Director del Centro de Acción climática de la PUCV: “Hay una desconfianza establecida de cómo se comporta el SEIA en un gobierno de derecha”

MARCELO MENA Mario Tellez/La Tercera

El exministro Marcelo Mena cree que reformar el SEIA en estos momentos no es conveniente. Además, estima que los equipos económicos de los gobiernos no ven a este tipo de reformas como una inversión, sino como un costo.




Conocido hace años como “el hombre cero emisión” y, hace menos (2017), por su protagonismo en el rechazo al proyecto minero Dominga a manos del Comité de Ministros por la Sustentabilidad cuando era ministro del Medio Ambiente, hoy, Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la PUCV, comienza a aparecer cada vez más en los círculos sustentables locales, luego de su paso por dos años en el Banco Mundial. Hace unos días se anunció su participación en el comité asesor para la elaboración de la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde (ver nota relacionada), junto a otros personajes como Ricardo Lagos, Vivianne Blanlot, Klaus Schmidt-Hebbel y Gonzalo Muñoz.

Anteayer tuiteó una serie de comentarios acerca de la decisión del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de sacar de las prioridades legislativas el proyecto que busca reformular el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aunque la misma jefa de dicha cartera, Carolina Schmidt, dijo que el tema no saldría de la agenda ambiental del gobierno. “A mucha gente no le interesa reformar el SEIA, especialmente a ciertos sectores. Y para hacerlo, hay que gastar mucho capital político. Además, tengo la impresión de que un gobierno de derecha no necesariamente puede impulsar este tipo de reformas”, dice Mena.

¿Por qué?

-Hay una desconfianza establecida acerca de cómo se comporta el SEIA en un gobierno de derecha. Por ejemplo, si miramos para atrás, los gobiernos de Piñera nunca han utilizado la instancia del Comité de Ministros para un rechazo. Eso cambia la relación que se establece con algunos parlamentarios y, por lo tanto, hace muy difícil este tipo de tramitación.

¿O existen otras prioridades ahora en el Parlamento?

-No es que sea poco interesante para el parlamento. Pero será difícil de tramitar en comparación con otros temas que son mucho más clave, como la Ley Marco de Cambio Climático o el caso del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Pero a usted también le tocó dificultades con parlamentarios en la discusión de cambios al SEIA cuando era ministro.

-Es que muchas veces ellos no están pensando en el SEIA en términos generales, sino en los conflictos locales que tienen con proyectos de inversión específicos. Desde un parlamentario que tiene problemas en su zona con las chancherías a otro que tiene un conflicto minero. Esto hace que el trámite legislativo no sea estratégico y no tenga mirada a largo plazo, sino, una mirada bastante “cosista”. Por lo tanto, creo que ese tipo de reformas hay que hacerlas al comienzo del gobierno y con mucha fuerza y no hacia la segunda mitad.

¿Qué otros factores son difíciles en este tipo de reformas?

-Cuando me tocó implementar reformas al SEIA, logramos un reglamento más amplificado y solicitamos un aumento del financiamiento para agilizar los trámites. Pero cuando fui a Hacienda para pedir presupuesto, me encontré que no había ninguna voluntad. Esa es la incoherencia que a veces uno se encuentra en los sectores económicos del gobierno, lo que no necesariamente cambia de un gobierno a otro.

¿Y esa incoherencia, entonces, se explica también en el conflicto entre el equipo económico y el medioambiental cuando se rechazó el proyecto Dominga el 2017?

-Incoherencia de querer mejorar el sistema de evaluación ambiental, pero no financiar la mejora. Ese es el problema de fondo. ¡Imagínate que el SEIA es por donde pasa toda la inversión de Chile!

¿Tomando en cuenta el panorama actual, cree que para reactivar la actividad económica y el empleo se pasen por alto algunas exigencias medioambientales, o bien, cumplir con el mínimo?

-Lo que ha demostrado la institucionalidad ambiental en los últimos años, con la presencia de tribunales ambientales, con la Corte Suprema, el Comité de Ministros actuando y los sistemas de participación ciudadana es que los grandes proyectos de inversión tienen que tramitarse de forma correcta. Acortar camino simplemente los va a poner en tela de juicio y es una receta para el fracaso.

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