Gobierno logra aprobación de la Ley de Educación Superior y cierra cuatro años de reformas

Tras 18 meses de trámite legislativo y casi cuatro años de discusión con estudiantes, rectores y organizaciones, la Cámara aprobó ayer la Ley de Educación Superior, uno de los proyectos emblemáticos de la administración de Bachelet y uno de los que desató una mayor división en la Nueva Mayoría.

El proyecto crea una subsecretaría y una superintendencia para el sector, adecúa las normas de acreditación de los planteles y fija por ley el avance de la gratuidad, de acuerdo a las condiciones económicas del país, para avanzar desde el 60% de cobertura actual hasta la universalidad.

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"Chile es hoy mejor que ayer, porque cuenta con una Ley de Educación Superior que da garantías en fe pública a las familias y estudiantes de Chile de que van a poder estudiar en instituciones acreditadas, en que la calidad de la educación es lo que importará", dijo la ministra del ramo, Adriana Delpiano, quien cerró así cuatro años de reformas, que van desde la educación parvularia hasta la Carrera Docente y la desmunicipalización de los colegios (ver pág. 25).

El proyecto estaba en su tercer trámite y ayer la Cámara aprobó los cambios que hizo el Senado. Sin embargo, los diputados fueron críticos de algunas modificaciones, en especial de las que sufrió la superintendencia, por considerar que se les redujo sus facultades.

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Yasna Provoste (DC), quien en marzo será senadora, acusó a esa Corporación de "quitarle a la superintendencia la facultad de verificar la viabilidad financiera (de las instituciones) y de solicitar información a las partes relacionadas (…). Se le quita la capacidad de evaluar la ampliación de la matrícula y eso quedará en manos del mercado".

La misma crítica lanzó Cristina Girardi (PPD), quien explicó que "la superintendencia tiene que llevar un registro público de las sanciones a las instituciones y eso quedó reducido sólo a los últimos cinco años (de historial). No me parece que se borre el historial delictivo de algunas instituciones para que entren 'blanqueaditas' al sistema".

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Pero el resto del oficialismo, pese a que lamentó este "recorte" en las facultades, apoyó el proyecto. "Hay que preguntarse si este proyecto significa un retroceso sobre lo que aprobamos en la Cámara o si es un retroceso sobre la realidad actual. Pero este proyecto hace que el sistema sea sin fines de lucro, gratuito e inclusivo", dijo Camila Vallejo (PC).

Lo cierto es que es que la reducción de las facultades de la superintendencia fue parte de un acuerdo entre Chile Vamos y el Ejecutivo, para evitar que la derecha acudiera al Tribunal Constitucional. Por ello, los diputados de esa coalición ayer votaron a favor de los cambios.

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"Después del paso por el Senado, tengo que reconocer que este proyecto ya no me da vergüenza, que cambió de manera sustantiva y para mejor", afirmó Jaime Bellolio (UDI), quien advirtió que "eso no significa que estemos de acuerdo con todo lo de este proyecto".

En tanto, por la tarde, la misma Cámara aprobó el proyecto de universidades estatales, que fija un marco regulatorio y un fondo de apoyo para los 18 planteles fiscales y que contaba con mayor consenso que el proyecto anterior. La noticia fue celebrada por los rectores del sector, quienes se reunirán esta mañana en La Moneda con la Presidenta Bachelet para compartir su opinión sobre la nueva legislación.

Por otra parte, ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, anunció un último proyecto educacional: el que reemplaza al Crédito con Aval del Estado (CAE). "En la próxima sesión de la Cámara vamos a ingresar el proyecto que la Presidenta comprometió", dijo, el que contemplará una eventual condonación para algunos estudiantes y "un sistema a futuro donde los que permanezcan en los quintiles más bajos de ingreso no paguen", como el que propuso Alejandro Guillier.