José Ramón Valente: “El rol subsidiario del Estado como principio me parece correcto, lo mantendría”

El economista y exministro de Economía afirma que para el Estado de derecho lo que “es realmente importante” es que las reglas queden bien establecidas, sin ambigüedades, ya que la indefinición es lo que genera inmovilidad en las decisiones de inversión.


José Ramón Valente afirma que las constituciones no deben dejar escritos los modelos económicos, sino que tienen que entregar un marco para que las circunstancias y los momentos que atraviesan los países vayan definiendo cuál es la mejor estrategia de desarrollo. Asimismo, plantea que el rol subsidiario del Estado se debe mantener, pero al mismo tiempo se tiene que explicar bien a la ciudadanía qué significa, ya que si eso pasa se entendería de mejor manera y sería aceptado por la gran mayoría de los personas.

Hoy se define quiénes serán los encargados de redactar la nueva Constitución. ¿Cuál es la expectativa que tiene de este proceso?

-Soy un convencido de que todos somos hijos del tiempo y las circunstancias en que nos toca vivir, y eso ocurre tanto para las personas como para los países. Eso me lleva a pensar que es importante no dejar plasmadas esas circunstancias y tiempos actuales en las constituciones, sino que dejar que eso pueda variar en el juego democrático. Esto es bien relevante, porque una de las discusiones que vemos es si se debe dejar todo en la Constitución o dejar menos y permitir que las leyes y el juego democrático sea el que vaya viendo las cosas específicas de acuerdo con los momentos que atraviesan las sociedades.

En ese sentido, ¿no es partidario de dejar en la Constitución el modelo o estrategia de desarrollo que quiera seguir el país?

-Si dejamos escrito en piedra los modelos económicos no nos vamos a poder ir adaptando a las nuevas circunstancias de otras generaciones, por eso es mejor ir dejando principios, no el armado completo de la casa. Hay principios relevantes, como la libertad, la democracia; que Chile será un país democrático, con libertad para emprender, de asociación, de pensamiento, esas cosas tienen que estar como principios fundamentales.

¿Pero se debe buscar una nueva estrategia de desarrollo o modelo?

-Si toda la sociedad está pidiendo avanzar hacia un cierto lado, es necesario que el país se permita avanzar en esa dirección. Da la impresión que Chile quiere caminar hacia un Estado que le entregue más bienes y la oferta política, de centroizquierda y centroderecha, está avanzando hacia esa dirección, de un Estado más grande. Eso está bien. Pero eso no significa que el modelo o estrategia quede amarrada en la Constitución, sino que debe ser la guía para moverse y si en 20 años más se quiere volver atrás, a lo que teníamos antes, se pueda hacer.

¿Dentro de esos principios tiene que estar el rol que debe jugar el Estado, en el sentido de si mantiene o modifica la subsidiariedad?

-El rol subsidiario del Estado como principio me parece correcto, lo mantendría. Significa que el Estado va a intervenir en la medida que los privados no sean capaces de resolver los problemas. Lo que sí, se debe explicar bien, y si se hace, creo que los chilenos estarían de acuerdo con mantenerlo.

¿Definiría algunos sectores donde el Estado juegue un rol preponderante si los privados no cumplen?

-No explicitaría sectores específicos. Lo que sí haría es decir claramente que cuando un tema no es bien resuelto por los privados, el Estado entraría a solucionar el problema.

En cuanto al debate sobre los bienes públicos, como el derecho al agua, minerales o el suelo, ¿haría cambios?

-El tema de los bienes públicos se mezcla un poco con los derechos de propiedad. Lo que es realmente importante es que quede bien establecido cuál es la regla, que no quede ambigua. La ambigüedad respecto a las reglas es lo que genera inmovilidad y eso es lo que no debe pasar. La definición de las reglas es lo clave, más allá de cuáles sean esas reglas. Eso es lo que permite la toma de decisiones. Mi consejo a los convencionales es que no dejen reglas ambiguas. Más allá de cuáles sean esas reglas, lo importante para poder evaluar algún proyecto de inversión es mantener las reglas claras.

¿Cómo se puede mejorar la certeza jurídica del país, considerando lo que está pasando con las aseguradoras y el conflicto por el “retiro” de las rentas vitalicias?

-Hoy tenemos un régimen presidencialista. Eso hace que los temas de impuestos, gasto o el previsional sean de exclusiva iniciativa presidencial. Más allá de que eso sea así, todo indica que no está funcionando bien, y eso ha dado origen a todo lo que ha pasado. El Parlamento invade las atribuciones del Presidente y no pasa nada, eso significa que no está bien definido. Los regímenes parlamentarios que tienen iniciativa sobre temas de gasto o impuestos no han funcionado bien y la razón es que están sujetos a elecciones permanentes, versus a lo que pasa con el Ejecutivo, que no se reelige constantemente. Soy partidario de un régimen presidencial, pero entiendo que no está funcionando, y por ello, se debe cambiar y solucionar. Y una fórmula es que se les otorgue a los parlamentarios alguna posibilidad de influir. Una de ellas es que cuando el gobierno presente una iniciativa que implique gasto como impuestos o pensiones, vaya previamente con apoyo de un porcentaje grande del Parlamento y no se sientan que son solo un buzón. Que haya una conversación previa. También podría darse que en ciertas materias con presupuestos pequeños los parlamentarios puedan tener iniciativa, en la medida que convenzan al gobierno de que es una buena propuesta.

¿El tema de la responsabilidad fiscal debe quedar estipulado en la Constitución?

-Sería interesante que en materia fiscal la Constitución dijera que se debe formar alguna institución que se dedique a mirar las finanzas del país y realice presupuestos de largo plazo. Lo segundo sería que se pueda establecer un límite de endeudamiento respecto al Producto Interno Bruto (PIB), en el sentido de que se diga que tiene que haber un límite y ese límite se fije por ley. Esa es una forma de contar con una mayor responsabilidad fiscal.

Otra de las materias que serán muy debatidas son los derechos sociales y su respectivo financiamiento. ¿Cree que ambas deberían quedar estipuladas en la Carta Magna?

-Respecto a los derechos sociales habrá mucha discusión, y es medio inevitable que quede como una ambición de un país el querer entregar a los ciudadanos buena educación, salud y vivienda. Lo importante es que la obligación del Estado esté restringida a su capacidad financiera de otorgar esos derechos. Lo que debiera decir la Constitución es enunciar que debe haber pensiones dignas para los chilenos y que el Estado va a procurar los recursos para financiar esas pensiones de manera sostenible en el tiempo.

Sobre la autonomía del Banco Central y los objetivos que tiene, ¿se debe innovar?

-El Banco Central ha sido una de nuestras grandes instituciones que ha permitido mantener la estabilidad del país, la seriedad y lo ha demostrado durante este año de pandemia en forma importante. Ha sido una institución relevante en esta coyuntura. Y en eso, la autonomía ha sido fundamental. Se ha validado y es una institución que hay que cuidar y mantener con el rango constitucional. Es debatible si tiene que tener más objetivos que el actual. Yo creo que se debe mantener el objetivo de estabilidad de precios.

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