El espaldarazo de Fitch a Piñera y Larraín: gasto para reforma previsional no afecta meta fiscal del gobierno

El gobierno presentó el proyecto de reforma previsional con un costo total en régimen de US$3.500 millones. Esa cifra de inmediato comenzó a recibir las críticas de varios economistas y ex ministros de Hacienda, entre ellos, Nicolás Eyzaguirre, Andrés Velasco y Rodrigo Valdés.

Todos ellos de distintas formas mostraron su preocupación incluso el más confrotancional fue Velasco: "Si se mira la cifra de US$3.500 millones, el informe financiero no es claro y las declaraciones de los personeros de gobierno tampoco son claras. Estamos entrando en una dimensión de populismo fiscal, porque hay varios proyectos de ley a los que les pasa lo mismo".

En esa misma línea, Eyzaguirre afirmaba que "el proyecto de pensiones me parece completamente irresponsable, por la cantidad de gasto fiscal que supone en el futuro". Ante estos cuestionamientos, desde el gobierno han señalada en reiteradas oportunidades que los recursos provendrán de las holguras fiscales.

Todos estos mayores recursos destinados para la reforma previsional podrían tener impacto en la trayectoria de consolidación fiscal que trazó el gobierno y afectar la clasificación de riesgos. No obstante, pese a estas dudas, Fitch Rating respaldó al gobierno.

El analista de la clasificadora de riesgo para nuestro país, Todd Martínez, dijo que "la reforma previsional impulsada por el gobierno está en línea con nuestras expectativas y lo que el Presidente (Piñera) indicó durante su campaña, por lo que no cambia nuestras proyecciones fiscales".

En este contexto, Martínez subrayó que si bien tiene un costo fiscal apreciable en régimen, con una implementación gradual hasta 2030 hay flexibilidad para determinar cómo si financiara a través del presupuesto anual, con aumentos tributarios o por recortes en otras áreas.

En ese sentido puntualizó que "en nuestra visión, una meta de consolidación fiscal estructural bastante lenta (0,2pp del PIB por año) fue escogida precisamente para atender a demandas sociales de este tipo, y que sigue bastante alcanzable. Junto con el rebote en los ingresos cupríferos, debe estabilizar la deuda pública en el entorno de 27% del PIB en los próximos años".