La cultura del reporte

Hace más de una década, cuando se instauró en Chile un sistema coordinado de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la creación de la Unidad de Análisis Financiero, había cierto escepticismo y desconfianza ante los controles a los cuales debía someterse el mundo privado y el Estado, para combatir delitos que eran complejos de detectar y sancionar.

Y ahora, hace unas semanas, este 2019 el Ministerio Público logró elevar a 167 las condenas por lavado de activos, un 59% más que el año anterior. No sólo es una tremenda noticia, sino que confirma que la conceptualización de un sistema basado en la trazabilidad de los actos financieros, en la colaboración interinstitucional -pública y privada-, el enfoque de riesgos y la mirada preventiva, está dando resultados robustos.

No sólo han aumentado las condenas, también han ido al alza el número de incorporaciones al Registro de Entidades Reportantes de la UAF (Sujetos Obligados), lo que es una muestra de que hoy no se pueden desarrollar actividades económicas relevantes en Chile sin adoptar la cultura del reporte y de la anticipación.

Más allá de las cifras, lo relevante es cómo el sistema de administración de justicia ha sabido utilizar de manera correcta e inteligente la información que emana de los reportantes. En la práctica, este mecanismo ha servido de defensa ante los ataques contra la integridad de los negocios. Corresponde a un logro no sólo jurídico, sino cultural y conductual. El reporte y la verificación de la transparencia de los activos que mueven nuestra economía es un valor que debe ser preservado y promovido.

Es especialmente relevante que se haya avanzado en incorporar -entre otros- el cohecho y el soborno al pool de delitos base de LAFT, más aún cuando la ciudadanía percibe que la corrupción es uno de los temas centrales del descontento social, ya que no se trata de "malas prácticas", sino derechamente de delitos y atentatorios contra la buena fe que guía el libre mercado. Y de las 167 condenas, 62 tienen como delito base ilícitos relacionados con la corrupción.

La labor colaborativa de organismos fiscalizadores, reguladores, persecutores, jurisdiccionales y sector privado ha demostrado que Chile hizo una buena apuesta por este sistema y cultura de la prevención que, de ser llevada al seno de cada organización, podría servir como un efectivo mecanismo anticipatorio de delitos que comprometan la integridad de nuestras organizaciones, sean públicas o privadas.