Regla fiscal: llegó el tiempo de hacer cambios

21 Julio 2017 Imagen de la Fachada del edificio del Ministerio de Hacienda en el centro de Santiago, Plaza de la Constitucion. Foto Andres Perez21 Julio 2017 Imagen de la Fachada del edificio del Ministerio de Hacienda en el centro de Santiago, Plaza de la Constitucion. Foto Andres Perez

No cabe duda de que la regla fiscal tiene espacios para ser mejorada y, si bien, los aspectos a modificar están estudiados y documentados, estos no se deben hacer a la rápida, sino mediante un proceso analítico que incluya la participación de las distintas visiones expertas sobre la materia.


En medio de las negociaciones por llegar a un acuerdo técnico y político para ir en ayuda de los más afectados por la pandemia y preparar un plan de reactivación económica, han surgido voces que llaman a modificar la regla fiscal e incluso propuestas para reemplazarla por completo. Se dice que la regla no estaría funcionando y que prueba de ello sería el rápido aumento de la deuda pública en los últimos años.

La regla fiscal ha sido muy valiosa para Chile, por lo que no es conveniente desecharla. El concepto detrás de la regla de balance estructural, que determina los espacios de gasto para un año determinado en función de parámetros de largo plazo definidos por expertos independientes, le ha restado prociclicidad al gasto público, lo cual es positivo.Además, gracias a esta regla y a los gobiernos que la cumplieron, tuvimos los recursos para responder y salir rápido de la crisis de 2009 y hoy nuevamente tenemos la capacidad para responder a las demandas sociales post 18 de octubre y a los efectos del Covid-19.

La discusión de revisar la regla y su institucionalidad no es nueva. La última revisión integral fue en 2011, cuando el gobierno convocó a un grupo transversal de economistas liderado por Vittorio Corbo, para que formulara recomendaciones, varias de las cuales fueron incorporadas en los años siguientes. El primer Consejo Fiscal creado en 2013 fue fruto de estas recomendaciones y esta iniciativa fue fortalecida a inicios del año pasado, cuando el Congreso aprobó una ley ingresada en junio de 2018 que creó el primer Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

En este debate es necesario ser preciso y no generalizar. Lo cierto es que en algunos años las metas fiscales no se han cumplido, a veces justificadamente, como en los años de crisis económica y a veces injustificadamente, sin crisis de por medio. Ese es el problema. Para que la regla funcione, independiente si es una regla de balance, de deuda, una regla dual u otra, se requiere que el gobierno que la implemente sea responsable y la cumpla.

Pero eso no es todo, la regla fiscal requiere tener cláusulas de escape, y, sobre todo, definir una trayectoria de consolidación una vez que no se cumpla la meta por razones objetivas y justificadas. Como esa consolidación puede involucrar a un gobierno distinto del que aplicó la cláusula, se necesitará un acuerdo transversal y validado por el CFA para implementarlo.

También será necesario modificar la ley de responsabilidad fiscal, para que sea compatible con un compromiso creíble con las metas de balance estructural y, eventualmente, con el objetivo de deuda que se proponga. Explicitar los objetivos en la ley, requerir una recomendación favorable del CFA a las metas definidas por el gobierno y rendición periódica de cuentas,podrían ser parte de los cambios. En lo formal, también existe una oportunidad para simplificar la regla, aumentar su transparencia y reducir la prociclicidad de los parámetros estructurales.

No cabe duda de que la regla fiscal tiene espacios para ser mejorada y, si bien, los aspectos a modificar están estudiados y documentados, estos no se deben hacer a la rápida, sino mediante un proceso analítico que incluya la participación de las distintas visiones expertas sobre la materia. A 20 años de la creación de la regla fiscal, a 10 de la última revisión integral y con una institucionalidad fortalecida gracias a la creación de un Consejo Fiscal Autónomo, los cambios deben apuntar a aumentar su eficacia y elevar los costos de incumplimientos injustificados.

-El autor es economista de Clapes UC

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