Suspendidos

La mayor crisis económica que enfrenta el mundo desde la Gran Depresión ha obligado a muchas empresas chilenas a adoptar medidas difíciles. Algunas han tenido que cerrar sus operaciones, mientras otras han tenido que recurrir al despido de trabajadores, muchas de ellas ahogadas por caídas históricas en sus ingresos.

La nueva ley de protección al empleo abrió un camino alternativo. Las empresas que enfrenten un acto de la autoridad que implique la paralización de actividades por los efectos del Covid-19 o las que de común acuerdo pacten con sus trabajadores, podrán acogerse a la suspensión temporal del contrato de trabajo, lo que permite a los trabajadores hacer uso del seguro de cesantía manteniendo el vínculo laboral, mientras las compañías siguen pagando las cotizaciones.

El Ministerio del Trabajo informó que unas 57 mil empresas manifestaron su intención de acceder al nuevo instrumento, lo que afectaría a unas 786 mil personas, que podrían pasar a la categoría de suspendidos.

Algunos han presentado reparos a esta medida. Argumentan que los trabajadores no deberían pagar la cuenta de esta crisis con sus ahorros. O que este instrumento debiera estar prohibido para las empresas grandes. Otros más suspicaces, cuestionan la voluntariedad de los acuerdos de suspensión.

Pero es bueno recordar que el fondo del seguro de cesantía ha acumulado más de US$12 mil millones y ha recibido un aporte tripartito: empleadores, trabajadores y Estado. Por cada peso que pone un trabajador con contrato indefinido al fondo, el empleador aporta 4, tres de los cuales van a la cuenta individual y uno al fondo solidario.

Adicionalmente, se pasa por alto que las alternativas son mucho peores. En caso de quiebra o de despido, los trabajadores igual deberán acceder al seguro de cesantía, pero sin vínculo laboral alguno y obligados a encontrar un nuevo empleo en medio de la peor crisis económica mundial en casi un siglo, según las proyecciones del FMI. El tamaño de la empresa de origen importa poco si el trabajador cesante se queda sin un horizonte laboral definido.

Las empresas que recurran a este instrumento, deberían inhibirse de repartir dividendos por sobre la exigencia legal o asignar bonos de desempeño a sus altos ejecutivos.

La mayoría de las críticas, sin duda, responden a la válida preocupación que genera la reducción temporal de los ingresos de miles de familias. Pero la nueva curva que tendremos que aplanar es la del desempleo. Y la herramienta de suspensión permite justamente eso: evitar que por situaciones temporales los trabajadores pierdan su empleo de manera permanente. Es precisamente esta última, la dolorosa realidad que vivieron unas 300 mil familias en marzo.

-El autor es economista