La economía y la política van en general por líneas equidistantes. Sin embargo, las decisiones políticas tienen una injerencia importante en el desarrollo de la actividad. Esa relación cobra aún más relevancia este año al ser uno cargado de elecciones.

Ese es el marco que engloba el análisis que hace Credit Suisse sobre el devenir de Chile. En su diagnóstico afirma que el mercado estará enfocado en dos principales desarrollos. La primera será la votación popular del 11 de abril para elegir a los 155 miembros de la convención constitucional que redactarán una nueva Constitución, mientras que el segundo serán las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 21 de noviembre, con una posible segunda vuelta el 19 de diciembre.

”Las encuestas disponibles recientes (incluidas Cadem y Activa) muestran una carrera abierta con candidatos líderes obteniendo intenciones de voto en los dos dígitos bajos”, puntualiza el reporte.Por esta razón, al ser un año de elecciones, el informe pone énfasis en estos acontecimientos. “El principal riesgo que vemos es que surja una ola populista, una que explota el descontento social justo en momentos en que se comienza a recuperar de la crisis sanitaria y económica”.

En este contexto, Credit Suisse subraya que habrá “incentivos políticos para el exceso de promesas, más allá de los estándares habituales, lo que podría ser problemático dado que una nueva Constitución estará en proceso”. En ese ámbito de su análisis se plantea una serie de preguntas preocupantes. “Si alguien quiere ser parte de la convención constitucional, ¿por qué no ofrecer a los votantes el derecho constitucional a una educación gratuita y de alta calidad? ¿Qué tal con hacer campaña sobre el acceso constitucional y derechos generosos de pensión, vivienda y servicios de salud, entre otros”.

Añade que “¿habrá alguna campaña presidencial esperanzadora en una plataforma fiscal austera? ¿Quién pedirá el fin del actual estímulo fiscal?”. Por estas razones, la entidad financiera cree que “en 2021 podría ser el año de inflexión para el diseño de la política macroeconómica, aunque admitimos que la votación final sobre la Constitución propuesta no sucederá hasta finales de 2022”. Advierten que todo esto puede tener impactos en las finanzas públicas.

Aunque anticipan una leve mejora en las cuentas fiscales en 2021, proyectan un déficit fiscal de 9,0% del PIB, por debajo del 10,6% del PIB del año pasado. “Como señalamos anteriormente, el mayor riesgo de las cuentas fiscales será político. “Quién se convertirá en Presidente, qué partidos controlan el Congreso, cuáles son los contenido de la nueva Constitución”.