Torres y más torres. No es raro mirar por la ventana de un edificio y encontrarse con una infinita cantidad de infraestructuras de acero con más de una antena en su tope. No es raro caminar por cualquier zona de Santiago y que las personas hablen por celular. Tal como no es raro que las compañías de telefonía móvil hayan desplegado de forma desmedida torres para hacer frente a la gran demanda de los usuarios. "Todos quieren estar conectados, pero nadie quiere antenas", es la premisa que se ha instalado y a lo que se intenta hacer frente con la ley de torre de antenas que las compañías han debido integrar a su despliegue de redes desde junio de 2012.

Son 222 las zonas saturadas que fueron identificadas por la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) y que debían intervenir las empresas de telefonía móvil. La normativa es clara: se debe reducir el número de infraestructura a una o dos (con previa autorización) para terminar con los llamados bosques de antenas, donde había casos de incluso 5 compañías instaladas cada una con su monoposte en un radio menor a 100 metros a la redonda.

La solución más recurrente en estos casos ha sido compartir infraestructura, dejar dos torres (dado el nivel de carga que tienen y que en pocos casos se puede sostener sólo en una) y botar las que ya no sirven. Algo que suena simple, pero que ha involucrado una inversión de al menos US$120 millones, y que ha permitido eliminar más de 200 torres. Si se considera que en promedio cada torre soporta 10 antenas, en un año las empresas han bajado unas dos mil antenas.

"La inversión que se ha realizado es de US$120 millones, pero es perfectamente factible que lleguemos a US$150 millones a fin de año en lo que respecta al trabajo en las zonas saturadas; eso no termina ahí, después viene el trabajo en zonas sensibles que puede ser mucho dinero. Aún no está calculado, porque las compañías se han concentrado en esta primera etapa", asegura Guillermo Pickering, presidente de la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo).

Respecto a los procedimientos para mitigar los impactos que puede tener la normativa, Andrés Leiva, gerente Proyecto Ley de Antenas de Movistar, detalla: "Lo primero es medir permanentemente los niveles de servicio que tenemos en cada sitio intervenido. Esto nos permite objetivar la calidad de nuestro servicio y, a partir de ello, diseñar estrategias de mitigación eficientes. En cuanto a los efectos de la reducción de las alturas de las torres, lo que hacemos es espejar las antenas, lo que consiste en duplicar las antenas antes de desconectar las antiguas para asegurar que el servicio que prestamos no sufra impactos. Esta forma asegura que no existan los blackouts de cobertura  o perdidas de servicio durante o después de la ejecución de los trabajos".

Gianpaolo Peirano, director Legal y Regulatorio de Claro Chile, detalla que "para dar cumplimiento a la normativa, en nuestro caso ya hemos bajado alrededor de 100 torres a lo largo del país, con una mayor concentración en Región Metropolitana".

Si bien las empresas descartan que este escenario haya incidido en una baja en el servicio, no se puede desechar la posibilidad de que la dificultad de conectarse a la red que experimentan en algunas ocasiones los usuarios esté asociada, primero, a la gran demanda de datos y, segundo, a los efectos de la ley de torres. "La calidad del servicio fue un tema que advertimos cuando se aprobó la normativa. Dijimos que íbamos a hacer todos los esfuerzos para no deteriorar la calidad de servicio y eso ha sido así. La industria, ciertamente, hoy tiene una dificultad adicional. El propósito de la ley fue generar mayores restricciones de instalación de torres, en ningún caso facilitar su instalación para el futuro. Obviamente que debe haber alguna influencia y puede tener incidencia en temas de calidad de servicio, pero la industria ha hecho un esfuerzo adicional para evitarlos, incorporando tecnologías de punta", asegura Pickering.

"Para medir la efectividad de las comunicaciones móviles utilizamos dos indicadores claves de calidad de servicio, como lo son la tasa de corte y tasa de llamadas no establecidas. Nos aseguramos de estar en línea con un estándar internacional que garantiza la disponibilidad y excelencia del servicio para que nuestros clientes puedan comunicarse. Adicionalmente, verificamos que en la zona donde se produjo la intervención, la cantidad de tráfico se mantenga dado que se optimiza la red para redistribuir en otras radiobases cercanas", explica Leiva.

Peirano enfatiza en el desafío que ha significado para Claro. "Hemos realizado los esfuerzos técnicos, económicos y humanos para adaptarnos a las nuevas condiciones a la mayor velocidad posible sin afectar la calidad del servicio. Sabíamos que sería un gran desafío por el tipo de servicio que prestamos. Creamos un equipo al interior de la empresa, que hace seguimiento semana a semana a los avances en el cumplimiento de la ley", destaca.

Respecto a los plazos que se manejan para llevar a cabo la normativa, las compañías coinciden en que durante agosto cumplirán la primera etapa que corresponde a la intervención de 120 zonas saturadas y en noviembre esperan completar el 100% de los bosques declarados por Subtel.