Europa obligará a regularizar a millones de ‘riders’ y trabajadores de reparto: quiere acabar con la precarización del empleo en las plataformas digitales

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Actualmente, más de 28 millones de personas trabajan a través de estas compañías en la UE y para 2025 se espera que ese número se eleve a los 43 millones




La Comisión Europea quiere acabar con la precarización del empleo en las plataformas digitales y exigirá condiciones “justas” para los riders y los trabajadores de plataformas. Actualmente, más de 28 millones de personas trabajan a través de estas compañías en la UE y para 2025 se espera que ese número se eleve a los 43 millones, y el ejecutivo comunitario calcula que en estos momentos unos 5,5 millones trabajan como falsos autónomos.

En este escenario, la Comisión ha propuesto este jueves criterios para determinar si los empleados de plataformas digitales como Amazon, Uber, Deliveroo, Cabify o Delivery Hero, entre otras muchas, son efectivamente trabajadores de plantilla, con el objetivo de evitar la proliferación de falsos autónomos y garantizar sus derechos laborales.

La directiva, que se parece mucho a la Ley riders aprobada por España y que entró en vigor el pasado agosto, plantea cinco criterios y, si se cumplen al menos dos de ellos, se considerará que la plataforma emplea al trabajador y que este forma parte de la plantilla de la empresa. Entre los criterios que plantea Bruselas, figura que la empresa establezca el nivel de la remuneración o que supervise la elaboración del trabajo mediante medios electrónicos.

Asimismo, que restrinja la libertad para elegir las horas de trabajo o los periodos de ausencia, para aceptar o rechazar tareas y para usar subcontratistas o sustitutos. El cuarto criterio es que la plataforma establezca normas vinculantes sobre el aspecto, como la obligación de llevar uniformes con el logo de la compañía, sobre la conducta con el cliente o sobre el desempeño del trabajo. Igualmente, se incluye que la empresa restrinja la posibilidad de que el empleado construya una base de clientes o trabaje para otras compañías.

Si se cumplen dos o más de esas condiciones en la relación laboral entre la plataforma y el trabajador, se considerará que el individuo es un empleado de plantilla y tendrá derecho al salario mínimo, a la negociación colectiva, a las vacaciones pagadas o a un mejor acceso a la protección frente a accidentes laborales, a las prestaciones por desempleo y por enfermedad, así como a las pensiones contributivas de vejez.

El comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, aseguró en rueda de prensa que “nadie” intenta “matar, detener u obstaculizar” el crecimiento de las plataformas digitales con las propuestas presentadas. Defendió que Bruselas desea que ese modelo económico “prospere”, pero dijo que “debería adecuarse a nuestros estándares, incluidos los sociales”. Entre 2016 y 2020, los ingresos en la economía de plataformas crecieron desde los 3.000 millones los 14.000 millones.

La Comisión explicó que las nuevas formas de trabajo conllevan nuevos desafíos. “Se hace cada vez más difícil clasificar correctamente la situación laboral de las personas, lo que en algunos casos lleva a una protección social y unos derechos laborales inadecuados”. En este contexto, Schmit se preguntó “¿por qué algunas empresas no deberían estar obligadas a cumplir los mismos estándares sociales que otras contra las que compiten fuera de la economía de las plataformas? Es una cuestión de competencia justa”, subrayó.

En cualquier caso, tanto las plataformas como los empleados tendrán la posibilidad de impugnar la designación de las personas como trabajadores de plantilla mediante procedimientos judiciales o administrativos. Si es la empresa la que se opone, corresponderá a la compañía demostrar que no existe relación laboral con el trabajador. Si, por el contrario, es el trabajador el que rechaza la designación como empleado de plantilla, la plataforma deberá contribuir a la “resolución adecuada” de los procedimientos, “en particular, proporcionando toda la información relevante”, indicó Bruselas en un comunicado.

“Los criterios claros que propone la Comisión aportarán a las plataformas una mayor seguridad jurídica, reducirán los costes de los litigios y facilitarán la planificación empresarial”, señala la Comisión

Fuentes comunitarias precisaron que los cinco criterios elegidos se basan en la jurisprudencia europea y de los Estados miembros sobre la materia. Por tanto, son principios que tribunales del club comunitario han utilizado para confirmar una relación laboral entre un empleado y una plataforma.

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La Comisión espera que con la directiva, que deberá pasar por el Consejo y por el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor, entre 1,7 millones y 4,1 millones de personas vean reconocida su condición de trabajador de plantilla de las plataformas digitales. Otros podrían convertirse en auténticos autónomos, “ya que algunas plataformas podrían ajustar su modelo de negocio”, detalló Bruselas.

La directiva, al igual que la Ley riders española, cubre la gestión mediante algoritmos, que cada vez más sustituye a los gerentes a la hora de asignar tareas, monitorizar y evaluar el trabajo realizado, proporcionar incentivos o imponer sanciones. La propuesta incrementa la transparencia en el uso de los algoritmos por parte de las plataformas, asegura el control humano sobre el respeto de las condiciones de trabajo y otorga el derecho a impugnar decisiones automatizadas. Esos nuevos derechos se aplicarán tanto a los trabajadores de plantilla como a los auténticos autónomos.

Las reacciones fueron variadas. Algunas plataformas como Just Eat Takeaway acogieron hoy “con satisfacción” las reglas propuestas por Bruselas. Su director general, Jitse Ghoen, aseguró que “como mayor plataforma de reparto de comida a domicilio de Europa, acogen y apoyan plenamente” la directiva “para mejorar las condiciones de los trabajadores y ayudarles a acceder a la protección social”.

Por contra, los grupos de presión Delivery Platforms Europe, que incluye a Uber, Deliveroo, Glovo y Delivery Hero, y Move EU alertaron de que las medidas propuestas darían lugar a una pérdida de puestos de trabajo y menos ingresos para las empresas del sector. También apuntaron que para los ciudadanos podría derivar en un pequeño aumento de precios y un peor servicio.

Move EU aseguró que “la gran mayoría de conductores no quiere tener un contrato de trabajo y las encuestas en toda Europa muestran constantemente que no quieren perder la flexibilidad y los ingresos adicionales que obtienen al poder trabajar para múltiples plataformas simultáneamente”.

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