Desplome de los proyectos de inversión

Dada la seguidilla de caídas en la inversión, será importante que la agenda públicaque viene considere un plan urgente para destrabar proyectos hoy bloqueados.




Una muestra de la anémica inversión del sector privado evidenciada los últimos años es el catastro obtenido por PULSO respecto de los proyectos presentados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). A sólo pocos días para cerrar 2017, los proyectos habían retrocedido un 20% interanual.

De acuerdo con el análisis en base a la información del servicio, se presentaron a trámite ambiental unos 800 proyectos. De ellos, 670 corresponden a iniciativas efectivamente diferentes, mientras que los restantes han sido ingresados de forma reiterada por diversos motivos administrativos.

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Los 670 proyectos contabilizados se encuentran prácticamente en línea con lo observado en el mismo período de 2016. Sin embargo, la suma de la inversión de los proyectos es significativamente menor: el año antepasado las iniciativas totalizaban una inversión de US$59.329 millones, mientras que el año pasado el monto ascendió a US$46.960 millones, es decir, un 21% menor. Todo, por los menores proyectos energéticos.

Esto va en línea con el desempeño que ha evidenciado la formación bruta de capital fijo en los últimos años, afectada por el ciclo minero, pero también por un mal ambiente interno para la realización de negocios. Luego de años en que la inversión creció a dos dígitos (entre los años 2010-2012), vino un período inédito de contracción (2014-2017), terminando en 2017 con una disminución de 2,5% (estimación).

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Será importante, entonces, que la agenda pública considere un plan para destrabar las inversiones y así revertir la tendencia observada en los últimos cuatro años, que marcó la peor racha con cuatro contracciones anuales de la inversión. Ello no será fácil, pues las confianzas empresarial y del consumidor permanecen en terreno negativo, y ellas son un aspecto clave para reactivar la inversión. Los mensajes, las señales y las acciones que adopten las autoridades deben ser amigables con la inversión.

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