El TC y el litio

El desarrollo del litio en Chile ha avanzado más lento de lo que muchos deseamos. A todos los problemas regulatorios que la afectan, se suma el hecho que, en nuestro país, aún se generan diferencias ideológicas en torno a quien debe explotarlo: si el Estado como dueño del litio o bien los privados vía autorización estatal.

Aunque hoy nada justifica desde un punto de vista técnico ni de mercado que el Estado siga siendo el dueño exclusivo de este mineral, lo cierto es que la viabilidad política de modificar el marco constitucional aplicable resulta impracticable. Por ello es que han surgido propuestas para avanzar en esta materia, sea aprobando una ley que regule la forma de explotar este mineral por parte de los privados, o sea, dictando un reglamento con idéntico fin.

Aunque sigo siendo crítico de la forma en que el Estado de Chile optó por asegurar la participación de Codelco en la industria del litio en un intento por dificultar el ingreso de privados en el Salar de Maricunga, no puedo desconocer que un acuerdo entre la empresa estatal y un actor privado para buscar una fórmula de asociación que permita hacer labores de explotación y explotación del litio en dicho Salar me permiten ver con mayor optimismo la posibilidad de que finalmente ingresen a esta industria nuevos actores.

Una noticia que pasó "colada" en los últimos meses fue el fallo del Tribunal Constitucional, de fecha 17 de julio de 2019, que rechazó un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por un grupo de propietarios de concesiones mineras en el Salar de Maricunga. Llama la atención el hecho que el Tribunal, teniendo la posibilidad de rechazar el recurso por no cumplir "suficientemente con los requisitos formales exigidos", haya optado sin embargo, apartándose de sus funciones estrictamente jurisdiccionales, en desempeñar un rol de fijador de política pública sobre el litio, al establecer una serie de consideraciones sobre el papel del Estado en el desarrollo de esta industria.

La forma en que ha procedido el TC y las recomendaciones que ha planteado en torno al rol del Estado en el litio, podrán ser discutibles o no. Lo que no es discutible es que el TC ha abierto una puerta para que finalmente se pueda avanzar en el desarrollo del litio en Chile, pudiendo al efecto el Estado de Chile recurrir a la explotación directa, a la concesión a privados y/o fórmulas de asociación público-privada (APP). La posibilidad de que el Salar de Maricunga se sume al Salar de Atacama como uno de los polos de desarrollo de esta industria a nivel mundial, a través de una APP, se acerca cada día más. Pero el tiempo apremia y se necesitan acciones concretas y rápidas.