Estamos a tiempo

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Los servicios basados en plataformas móviles gozan de amplia aceptación, toda vez que democratizan y transparentan servicios, además de ofrecer una fuente de ingresos adicionales para decenas de miles de personas y familias. Es clave que el país cuente con una normativa acorde a los tiempos que se viven.


Vivimos en una época de grandes cambios. Atrás quedó la llamada era digital para dar paso a un modelo donde la usabilidad y acceso de servicios colaborativos a través de plataformas móviles se vuelven parte del paisaje. Este nuevo contexto demanda cambios profundos, suponiendo una necesaria modernización de los marcos regulatorios en el entendido que estos deben ser neutros, no proteccionistas y promotor de los intereses generales por sobre los particulares.

Los servicios basados en plataformas móviles gozan de amplia aceptación, toda vez que democratizan y transparentan servicios, además de ofrecer una fuente de ingresos adicionales para decenas de miles de personas y familias. En aquellas de transporte, estas han ayudado a reducir las cifras de mortalidad por accidentes de tránsito y la congestión de la ciudad. Permiten un servicio que se puede brindar en todo el territorio a un precio accesible y con mínimas barreras de entrada para sus operadores. Ofrecen una experiencia al usuario donde la transparencia y la seguridad juegan un rol cada vez más relevante. Por tanto, no es casualidad entonces que más del 95% de la población las valore positivamente.

En este escenario, es clave que el país cuente con una normativa acorde a los tiempos que se viven, y, por sobre todas las cosas, que integre adecuadamente a los distintos medios de transporte, sus impactos positivos y garantice una eficiente fiscalización por parte de las autoridades. Eso sería lo esperable.

Sin embargo, la realidad dista mucho de eso. Somos testigos de un proceso regulatorio que no ha puesto a las personas y a la ciudad en el centro de su foco. Por el contrario, privilegia las barreras de entrada, muchas de ellas incluso discriminatorias, y la sobreprotección de un servicio por sobre otro, perjudicando a usuarios y conductores.

Fijar la antigüedad de los vehículos en 3 años para su registro, establecer ex ante el congelamiento el registro de conductores con un número fijo de conductores previamente habilitados con obligatorio uso de licencia profesional, manteniendo las condiciones de obtención, es definitivamente no comprender este nuevo escenario.

Este esfuerzo regulatorio, lejos de modernizar y adaptar al país a lo que viene, está transformando este servicio en uno de élites carente de todo sentido.

Avancemos en una ley que promueva los derechos de los usuarios y conductores, la sana competencia, el desarrollo de la economía y un servicio democrático para todos los habitantes de nuestro país. Estamos a tiempo.

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