su lobby ha forzado a los políticos del estado a un delicado acto de equilibrio, generando políticas que mantienen a los inversionistas dispuestos a inyectar más dinero en PG&E, pero que no vienen a expensas de las víctimas de incendios forestales y de los clientes de electricidad.

Para que PG&E salga de la bancarrota, debe contar con fondos para pagar los reclamos de las aseguradoras y las víctimas afectadas por los incendios forestales que causó, cuyas estimaciones varían de US$14.000 a US$54.000 millones.

Los tenedores de las acciones de la compañía, como Abrams Capital Management LP, Knighthead Capital Management LLC y Redwood Capital Management LLC, solicitaron a los legisladores que incluyeran un lenguaje en el proyecto de ley que hubiera permitido a la compañía pagar esos pasivos emitiendo un nuevo bono respaldado por ingresos, de lo contrario se pagaría a los accionistas.

Los tenedores de bonos, que propusieron invertir hasta US$18 mil millones para cumplir con los pasivos a cambio del control de la compañía, argumentaron que hacerlo debilitaría las finanzas de PG&E, según personas familiarizadas con el asunto. Las firmas que se incluyen en el grupo junto a Elliott son Apollo Global Management LLC, Capital Group Cos., Citadel Advisors LLC, Davidson Kempner Capital Management LLC, Pacific Investment Management Co. y Värde Partners.

Los legisladores de California y el personal del gobernador Gavin Newsom pasaron meses trabajando en el proyecto de reforma y se reunieron varias veces con ambos grupos de inversionistas, precisaron las personas familiarizadas con el proceso.

Los legisladores finalmente se pusieron del lado de los tenedores de bonos, redactando un proyecto de ley que le permite a PG&E emitir los bonos de titularización para pagar a las víctimas de futuros incendios forestales, pero no para pagar las reclamaciones de los incendios que ya causó.

"Bajo este proyecto de ley, PG&E no puede pedir prestado contra las ganancias futuras para resolver los problemas que lo llevaron a la bancarrota", dijo Michael Wara, director del programa de políticas de clima y energía en el Instituto Woods de la Universidad de Stanford. "Eso es algo bueno para el estado, pero tal vez no tanto para los accionistas".

Los inversionistas parecen optimistas de que ambos grupos pueden salir adelante. Las acciones de PG&E cerraron a US$21.40 el miércoles, muy por encima de los precios que los miembros del grupo accionista pagaron por sus participaciones. El bono de la compañía con vencimiento en 2034 se negociaba a 112 centavos por dólar el miércoles, por encima de un mínimo de 78 centavos en enero, según MarketAxess.

El grupo de accionistas respalda el nuevo proyecto de ley y podría presionar para que se apruebe una nueva legislación que permita la emisión de bonos para financiar los acuerdos existentes de reclamación de incendios forestales, señaló una persona familiarizada con el pensamiento del grupo. Los accionistas también tienen una ventaja clave sobre los tenedores de bonos porque nombraron a la nueva administración de PG&E y, por ahora, solo la compañía puede proponer planes de quiebra legalmente vinculantes para reestructurarla.

El próximo enfrentamiento podría ser en una audiencia judicial este mes, cuando los tenedores de bonos argumentarán para eliminar el derecho exclusivo de PG&E de presentar un plan de reestructuración. Si tienen éxito, Elliott y otros en el grupo de tenedores de bonos podrán obtener más apoyo para su propia propuesta de modernizar la compañía.

La participación de Elliott podría hacer que la reestructuración de PG&E sea aún más polémica, porque el fondo tiene una reputación de emplear tácticas duras para presionar a sus opositores que van desde el gobierno de Argentina hasta los ejecutivos corporativos, manifestó una persona involucrada en la política de California. "El gobernador no quiere que lo vean parado junto a Elliott en una conferencia de prensa sobre esto", dijo la persona.

La oficina del Sr. Newsom no pudo ser contactada para hacer comentarios.