Jéssica López, del gremio de empresas sanitarias: “Debemos alertar que es clave cuidar la industria y su cadena de pagos”

Jéssica López, del gremio de empresas sanitarias: “Debemos alertar que es clave cuidar la industria y su cadena de pagos”

La vocera del sector sanitario dice que este invierno se prevé seco y las empresas están actuando bajo esa premisa para que la población no sufra alteraciones en su suministro.-Respecto a la suspensión de pagos, pide que sea focalizada en familias vulnerables y señala que ha pedido que los beneficiados tengan un límite de consumo.




Un verano tranquilo, pese a la preocupación por las condiciones de disponibilidad de agua, tuvo la industria sanitaria. Pero el sector rápidamente tuvo que cambiar el chip y comenzar a ocuparse de las consecuencias de la crisis sanitaria.

“Logramos salir adelante sin que las personas vieran afectada la calidad y continuidad del servicio de agua potable, pero las compañías tuvieron que aumentar la compra y arriendo de agua cruda y recurrir a una mayor proporción de fuentes subterráneas y profundizar los pozos, lo que demanda un mayor uso de energía”, cuenta López en relación a lo ocurrido a comienzos del año.

Respecto a la crisis sanitaria, asegura que la industria ha dado facilidades a los clientes y refuerza el compromiso del sector de que ninguna familia que no pueda pagar la cuenta se quedará sin suministro. Pero advierte que es necesario que esto se focalice en las familias vulnerables, no en quienes sí pueden pagar.

¿Cómo se proyecta este invierno?

-Este invierno se prevé seco y las empresas están actuando bajo esa premisa. Si llueve más de lo previsto, tanto mejor, pero mientras tanto las compañías trabajan para minimizar los riesgos.

¿Cómo se está anticipando la industria para evitar un racionamiento?

-Se están ejecutando obras de infraestructura en distintas regiones del país, por ejemplo, en la Región Metropolitana continúa el trabajo para contar con una ciudad más resiliente y preparada para emergencias climáticas. También nos alegra que, en dos cuencas muy afectadas, Aconcagua y Maipo, los actores de interés han logrado acuerdos para que se incremente el agua destinada a las personas por sobre otros usos productivos. En particular, agradecemos a la agricultura, que ha actuado con gran altura de miras, priorizando el consumo humano por sobre su propio interés.

Los costos de las inversiones que la industria está ejecutando para paliar la sequía, ¿tendrán impacto en tarifas?

-En la actualidad las empresas están desarrollando inversiones en orden a garantizar que el próximo verano, aun en un escenario más pesimista que el 2019, la población abastecida no sufra alteraciones en su suministro. En cada cuenca esas inversiones están identificadas y en ejecución. Respecto de su impacto en tarifas, depende de las características de las obras y de la población a la que benefician y, conforme al modelo tarifario, se van reconociendo en la medida que entran en operación, a lo largo del tiempo, y considerando su vida útil.

¿Ven una situación de sequía estructural?

-Evidentemente, cuando una sequía se prolonga por tantos años, y los estudios muestran que esa situación se mantendrá, entonces es mejor aceptar que en Chile el clima cambió y como país debemos adaptarnos a esta nueva realidad, caracterizada por una menor disponibilidad de agua en las fuentes usuales y aumento de la temperatura, entre otros impactos. Esto nos obliga a estudiar la experiencia de otros países que han podido resolver esta situación. Hablamos entonces de una gestión del ciclo del agua incorporando nuevas fuentes, y con incentivos para un uso cuidadoso de este recurso por parte de todos los usuarios: las personas, la agricultura, la industria sanitaria, minería e industria, para asegurar el recurso para nuestros descendientes.

Producto la crisis sanitaria, ¿Esperan una caída fuerte en el pago de las cuentas?

-Es prematuro aún tener claridad de todos los efectos que tendrá esta crisis en la recaudación de las compañías. Sin embargo, la tendencia en otros países es a una baja, y aquí se confirma esa tendencia.

¿Qué han visto en estas últimas semanas respecto a la recaudación de cuentas?

-Hay personas que pagan sus cuentas en forma presencial y que no han podido hacerlo en este período, aunque parte de ellos se ha movido a pago online; el consumo de agua de clientes comerciales ha tenido una caída muy importante, no compensado por el marginal aumento de consumo de agua en los hogares; el aumento de la morosidad por las dificultades económicas que están enfrentando muchas familias chilenas: hoy son cerca de 500 mil familias que no han podido pagar su cuenta, y a quienes no se ha cortado el servicio, como comprometimos desde el inicio de la pandemia.

¿Qué pasará con aquellas familias que no puedan pagar sus cuentas?

-La industria está dando facilidades de pago a las familias más vulnerables y las afectadas por la crisis económica, para postergar las cuentas de estos meses, y pagarlas después, en 12 cuotas sin intereses ni multas. En cualquier caso, nuestro compromiso sigue en pie: ninguna familia quedará sin suministro en esta pandemia si no puede pagar su cuenta. Llamar la atención aquí sobre la importancia de que las personas y empresas que pueden pagar sus cuentas lo hagan. Esta industria sigue funcionando a toda capacidad, pues tiene la responsabilidad de entregar agua a todos los hogares de las ciudades de Chile. Pero debemos alertar que es clave cuidar la industria y su cadena de pagos. Las obligaciones principales son con los trabajadores, proveedores y contratistas a lo largo de todo el país. También deben estar los recursos para mantener las inversiones que deben hacerse para enfrentar la sequía. Por ello el llamado a que las personas que pueden pagar su cuenta lo hagan, porque con ello aseguran que podemos seguir apoyando a los más afectados en esta crisis.

Un tema que se está pidiendo es el congelamiento de las cuentas. ¿Cuál es la postura de Andess?

-Empatizamos con todas las medidas que tiendan a facilitar la dura situación que están viviendo las familias más vulnerables de Chile, en términos de salud y también de su situación económica. En esta industria las tarifas las fija el regulador cada 5 años mediante un proceso técnico normado, y nos pareció que lo más importante era ayudar a las familias a través de suspender el corte del servicio por no pago, y dar facilidades para postergar el pago de estos meses. Hemos hecho un compromiso con Chile en el sentido de que ningún cliente quedará sin agua en esta pandemia, y ya hay cerca de 1,5 millones de personas beneficiadas con esta medida.

¿Cómo se debe llevar el proceso?

-Es de absoluta importancia que la suspensión de pagos sea focalizada en familias vulnerables, adultos mayores y personas que han perdido su empleo o se ha suspendido su contrato. Hay segmentos de la población del país que pueden solventar sus gastos por servicios básicos. Si esos sectores continúan pagando responsablemente sus cuentas, permitirán a las compañías seguir entregando beneficios sociales a los clientes que realmente los necesitan.

También hemos pedido que los beneficiados tengan un límite de consumo. Enfrentamos la crisis del Covid-19 y, en paralelo, la crisis por la sequía. El recurso agua es escaso, por lo que debemos establecer límites e incentivos claros y directos al consumo responsable y hacer un llamado a evitar el uso desmedido del agua. El objetivo es proteger el consumo humano y el uso sanitario del agua.

“Es esencial que reconozcamos lo exitoso del modelo público-privado”

-El año pasado el gobierno prometió una reforma a la industria sanitaria. Esto cobró mayor fuerza tras la crisis en Osorno por el corte de agua de 10 días que afectó en julio del año pasado. Sin embargo, hasta ahora, el Ejecutivo no presenta el proyecto de ley. La iniciativa incluiría multas más altas y compensaciones a los usuarios. La rentabilidad mínima de las sanitarias también asoma como uno de los cambios regulatorios.

¿Qué cambios proponen ustedes como industria a la regulación sanitaria?

-Los grandes principios que nos mueven son, en primer lugar, que los cuerpos de ley de nuestro país contengan la declaración de que, como sociedad, damos prioridad al agua para el consumo humano por sobre otros usos. Por otra parte, nos parece esencial que reconozcamos lo exitoso del modelo público-privado de gestión del ciclo del agua en Chile en los últimos 20 años para la provisión de servicios sanitarios continuos y de calidad en las ciudades de Chile. Dado eso, planteamos que los cambios que se introduzcan al marco regulatorio del sector incorporen los incentivos que nos permitan abordar los desafíos que enfrentamos como sociedad: en lo esencial, adaptarnos al cambio climático tanto a través de inversiones significativas como de cambios en el comportamiento de los usuarios. Esto quiere decir, por ejemplo, mecanismos que promuevan la reutilización del agua servida tratada y la adopción de estructuras tarifarias flexibles, que permitan incorporar incentivos ambientales al ahorro y a la vez beneficios sociales. Debemos asegurar el agua hoy y también para las futuras generaciones.

La propuesta actual, ¿permite asegurar que la calidad de servicio no se verá alterada?

-Todos los esfuerzos que hacen las empresas sanitarias están destinados a mantener calidad y continuidad del servicio, y así ha sido, incluso en las dos crisis que atravesamos en este momento, la pandemia y la de escasez hídrica, pero necesitamos señales adecuadas que nos orienten en ese sentido, dado que se requiere importantes inversiones para ello.

Estos cambios que ha mencionado el Ejecutivo, ¿qué efecto tendrán en las inversiones?

-Es muy aventurado hoy especular sobre ese escenario; lo que conocemos como proyecto, antes de que se iniciara la pandemia, no ha ingresado aún al Parlamento.

El gobierno mencionó modificaciones a la normativa para corregir elementos como la modelación tarifaria, ¿qué riesgos ven?

-Insisto, hasta ahora, lo que conocemos de la propuesta de la normativa son las presentaciones que han hecho el ministro y el superintendente de servicios sanitarios ante una comisión parlamentaria. Lo correcto es esperar a que haya un proyecto concreto, con disposiciones precisas, para poder emitir una opinión fundada y presentar también nuestras propuestas ante los legisladores.

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