La UE quiere levantar una barrera a las empresas extranjeras que cuentan con el apoyo de sus estados

Unión Europea

Según la Comisión Europea las actuales normas de control de la inversión extranjera directa y las medidas de protección del comercio exterior no son suficientes para evitar posibles compras de activos baratos tras la pandemia.


Las empresas que cuenten con apoyo de estados extranjeros tendrán más dificultades para adquirir compañías de la Unión Europea en virtud de una propuesta del bloque, donde se están diseñando medidas más proteccionistas a medida que la pandemia empuja a la región hacia una recesión pronunciada.

Se necesitan nuevas medidas en este ámbito, según la Comisión Europea, ya que las actuales normas de control de la inversión extranjera directa y las medidas de protección del comercio exterior no son suficientes para evitar posibles compras de activos baratos tras la pandemia.

La UE teme que las subvenciones extranjeras puedan utilizarse para aumentar la cuota de mercado o para ofrecer precios más bajos que competidores europeos a fin de acceder a mercados de importancia estratégica o a infraestructuras clave.

"Estas herramientas son para todos, no pensamos en países específicos", dijo en una conferencia de prensa la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

Reino Unido someterá a un detallado análisis estos planes para determinar sus implicaciones, dijo Oliver Bretz, socio de Euclid Law, quien añadió:

"Aunque esta iniciativa parece estar dirigida principalmente a las inversiones chinas, puede haber otros efectos colaterales. (...) Los negociadores del Reino Unido probablemente están siguiendo esto muy de cerca en el contexto del Brexit, ya que las ayudas estatales constituyen una de sus líneas rojas."

Las empresas extranjeras que deseen adquirir una participación de más del 35% en una empresa de la UE con un volumen de negocios de más de 100 millones de euros (US$112 millones) tendrían que informar a la Comisión si han recibido más de 10 millones de euros en ayudas estatales.

El incumplimiento de esta obligación podría dar lugar a multas o a la anulación de los acuerdos de adquisición, mientras que los compradores podrían tener que deshacerse de activos para compensar cualquier ventaja injusta obtenida.

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