Hoja de Ruta de Economía Circular proyecta 100 mil nuevos empleos verdes en 9 años

Luego de dos años de diagnósticos, estudios y participación de varios actores, esta semana el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad lanzó la Hoja de Ruta de Economía Circular, una especie de carta de navegación para tratar de lograr un desarrollo económico más sostenible, basado en un modelo donde los productos e insumos se pueden recuperar y tener más vidas. O sea, dejar la lógica de extraer-producir-consumir-botar y cambiarla por un modelo más sustentable.

El objetivo es conseguir varias metas a nivel nacional para 2030 y para 2040. Por ejemplo, para fines de esta década se espera lograr 100 mil nuevos empleos verdes (fuentes de trabajo que provengan de productos o servicios circulares) y para 2040, llegar a 180 mil. Otra meta indica que en 10 años se aumente en 40% la tasa de reciclaje a nivel nacional y que esta suba a 75% en cerca de 20 años (ver tabla).

Para hacerse una idea, se espera que, a nivel global, la economía circular genere US$ 4,5 billones al 2030, creando cerca de 95 millones de nuevos empleos. Además de reducir en un 33% las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

Para lograr alcanzar estas metas, se propone una serie de 27 iniciativas, cada una de las cuales contiene distintas acciones. Estas se agrupan en torno a cuatro grandes ejes de acción: innovación circular, cultura circular, regulación circular y territorios circulares.

Por ejemplo, el eje de innovación pone el foco en la necesidad de fomentar que la innovación y la creatividad del sector productivo se enfoquen en la implementación de sistemas de producción de menores impactos socioambientales a lo largo de los ciclos de vida. “La visión que inspira a esta iniciativa es la de un país en el que nada se pierde, sino que todo se transforma para el bienestar de sus habitantes y del planeta. Así, este plan maestro se elaboró como un gran acuerdo país sobre los pasos que debemos dar para transformarnos hacia un modelo circular”, comenta la ministra del Medio Ambiente (MMA), Carolina Schmidt, refiriéndose al proceso que se hizo para llegar a esta hoja de ruta.

El desarrollo de la hoja ha sido impulsado por un Comité Ejecutivo en el que participan representantes del MMA, Corfo, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), el Consensus Building Institute (CBI) y la Fundación EuroChile. Además, el proceso ha contemplado la participación de un comité estratégico, máximo órgano de orientación estratégica, compuesto por 33 representantes del mundo público, el mundo privado, la sociedad civil y la academia. Y se ha constituido, adicionalmente, un comité asesor internacional. También han participado invitados expertos en distintas temáticas a tratar, representantes de regiones y la ciudadanía.

“Nos encanta haber sido parte de una instancia donde se pudieron debatir y generar soluciones a problemáticas de vital importancia para nuestro bienestar y calidad de vida. Esperamos que lo planteado se lleve a la práctica, siempre considerando la participación de la sociedad civil y que siga quedando claro que no hay espacio para la incineración en Chile”, señala Macarena Guajardo, directora de Fundación Basura, acerca de lo que fueron estos dos años de ajuste de la hoja de ruta.

Por su parte, Giovanni Calderón, director ejecutivo de la ASCC, indica: “Estamos muy satisfechos del fruto de este trabajo público-privado, porque representa un tremendo salto hacia una transformación profunda de nuestras actividades de producción y consumo, que nos permitirá erradicar el problema de la basura en los próximos 20 años y convertirnos en un país eficiente en el uso de los materiales”.

Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente, también considera muy positiva la creación de la Hoja de Ruta de Economía Circular, pero advierte que aún existe una debilidad institucional: “Incluso con leyes dictadas como la Ley de Reciclaje (REP), no hay financiamiento proporcional al tamaño del desafío, por lo que debemos ver cómo estas metas establecidas en la hoja de ruta se transforman en leyes y en el financiamiento que permita que se ejecuten”, indica el director del Centro de Acción Climática de la PUCV.P

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