El Congreso no ha sido esta semana un ejemplo de convivencia ni respeto de la institucionalidad democrática. No suele serlo, sostendrán algunos. Pero ese comentario resulta mezquino. Uno de los elementos que ha permitido a Chile avanzar de manera más sólida y sostenida al crecimiento, en relación con naciones vecinas, dice relación con la mayor calidad de su política interna y de sus legisladores. Pero cuando los diputados se trenzan a gritos y se lanzan acusaciones mutuas en los pasillos del Parlamento, no hacen más que acrecentar las dudas respecto del futuro y la sostenibilidad de este activo.

Pero no es el único ejemplo de comportamiento bochornoso. Tampoco han estado a la altura en el proceso de designación del nuevo integrante de la Corte Suprema, al punto que hoy no faltan quienes proponen que se excluya al Senado de la instancia de ratificación que le corresponde del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo. No parece una buena idea. Bajo el sistema anterior, cuando los reemplazos en el máximo tribunal eran definidos por sus pares, el incentivo a la aparición de nuevas figuras era bajo, al igual que el contrapeso necesario de los poderes del Estado.

Sin embargo, este rol de ratificación se ve absolutamente distorsionado cuando los senadores toman sus decisiones, no en base al currículo y méritos del candidato propuesto, sino en directa relación con la propia evaluación, simpatía o molestia, que sus fallos y actuaciones como juez le ha generado a cada parlamentario. Probablemente, detrás de este comportamiento se vislumbran cuestiones más de fondo, como esa progresiva tendencia de algunos senadores de confundir el rol de la cámara alta con el papel fiscalizador que la Constitución delega en la Cámara de Diputados. El problema es que esta presión que ejercen los senadores a partir de la revisión antojadiza de los fallos de los jueces que aspiran a integrar la Suprema, puede llevar a limitar la independencia de quienes desarrollen su carrera judicial con la legítima aspiración de acceder al máximo tribunal. En otras palabras, que ejerzan la justicia hoy pensando en si su actuación le jugará a favor o en contra en el futuro en términos de simpatías o antipatías políticas. Y eso no es bueno.

El objetivo es que la Corte Suprema quede integrada por ministros de prestigio y calidad profesional, ya sea que provengan de la carrera judicial o personalidades del derecho, con el Senado ejerciendo el control asignado en el proceso de elección. El cumplimiento de estas premisas permitirá contar con un Poder Judicial con la independencia, recursos y méritos que el país necesita. Porque en momentos en que la economía muestra señales de debilitamiento, especialmente en materia de inversión, conviene recordar y potenciar todos los elementos que hacen más o menos competitivo a un país frente a los inversionistas. Y la independencia de los órganos judiciales, así como la calidad de sus decisiones, es definitivamente parte de esa coctelera.